*.- Esto ha generado descontento entre algunos comunicadores
TECATE BC 15 DE JUNIO DE 2025 (AFN).- El gobierno municipal de Tecate firmó con algunos comunicadores de esa ciudad un protocolo de seguridad, mediante el cual se pretende, según se dijo, establecer reglas para "la difusión de información oficial de interés público" y garantizar la integridad de quienes cubren la noticia.
Esto ya lo han intentado sin éxito en la entidad, otros gobiernos en el pasado reciente, debido a que se presta al control de la información y a marginar a aquellos que no están de acuerdo en estar dentro de un padrón oficial.
El de referencia fue firmado el pasado lunes en esta ciudad por el presidente municipal Roman Cota Muñoz, la síndico procuradora Sarahí Osuna Arce, bajo cuya supervisión quedará el cumplimiento de lo establecido y otros funcionarios, así como por comunicadores, entre estos el radiodifusor Javier Fimbres.
El protocolo denominado de "Seguridad y Regulación de Actividades Periodísticas" contiene 15 cláusulas que se reseñan en 10 páginas.
El hecho, según lo que se pudo saber, ya generó inconformidades entre integrantes de la Asociación de Periodistas de Tecate y otros comunicadores, que estarían analizando el documento junto con integrantes de la organización Artículo 19, que atiende temas de defensa de los periodistas.
Por un primer análisis que se hizo al respecto, se comentó a la agencia que tras una revisión jurídico constitucional y de estándares internacionales, se establece que diversos apartados de este protocolo imponen requisitos administrativos que operan como filtros o controles previos al ejercicio periodístico y resultan incompatibles con los artículos 6 y 7 de la Constitución Mexicana; de la Constitución de Baja California y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Algunas de las cláusulas que preocupan son -entre otras- la décima, que establece el tema de la veracidad y derecho de réplica que exige "información veraz y objetiva", lo que representa un riesgo ya que esto quedaría a criterio de las autoridades.
También la cláusula décimo primera que habla de la credencialización obligatoria y capacitación continua, lo cual se haría a través del control previo a través del gafete que sería emitido por el municipio.
La cláusula décimo tercera que se refiere al Padrón Municipal de Acreditación se realizaría a base de datos obligatorios, lo que llevaría a riesgo de exclusión y vigilancia.
En la cláusula décimo cuarta, en la que se advierte sanción "por la información maliciosa", consideran que es un criterio subjetivo que abre la puerta a la censura o posterior autocensura.
Y la cláusula décimo quinta que establece la formación de un Comité Técnico Paritario, podría derivar, dijeron, en mecanismos de disciplina o mediación obligatoria.
Algunos de los comunicadores inconformes señalaron que el protocolo, si bien parte de un objetivo legítimo de protección, incorpora controles administrativos que según estándares nacionales e internacionales equivalen a censura previa y abuso de controles oficiales.
Advirtieron que para garantizar plena constitucionalidad se requiere convertir los elementos de registro y capacitación en medidas voluntarias y estrictamente de apoyo, además de alinear sus disposiciones con el Mecanismo Federal de Protección a Periodistas.
Durante el evento de la firma del protocolo, el alcalde señaló que con esto se busca sentar las bases para un exceso democrático de la información.
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