Columnista de la SillaRota:  RICARDO MEJÍA

 

Esta es la historia reciente. El 18 de junio 2013 Enrique Peña Nieto anunció desde Reino Unido que presentaría una iniciativa de reforma energética para modernizar a Pemex a través de la participación de capital privado y reiteró que la paraestatal no sería privatizada.

 

En aquella entrevista con el diario Financial Times dijo que la propuesta sería presentada en “dos o tres meses”, explicando en posterior conferencia, que la mayoría de los partidos ( lo del Pacto desde luego) y el gobierno coincidían en la necesidad de modernizar Pemex con apoyo del sector privado; afirmó que se realizarían "los cambios constitucionales necesarios para darle certeza a los inversionistas privados", así fue.

 

El 22 de agosto de 2013, The Washington Post señaló en su editorial que "el presidente Enrique Peña Nieto propuso su propia lista de los cambios la semana pasada, la alteración de la Constitución para levantar algunas de las restricciones a la producción petrolera mexicana parece políticamente factible. Esa es la buena noticia". Abundaba en las características de los contratos y la negociación al interior del PRIAN.

 

Sin embargo, el diario hizo una crítica relativa a que los cambios, hasta ese entonces, se centraban demasiado en la inversión privada. "Las empresas extranjeras pueden aportar conocimientos técnicos y, fundamentalmente, dinero en efectivo para proyectos de Pemex en aguas profundas o en formaciones de la roca de esquisto. A cambio, podrían obtener una parte de los beneficios".

 

Éstas podrían parecer dos excepciones en las que asuntos de interés nacional son dados a conocer en el extranjero; sin embargo, parece ser que esta es la regla general durante el sexenio actual.

 

Desde las primeras horas del sábado 22 de febrero del presente año, la agencia Associated Press dio a conocer la noticia que aseguraba que el capo, Joaquín “El Chapo” Guzmán, había sido detenido en la ciudad de Mazatlán.

 

A partir de ese momento, los medios nacionales comenzaron a realizar una cobertura especial, desde sus diferentes fuentes y cadenas, recuperando para los televidentes o radioescuchas los orígenes y trayectoria de Guzmán Loera, mientras se confirmaba oficialmente su captura.

 

Fue hasta la tarde de ese día que Enrique Peña Nieto confirmara este hecho a través de su cuenta oficial de Twitter, agregando en un segundo mensaje que el gobierno federal trabaja para lograr un "México en paz.”

 

De igual manera, los casos de corrupción y fraudes en créditos bancarios en Citigroup-Banamex vinculados con Oceanografia y Evya, ambas empresas contratistas privilegiadas de PEMEX, fueron dados a conocer en Estados Unidos; lo mismo el soborno de Hewlett- Packard a intermediarios de la empresa petrolera estatal.

 

Hasta ahora pareciera que las noticias relevantes que en cierta forma tienen relación con grupos, intereses internacionales o gobiernos de otros países han sido dadas a conocer  en el extranjero y difundido primeramente por los medios foráneos, dejando de lado en absoluto a los medios nacionales, lo cual no puede ser considerado como una mera casualidad, pues los anuncios más importantes que se han hecho en este sexenio provienen del extranjero, dadas las complicidades y el encubrimiento de la camarilla prianista en el poder.

 

Los medios de comunicación en México actualmente enfrentan dos grandes retos: el primero de ellos es el relativo a las leyes secundarias en materia de telecomunicaciones, que lejos de respetar el espíritu de la de por sí deficiente reforma constitucional, da un retroceso a los pocos avances que se habían obtenido afectándolos gravemente. El segundo, las constantes agresiones y actos de violencia efectuados contra periodistas y medios de comunicación, con un Mecanismo para la Defensa de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas acéfalo e inoperante.

 

Durante el sexenio de Felipe Calderón, la mayoría de los medios de comunicación daban a conocer las cifras de mortandad y violencia generadas como consecuencia de la denominada “Guerra contra el Narcotráfico”; sin embargo, a partir de la llegada de Enrique Peña Nieto, son pocos los medios , a nivel nacional, que dan seguimiento puntual a estas cifras y a esta información, a pesar de que la violencia en México sigue en crecimiento y, según datos oficiales, el gobierno de Enrique Peña Nieto superó en los primeros tres meses del 2013 al de Felipe Calderón en el número de homicidios dolosos cometidos en promedio cada mes.

 

Esta ausencia, por supuesto, no es resultado de una falta de interés de los medios de comunicación, por el contrario,  si sumamos este silencio mediático a los casos narrados al inicio de estas líneas, pareciera más un interés gubernamental por mantener ciertos temas controlados, liberando otros bajo circunstancias controladas, mientras los medios independientes y comunitarios luchan constantemente por mantener una editorial diferente y abierta, o luchando incluso por defender su derecho a operar y transmitir.

 

Por otro lado, en su informe anual 2013, la organización Artículo 19 informó que durante 2013 se registraron y documentaron un total de 330 agresiones de todo tipo contra periodistas, trabajadores de prensa e instalaciones de medios de comunicación en México. Este ha sido el año con más agresiones documentadas desde 2007 con un dato claro y perturbador: en los casos donde se identificó al perpetrador, 6 de cada 10 periodistas fueron agredidos por parte de un funcionario público.

 

En un país en donde se agrede a un periodista cada 26.5 horas, la libertad de prensa y el ejercicio libre de tan noble profesión se ve supeditado por la necesidad de defender los derechos a la libertad y a la vida

 

En este contexto, Lía limón, subsecretaria de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), admitió ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que existen retos para fortalecer el Mecanismo de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos; sin embargo, la problemática es mucho más profunda.

 

La renuncia del Coordinador Ejecutivo Nacional del Mecanismo y la separación de cuatro funcionarios responsables de la operación del mismo pone en evidencia graves fallas por parte de la funcionaria, pues se le acusa de amenazas, abusos, discriminación, maltrato, hostigamiento y acoso laboral.

 

Por estas razones, hoy el Mecanismo se encuentra limitado en su estructura orgánica y no tiene un responsable operativo, además de que los perfiles de las personas propuestas para integrar las Unidades Auxiliares no fueron aprobadas por la Junta de Gobierno previamente a su designación, lo que contraviene la ley y vulnera objetivamente la posibilidad de que la Subsecretaría cumpla adecuadamente las funciones que se le han asignado en la operación del Mecanismo.

 

Estos hechos generan un grave problema para el Mecanismo, pues la actual inestabilidad de la estructura administrativa afecta la integridad de personas peticionarias y beneficiarias, por lo que las medidas de protección para periodistas y defensores simplemente  podrían fallar o detenerse.

 

Como podemos ver, el panorama para los medios de comunicación y los periodistas en México no es nada alentador, pues el Estado ha sido negligente en generar condiciones igualitarias entre los medios que incluya la competencia efectiva, mientras se continúa dejando en el desamparo a los medios y periodistas que dedican su día a día a lograr que el derecho a la información sea una realidad.

 

Ante esta situación, la Cámara de Diputados tiene una gran responsabilidad, pues al recibir las leyes secundarias en materia de telecomunicaciones, seremos el último filtro que defienda los pocos, pero significativos avances de la reforma constitucional en esta materia y mientras tanto, no podemos dejar de lado la lucha hombro a hombro por y los derechos de periodistas y medios de comunicación, a fin de lograr la efectiva reactivación del Mecanismo creado para su protección.   

 

@RicardoMeb