LA BUFADORA
El Mosquito
CUCHILLITO DE PALO
¿Si las llamadas “benditas redes sociales” son propiedad de empresarios extranjeros, eso implica que su operación en México es una forma de injerencia externa?
ENSENADA BC 1 DE JUNIO DE 2026.- La denuncia penal por violencia política contra las mujeres en razón de género, promovida por la jueza Nancy Ávila Ruiz -del Poder Judicial de Baja California- contra los periodistas Jorge Heras, Eduardo Villa y Rubén Gómez, así como contra el analista jurídico Elías Flores Gallegos, se ha convertido en una estrategia recurrente para intentar blindarse del escrutinio público cuando se trata de información relacionada con la trayectoria de una persona que aspira o ejerce un cargo de relevancia para la sociedad.
El origen del conflicto no radica en información privada ni en rumores difundidos en redes sociales, por los comunicadores retomaron y comentaron antecedentes contenidos en expedientes y denuncias que habían sido hechos públicos previamente y que involucraban a Ávila Ruiz.
Entre los señalamientos difundidos figuran denuncias por lesiones, allanamiento de morada, abuso de autoridad y ultrajes, registradas en distintos expedientes entre 2010 y 2021, antecedentes que cobraron relevancia pública debido a que la abogada participó y resultó electa en la elección judicial de 2025.
Sin embargo, la respuesta de la juzgadora fue recurrir a la vía penal bajo el argumento de violencia política contra las mujeres en razón de género; y como resultado, los periodistas y el analista fueron citados a comparecer como imputados el próximo 5 de agosto.
Los colegas acusados consideran que la denuncia constituye un intento de silenciar voces críticas; en su posicionamiento señalaron que se trata de “una treta judicial para acallarnos y hacer añicos derechos y libertades, entre ellos el de la sociedad a estar informada y el de expresión”.
Por tanto, este caso plantea una pregunta: ¿debe ser objeto de sanción la difusión de antecedentes y denuncias relacionadas con personas que aspiran o ejercen cargos públicos de alta responsabilidad?
La respuesta parecería evidente en cualquier sistema democrático, toda vez que quienes buscan administrar justicia, gobernar o representar a la ciudadanía están sujetos a un mayor nivel de escrutinio público, y porque la sociedad tiene derecho a conocer los antecedentes, controversias y cuestionamientos que rodean a quienes toman decisiones desde el poder.
Así que judicializar el trabajo periodístico es un mensaje de intimidación no sólo a quienes publicaron la información, sino para cualquier comunicador que pretenda investigar o cuestionar a figuras con poder político, judicial o económico.
Los servidores públicos -hombres o mujeres- pueden exigir respeto a sus derechos, pero también deben aceptar que ventilar su trayectoria forma parte del precio al ejercer un cargo público.
UN ÉXITO
Entre tantos eventos que nacen con bombo y platillo para desaparecer al año siguiente, Totoaba Fest dejó una impresión distinta, porque no fue sólo una muestra gastronómica ni una exhibición de productos acuícolas.
Lo que ocurrió en el Hotel Coral & Marina el viernes pasado fue, en realidad, la presentación de una idea de desarrollo regional.
El principal mérito corresponde a Gilberto Bayón Bojórquez, presidente de la Asociación de Acuacultores de Totoaba del Golfo de Baja California A.C., quien comprendió que la totoaba no podía seguir siendo un tema de investigadores, productores o especialistas, sino que había que sacarla de los laboratorios y de las granjas acuícolas para convertirla en un emblema de identidad regional y desarrollo económico.
Y esta apuesta resultó acertada, porque alrededor de una sola especie convergieron productores, chefs, estudiantes, empresarios, académicos y funcionarios públicos.
La presencia del doctor Conal David True, investigador de la UABC y uno de los principales impulsores de los programas de repoblación de totoaba en el Golfo de California durante más de dos décadas, aportó el sustento científico que da legitimidad al proyecto.
También fue relevante la participación de la Universidad Vizcaya y de los estudiantes de gastronomía.
Baja California, y el municipio de Ensenada en lo particular, construyó durante décadas un prestigio internacional con base en sus vinos y gastronomía y ahora la totoaba aparece como un nuevo activo capaz de vincular ciencia, innovación, sostenibilidad y alta cocina.
No sería extraño que, después de esta primera edición, las autoridades turísticas estatales y federales comiencen a observar el potencial de Totoaba Fest como un evento ancla para la promoción del noroeste mexicano, puesto que tiene todos los atractivos que hoy buscan los mercados turísticos del mundo.
Si los organizadores logran consolidarlo y evitar que se convierta en un simple escaparate comercial, Ensenada podría estar presenciando el nacimiento de un evento con capacidad de trascender fronteras y posicionarse como referencia nacional de economía azul y conservación marina.
Por lo pronto, la primera prueba fue superada. Y con creces.
Esta columna no refleja la opinión de Agencia Fronteriza de Noticias, sino que corresponde al punto de vista y libre expresión del autor.
