Columnista: La Silla Rota
Por: RODOLFO ACEVES JIMÉNEZ

MÉXICO DF 9 DE AGOSTO DE 2015 (La silla Rota).-El próximo martes 11 de julio se cumplirá el primer mes de la nueva fuga de Joaquín El Chapo Guzmán, de una cárcel mexicana de máxima seguridad, con un sin fin de hipótesis sobre la forma, que van desde la complicidad de las autoridades, así como una serie de hipótesis tácticas operativas, que lograron su cometido.
 
Hasta el momento hay siete custodios del penal consignados y sospechosamente ningún mando medio o superior, cuando es notorio que tuvo que haber participado la corrupción en distintos niveles del sistema carcelario mexicano. Sólo el ex Jefe de la División de Inteligencia de la Policía Federal, Ramón Pequeño, fue removido de ese cargo y colocado como director de la Policía Científica de la misma dependencia federal, en una simulación mediática.
 
Pero al interior del sistema penitenciario mexicano, -conformado por los centros penitenciarios del ámbito federal y local-, ha fallado en su función de evitar que algunos internos continúen delinquiendo. Existe sobrepoblación, insuficiencia de personal de seguridad y custodia, carencia de manuales de procedimientos para el uso de la fuerza y falta de control de personal, que garantice la seguridad y evitar fugas, según se desprende de la exposición de motivos del Programa Nacional de Seguridad Pública 2014-2018.
 
La sobrepoblación en centros penitenciarios es casi de una cuarta parte de su población normal y a un año de entrar en vigor el nuevo Sistema de Justicia Penal, cuando en todo el país se producen unos 22 millones de delitos y solamente 130 mil de ellos aproximadamente causan sentencia. ¡Terrible!
 
Parece que las investigaciones no se han extendido más que al primer círculo de seguridad del capo, omitiendo por cualquier motivo, seguir la cadena de mando.
 
Más allá de estas investigaciones se encuentra la responsabilidad política del gobierno mexicano, ante el gobierno norteamericano y sus agencias de seguridad, como copartícipes en el intercambio de inteligencia que facilitó la reaprehensión del citado delincuente en Febrero de 2014.
 
Esto sienta un mal precedente del gobierno mexicano, toda vez que hasta la redacción de esta columna, no había la certeza del nombramiento del embajador mexicano en Washington, más que un rumor que señala a Miguel Basañez, colaborador de Alfredo Del Mazo, en su administración como gobernador del Estado de México, así como una declaración temeraria del recién designado subsecretario de Relaciones Exteriores, Carlos Pérez Verdía, afirmando inocentemente que la fuga del capo no afectaría la relación con el vecino país del norte.
 
No es posible que no exista molestia o enojo del gobierno norteamericano, cuando no hay ni siquiera una autoridad política mexicana de alto nivel en la capital norteamericana, que dé las explicaciones suficientes y necesarias hasta satisfacer las dudas de las agencias de seguridad que colaboraron en la captura hace más de un año.
 
Esto significa que nuevamente el gobierno mexicano deberá pedir el apoyo a las agencias norteamericanas para la recaptura, por tal motivo, según las nuevas investigaciones de las DEA afirma que Guzmán Loera pudiera estar en Sinaloa.
 
No sólo eso. Podrían reafirmar para las agencias norteamericanas que, según los cables Wikileaks, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) “carece de la capacidad para dirigir con efectividad el proceso (de inteligencia) entre dependencias, particularmente cuando se incluye a gigantes institucionales como la SSPF […] La incapacidad del CISEN para funcionar hasta ahora como un líder real en las operaciones de inteligencia y análisis, ha dejado a México sin un coordinador intergubernamental efectivo”.
 
No es un tema de buena relación. Es un tema de confianza mutua, en el que las autoridades mexicanas parece que no ponen lo que corresponde a su parte, para establecer niveles de seguridad.
 
Prueba de ello es que hasta un par de semanas después de fugarse, es que la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de la PGR hayan comenzado a participar con sus oficios por ley, para ubicar cuentas bancarias y demás recursos, entre financieros o de bienes inmuebles, que menoscaben la capacidad operativa de la organización de Guzmán Loera.
 
Mientras tanto, de manera coyuntural y por suerte, la clase política se encuentra inmersa en la elección de las dirigencias de sus partidos políticos, lugar al que prefiere voltear por ahora, que reconocer que la impunidad y la corrupción medró y se enquistó en los subsistemas de seguridad y político, que para donde apunten los señalamientos de las investigaciones, se abre alguna rendija o puerta, por donde escurren y escurren intereses ajenos al servicio público integrados a la corrupción, dañina para el país.

Esta columna no refleja la opinión de Agencia Fronteriza de Noticias, sino que corresponde al punto de vista y libre 

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