Por: MAURICIO HIGUERA

MEXICALI BC 16 DE SEPTIEMBRE DE 2024 (AFN).- Leopoldo Tizoc Aguilar Durán, Secretario de Seguridad Ciudadana, afirmó no tener conocimiento de la denuncia ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDHBC)  presentada por policías de Mexicali adscritos a la zona sur del Valle, por irregularidades en los exámenes de control y confianza aplicados en su desempeño laboral en el que la SSBC y la (Fiscalía General del Estado (FGE) no tienen facultades para su ejecución.

El viernes 13 del mes en curso, policías municipales del Valle Sur de Mexicali presentaron una queja ante la CEDHBC por ilegalidades en los exámenes de control y confianza que se les aplicó el 9 y 10 de septiembre de 2024 ordenados por la FGE y la SSCBC pues carecen de facultades legales ya que se encuentra fuera de sus áreas de responsabilidad y la evaluación está fuera de procedimiento legal.

Aguilar Durán refirió que los agentes tienen todo el derecho de presentar las quejas que consideren pertinentes, asegurando nuevamente, que las pruebas, se aplicaron conforme a derecho.

El secretario explicó que, en próximos días, darán a conocer los resultados por parte de la FGE, y dijo que el siguiente paso será el relevo de los agentes, por lo que se hará una reunión con la alcaldesa Norma Bustamante Martínez para revisar los términos en que se realizará el proceso de renovación.

Por su parte la fiscal María Elena Andrade Ramírez, manifestó en ese sentido, que los exámenes se hicieron con total transparencia y que los agentes tienen el derecho de expresarse como mejor les convenga “los mismos agentes comentaron que son procesos que ya conocen, atendimos un llamado del Ayuntamiento de Mexicali para la aplicación de las pruebas”.

Entre los señalamientos emitidos por los uniformados ante la CEDHBC, manifestaron su permanencia más de 24 horas en la evaluación en el C3, en condiciones extremas de estrés, de agotamiento y vulnerabilidad para manipular o distorsionar los resultados. Se les coaccionó para firmar documentos de acceder a la evaluación "de forma voluntaria", en un ambiente de amenazas

También, se quejaron, que no tuvieron un trato digno y respetuoso de sus derechos fundamentales, sin proporcionarles alimento, medicamentos negando el permiso de abandonar las instalaciones para adquirirlos, además de que no descansaron ni durmieron, recibiendo una interrogación de forma incriminatoria, de tortura psicológica porque ya que aseguran, los evaluadores sostenían que tenían investigaciones en su contra, videos y fotografías que los ligaban a la delincuencia organizada.