TIJUANA BC 20 DE NOVIEMBRE DE 2025 (AFN).- La abogada Martha Patricia Reyes, representante legal de Cesar Eduardo Cortes, a quien identificó como el propietario legítimo del fraccionamiento Punta del Mar, negó que se haya intentado desalojar a las personas que habitan en algunas de las viviendas, asegurando que se trató de una intervención para proteger las unidades no ocupadas.

En entrevista, la abogada narró que el pasado 5 de noviembre acudieron al desarrollo inmobiliario ubicado a orillas de la carretera Tijuana - Playas de Rosarito, para asegurar las viviendas desocupadas, a fin de evitar mayores deterioros y futuras invasiones.

Al llegar, dijo, un presunto trabajador del fraccionamiento les dio acceso por la única entrada vehícular, negando que se haya forzado el portón.

Patricia Reyes afirmó que no intentaron desalojar a las personas que ocupan algunas viviendas del complejo habitacional ni ingresar a sus domicilios, no obstante que desconocen bajo qué calidad jurídica ocupan esos inmuebles.

“Estábamos ahí para resguardar el resto de las propiedades, que incluso se encuentran súper deterioradas”, detalló.

Sin embargo, indicó que un grupo de residentes, quienes ya conocían a Cesar Eduardo, reportaron la situación al número de emergencias como un presunto caso de allanamiento de morada, argumentando que ingresaron al complejo con uso de violencia.

Horas más tarde, los oficiales de seguridad regresaron al lugar tras recibir un nuevo reporte sobre un grupo de personas armadas que habría ingresado al fraccionamiento Punta del Mar, denuncia que, subrayó, fue falsa y carente de pruebas.

Agregó que los ciudadanos estuvieron acompañados por un grupo de abogados, quienes –dijo– difundieron en distintos medios de comunicación una serie de pronunciamientos en los que “acomodaron” los hechos a conveniencia, para provocar empatía en la sociedad.

Manifestó que uno de los hombres presentes, quien se identificó como Iván César, aseguró ser el apoderado del Grupo Inmobiliario de Tijuana, empresa a la que Eduardo Cortes compró el fraccionamiento en el año 2000.

Además, señaló que María Elena Tablada, quien en 2020 dejó su cargo como directora Jurídica de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno municipal de Tijuana tras detectarse irregularidades en su desempeño, acudió al lugar en calidad de representante de algunos denunciantes.

Reyes subrayó que su cliente cuenta con la documentación que acredita la propiedad del lugar, y adelantó que dichas pruebas podrían ser presentadas ante los tribunales.