TIJUANA BC 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024 (AFN).- Periodistas de Tijuana denunciaron intimidación de parte del director de Comunicación Social del gobierno de Tijuana, Miguel Ángel Torres Ponce y protestaron en una carta que hizo pública el colectivo Yo Sí Soy Periodista.

El enojo de integrantes del gremio de comunicadores, se debió al hecho de que el titular de comunicación del actual gobierno, al que le quedan seis días del periodo constitucional, se debió al hecho de que Torres Ponce acusó al periodista Lauro Ortiz, director de un portal, de haber tratado de extorsionarlo supuestamente, para que le pagara por el hecho de que ubicara a la alcaldesa Monserrat Caballero Ramírez, en los primeros lugares de las encuestas que continuamente realiza. 

Torres Ponce se lanzó en contra de Ortiz, en virtud de que este publicó una nota, sobre la casa que construye Caballero Ramírez en la zona de Playas de Tijuana, afirmando que habría costado más de 16 millones de pesos. 

Torres Ponce hizo unas declaraciones este día, en las advirtió que "hasta el último momento seguirá defendiendo a la alcaldesa, de todas las difamaciones que, aseguró, se le han hecho en estos tres años" y mencionó al comunicador, refiriendo que se negó a entregarle la cantidad que solicitaba, porque "nada les pasaba" si no ubicaba a Caballero en los primeros lugares de popularidad. 

El colectivo de periodistas consideró esto como "un claro motivo de amedrentamiento hacia la libertad de expresión y una intimidación directa hacia el periodista y su medio informativo", en tanto que Artículo 19, anunció que tomará acciones para denunciar a Torres Ponce.

 También la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California, se pronunció al respecto y pidió evitar cualquier forma de ataque a la libertad de expresión, señalando que el titular, Jorge Álvaro Ochoa Orduño, reiteró la importancia de que todas las autoridades de gobierno "sean respetuosas del ejercicio periodístico, de la libertad de expresión y de la pluralidad". 

Recordó que todas las personas servidoras públicas "están obligadas a poner en marcha las medidas necesarias para la protección del ejercicio periodístico" y por lo tanto, puso a disposición del ayuntamiento de Tijuana sus programas de Educación en materia de respeto a la libertad de expresión y a las actividades informáticas.