Columnista de La Silla Rota:   LuisFarías Mackey

 

Entendido éste no como simple espacio territorial, sino como ámbito de vida del 22% de nuestra población, que demanda no sólo una vida digna, sino, además, respeto a su estilo de vida, idiosincrasias y trabajo.

 

Peña Nieto convoca a ello a 22 años de las reformas al 27 constitucional que pusieron fin al reparto agrario. Se dijo entonces que la certeza jurídica sería la barita mágica para llevar inversión y desarrollo al campo.

 

Hoy sabemos en carne propia que la sabiduría y las leyes del mercado no son suficientes para hacer productivo y competitivo al campo, como tampoco lo fueron el paternalismo y clientelismo agrarios.

 

La inversión no sólo no llegó, sino que se redujo a niveles inapreciables; el Estado simplemente se ausentó y desentendió del campo; el crédito le es tan ajeno como el agua a la luna; la independencia de los ejidatarios devino en sometimiento a las fuerzas sin rostro del mercado, aunque con nombres y apellidos.

 

No sólo desmantelamos nuestro aparato productivo, sino que lanzamos a la pobreza, migración y delincuencia a grandes franjas de nuestra población rural.

 

Es por ello que Peña Nieto ha convocado a una verdadera inflexión en el campo mexicano. Si se me permite, el campo demanda más que eso, exige una verdadera revolución. Revolución que implique a todos: a los economistas, para que renuncien a sus dogmas neoliberales; a los agraristas, para que no piensen solo en la tenencia de la tierra, sino en una tenencia productiva de frutos y de vida digna, para que dejen de ver en los ejidatarios a menores de edad puestos bajo su tutela, para que liberen al campo y al campesino de sus redes de corrupción. A la banca, para que cumpla con su misión social y arriesgue en proyectos de largo aliento en el campo; a los políticos, para que dejen de ver en los hombres y mujeres del campo votos verdes; a los especuladores de la tierra social, para que sepan que su agio tarde o temprano será socialmente condenado y legalmente sancionado.

 

El Estado mismo debe de cambiar su paradigma del campo, de suerte de que todas las políticas públicas se integren y coordinen en una sola y gran política agroalimentaria.

 

El llamado del Presidente no es para fortalecer centrales agrarias, pero tampoco dependencias públicas, ni para pelear el control de mayores presupuestos o competencias. Es una llamado, quizás último en oportunidad, para desactivar posibles explosiones sociales que silenciosamente larvan en el olvido social y gubernamental, y la injusticia de la sociedad organizada para con nuestros campesinos.

 

No creo, sinceramente, que sea materia de grandes cambios legislativos, ni de discusiones constitucionales o doctrinarias, sino de voluntad política, visión de Estado, coordinación de esfuerzos, efectividad y honestidad gubernativa.

 

El planteamiento presidencial parte de revisar políticas públicas, inconexas, autistas, impracticables y corruptas. Recursos hay, pero o no llegan, o llegan a unos cuantos. Programas hay, pero es más fácil ganar un Oscar que bajar recursos de ellos. Autoridades existen, pero, o son paternalistas y quieren ser más zapatistas que Zapata, o son venales.

 

La reordenación y reorientación de las políticas públicas del campo debe generar una visión integral del fenómeno y una coordinación interinstitucional que baje con honestidad, eficacia y respeto a nuestro campesinado.

 

Todo ello requerirá lo segundo que solicita el Presidente, un ajuste preciso del marco jurídico, pero no para reinventar el campo o para sacar del closet al viejo y obtuso agrarismo mexicano; tampoco para acabar con la propiedad social y volver a concentrar en unas cuantas manos el territorio nacional, sino para acompasar a las políticas públicas que, al igual que los ajustes al marco legal, deben tener por doble propósito incrementar la productividad y generar una vida digna de nuestros hombre y mujeres del campo.

 

Todo ello, sin embargo, debe partir de ver y respetar a nuestro campesinado. El primer paso de la reforma profunda del campo es voltear a ver a los sujetos de ella, a sus circunstancias, a sus dolencias, a sus posibilidades, a su dignidad. Ellos, por su parte, tendrán que asumirse como sujetos corresponsales de la reforma y no como objeto de limosnas asistencialistas.

 

El cambio de paradigma, implica, por tanto, que el hombre y la mujer del campo se asuman como mayores de edad y responsables primigenios de su destino, y gobierno y sociedad saldemos nuestra deuda histórica con ellos.

 

Twitter: @LUISFARIASM