TIJUANA BC 3 DE FEBRERO DE 2026 (AFN).- El Colegio de Abogados de Tijuana A.C. impulsa diversas modificaciones orientadas a fortalecer el ejercicio profesional de la abogacía, la protección del gremio y la mejora de la relación institucional con autoridades estatales y judiciales.

Durante su sesión ordinaria, se informó que la asamblea del Colegio aprobó la solicitud para la instalación de un módulo de visitaduría de la Fiscalía General del Estado (FGE), con el objetivo de prevenir prácticas indebidas en la atención a abogados y garantizar un trato institucional adecuado.

El presidente del Colegio, Daniel Avitia Beltrán, dio a conocer que también se trabaja en la creación de un protocolo de protección para abogados que enfrenten amenazas derivadas de su ejercicio profesional, proyecto que se desarrolla de manera coordinada con otras asociaciones y autoridades estatales.

Se indicó que dicho protocolo se encuentra actualmente en etapa de redacción, a partir de reuniones sostenidas con Alfredo Álvarez Cárdenas, secretario general de Gobierno del Estado; María Elena Andrade Ramírez, fiscal general del Estado; y Leopoldo Carrillo Rodríguez, secretario de Seguridad Ciudadana, con el objetivo de avanzar hacia su formalización e implementación.

De igual forma, se presentó la postura institucional del Colegio respecto a un artículo del Código Nacional, particularmente en lo referente a la especialización en materia familiar, señalando la necesidad de que los procesos de certificación consideren la experiencia profesional y la participación de los colegios de abogados.

Se advirtió que ciertos requisitos podrían encarecer o retrasar el acceso a la justicia, por lo que este tema será abordado en próximas reuniones con el Poder Judicial.

Como parte del desarrollo de la sesión, se abordó el tema "Nuevos retos de la funcionalidad del Registro Público de la Propiedad y del Comercio en Tijuana".

De acuerdo con lo expuesto por Moisés Aldana Vázquez, delegado del Registro Público de la Propiedad y del Comercio en Tijuana, se han implementado acciones orientadas a la modernización del Registro Público, entre ellas la adecuación de instalaciones, la ampliación de módulos de atención, la optimización de procesos y el uso de herramientas de autoconsulta, con el objetivo de agilizar los trámites y mejorar la atención a usuarios y abogados.

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