Juan Manuel Salazar Pimentel
Se cumplen dos años de que allá en Oslo y en la isla de Utoya, ocurrió la masacre en la que setenta y siete personas fueron víctimas de una mente desquiciada por el fanatismo y el extremismo. El pueblo noruego se duele por sus víctimas, en cuyo recuerdo, su gobierno encabeza actos solemnes.
Esto me provoca una reflexión en torno a otros hechos en los que la fuerza despótica del poder público, y a veces el fanatismo, han irrigado nuestro suelo con sangre de mexicanos inocentes. Recordamos algunos de esos hechos, y consideramos mártires a las personas que en ellos perdieron la vida. La matanza de Tlatelolco, la del Jueves de Corpus, la de Aguas Blancas, la de Acteal, son algunas de las que han quedado en la conciencia colectiva, y que en la historia reciente de México han motivado procesos de investigación y hasta instancias judiciales, obteniendo incluso resoluciones definitivas de condena. Oficialmente o de hecho, algunos de esos sucesos han sido ya incluidos en el calendario cívico del país, y anualmente se celebran ceremonias en recuerdo de las víctimas y de las causas por las que lucharon.
Pero en la historia de México han ocurrido otros hechos en los que la gente fue masacrada por cuenta del poder público, y a causa de sus creencias políticas, y que también merecen ser recordadas con solemnidad y respeto, pues ellas también cubrieron con su sangre el sendero que nos condujo a la democracia de la que hoy todos nos gloriamos.
El 13 de junio de 1959, en Mexicali se celebró un mitin convocado por el Partido Acción Nacional. El periodista Carlos Ortega, informa en su libro “Democracia dirigida con ametralladoras. Baja California 1958-1960”, que entre los asistentes se habían infiltrado agentes policiacos, y entre ellos, uno que intentó disparar su arma contra el candidato a gobernador Salvador Rosas Magallón, lo cual fue impedido por ciudadanos que advirtieron las funestas intenciones del gatillero; pero luego, cuando el mitin terminó, y mientras la multitud inocente se dispersaba, un grupo de aproximadamente doscientos policías que llevaban ametralladoras, escopetas y otras armas, abrieron fuego a mansalva, alcanzando con sus balas a niños, mujeres y hombres, por igual. Una treintena de heridos y varias personas muertas quedaron tendidas sobre la calle. Los cuerpos de los fallecidos fueron desaparecidos por la propia policía, y los heridos no pudieron ser ingresados a los hospitales públicos, que recibieron la orden de no admitirlos.
En Tijuana, el 8 de noviembre de 1959, los panistas se organizaron en columnas para desfilar por las calles de la ciudad, con el fin de protestar contra el robo de votos y el fraude electoral que habían culminado con la imposición de un gobernador que el pueblo no había elegido. Administrativamente y sin fundamento legal válido, las autoridades habían prohibido las manifestaciones de los panistas, y encarcelaban a todos los que se reunieran en grupos de tres o más personas.
El insigne profesor Zeferino Sánchez Hidalgo, por aquellos días dirigente del comité distrital de Tijuana, encabezó la columna de panistas que procedentes de la colonia Alemán, avanzaban por la calle Segunda rumbo a la avenida Constitución, donde habría un mitin frente al Palacio Municipal, sitio en el cual se unirían todos los grupos de panistas que marchaban desde distintos puntos de la ciudad.
La policía auxiliar de Tijuana, interceptó a los manifestantes en el crucero de la calle Segunda y la avenida H, arrebató a Sánchez Hidalgo la Bandera Nacional, pisoteándola y haciéndola jirones, y, ante las cámaras de la televisión sandieguina que cubrían el acto, atacó despiadadamente a los hombres y mujeres panistas, entre los que hubo heridos de bala, fracturados y lesionados de gravedad, que tampoco fueron atendidos en los hospitales públicos, que igualmente se vieron impedidos para conceder su admisión. Muchos manifestantes, entre ellos el dirigente distrital, fueron apresados, acusándolos de haber agredido a los agentes policíacos.
De esas masacres ocurridas en Mexicali y Tijuana, en 1959, no hubo proceso ni sentencias justicieras; los delitos cometidos por los hombres del poder público y sus agentes, han quedado para siempre impunes.
Pero si el gobierno noruego y su pueblo recuerdan doloridos a sus víctimas que cayeron a causa del fanatismo y el extremismo, y si entre nosotros recordamos a nuestros estudiantes del ’68 y del ’71, y a nuestros indígenas de Chiapas y Guerrero, no acierto a comprender por qué hemos dejado en el olvido a nuestros bajacalifornianos que sufrieron y que perdieron la vida para facilitarnos el acceso a la democracia. Por mi parte, reservo para todos ellos un lugar en mi conciencia y en mi corazón.
