MÉXICO DF 20 DE MARZO DE 2013 (lasillarota.com).- El pleno del Senado de la República aprobó, por unanimidad y sin cambios, la minuta en materia de Ley de Amparo, la cual establece que se negará la suspensión cuando se impida u obstaculice al Estado la utilización, aprovechamiento o explotación de los bienes de dominio directo referidos en el artículo 27 de la Constitución.
 
En trámite fast track, el dictamen respectivo fue turnado inmediatamente al Ejecutivo federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
 
El ordenamiento fue aprobado con 101 a favor de los grupos parlamentarios del PRI, PAN, PRD, PVEM, PT, MC y Nueva Alianza.
 
Para fundamentar el dictamen, el presidente de la Comisión de Justicia, el panista Roberto Gil Zuarth, aseguró que la nueva Ley de Amparo extiende la justicia constitucional a los derechos humanos y al interés legítimo.
 
Además, subrayó que esta ley extiende la justicia a no sólo a los derechos individuales que contempla la Carta Magna, sino a los tratados internacionales firmados por el gobierno mexicano.
 
Por su parte, la senadora del PRI, Arely Gómez González, aseveró que esta ley no tiene paternidad, ya que se tomaron en cuenta cientos de criterios constitucionales y opiniones de expertos.
 
“Se trata de la reforma más importante en la materia desde 1939, pero nuestra labor legislativa no se termina con la aprobación de esta ley, ya que tendemos que estar pendientes en su implementación”, enfatizó la priísta.
 
En su oportunidad, el senador del PRD, Benjamín Robles Montoya, aseguró que esta legislación es de gran “relevancia histórica”, ya que constituye una nueva generación de normas de protección a garantías consagradas en la Constitución, además de los derechos humanos que establecen los tratados internacionales.
 
“Es una legislación garante, propia de países progresistas. Esta ley no restringirá ningún derecho particular, colectivo o empresarial. Tenemos una ley de avanzada, digna de los mexicanos”, enfatizó el perredista oaxaqueño.
 
El proyecto avalado establece que se negará la suspensión cuando “se impida u obstaculice al Estado la utilización, aprovechamiento o explotación de los bienes de dominio directo referidos en el artículo 27 de la Constitución”.
 
Además, la reforma modifica el Artículo 129 fracción 1 de esa legislación, y puntualiza que “establecimientos de juegos con apuestas y sorteos no podrán disponer de un amparo para funcionar si no tienen las licencias correspondientes”.
 
Sin la presencia de los “cabilderos” de los sectores interesados, el dictamen también contempla modificaciones a la Fracción XI de ese artículo, que establece que “no procederá el amparo en caso de que se presente una intervención, revocación, liquidación o quiebra de entidades financieras.
 
El dictamen también destaca que esto “se justifica en beneficio del público ahorrador y sólo en una situación de crisis para salvaguardar el sistema de pagos o su estabilidad”.
 
El proyecto de decreto aprobado expide la Ley de Amparo y reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como de la Ley Reglamentaria de las fracciones primera y segunda del Artículo 105 constitucional.

También, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley Orgánica del Congreso General y de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.
 
El dictamen avalado también fortalece las facultades de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en la atención prioritaria de los asuntos que le competen, así como en el otorgamiento de atribuciones expeditas para la integración de jurisprudencia y la resolución de contradicción de criterios.