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¿Por qué no se ha invertido en adquirir una aeronave equipada para combatir incendios como el registrado el jueves pasado en la mancha urbana de Ensenada?
ENSENADA BC 15 DE MAYO DE 2026.-La captura y entrega de Gerardo Mérida Sánchez, ex secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, así como la supuesta detención en Europa de Enrique Díaz, ex secretario de Finanzas cercano al entorno político del gobernador con licencia de esa entidad, Rubén Rocha Moya, confirman que el gobierno de Estados Unidos ya no se conforma con la extradición de capos del narcotráfico, sino que va por los políticos y funcionarios públicos coludidos con la delincuencia organizada.
Gerardo Mérida Sánchez, general retirado y secretario de Seguridad de Sinaloa entre septiembre de 2023 y diciembre de 2024, fue detenido el 11 de mayo de 2026 tras entregarse a autoridades estadounidenses por la garita de Nogales, Arizona.
Posteriormente fue trasladado a Tucson y después al Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, Nueva York, donde enfrenta cargos federales por conspiración para importar narcóticos, posesión de ametralladoras y artefactos destructivos, dentro del expediente criminal radicado en la Corte del Distrito Sur de Nueva York.
Por otra parte, Enrique Díaz, identificado como ex secretario de Finanzas y operador financiero cercano al círculo político de Rubén Rocha Moya, habría sido detenido en un consulado de Estados Unidos en Europa -con versiones que ubican el hecho en Italia o Irlanda- y posteriormente trasladado también a Nueva York para enfrentar acusaciones relacionadas con operaciones financieras presuntamente vinculadas al narcotráfico.
Durante décadas, la prioridad fue perseguir a los líderes criminales, pero ahora, las investigaciones estadounidenses apuntan directamente a funcionarios, operadores políticos y presuntas redes de protección gubernamental vinculadas al crimen organizado.
Las consecuencias políticas de estos hechos en nuestro país son difíciles de evaluar en este momento, porque mañana pueden registrarse más acciones similares, pero de entrada aumenta la presión sobre el entorno de Rocha Moya, cuyo gobierno está bajo el escrutinio internacional.
Además, comienza a crecer la percepción de que ya no existe protección absoluta para funcionarios señalados por vínculos con el narcotráfico.
También se anticipa un deterioro en la relación bilateral en materia de soberanía y seguridad; lo ocurrido con Mérida Sánchez y con Enrique Díaz podría ser apenas el inicio de una etapa mucho más agresiva por parte de Estados Unidos contra lo que ellos llaman la narcopolítica mexicana. Y todavía falta por saber si son declarados testigos colaboradores.
En los próximos meses podrían intensificarse las cancelaciones de visas, bloqueos financieros, investigaciones federales y órdenes de captura contra funcionarios y ex funcionarios presuntamente relacionados con organizaciones criminales.
Advierten a anticipados
La dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, lanzó una advertencia directa a quienes buscan candidaturas rumbo a las elecciones de 2027, en el sentido de que no habrá tolerancia para los actos anticipados de campaña ni para los excesos que contradigan el discurso de austeridad que el partido presume como uno de sus principales principios.
Montiel reveló que instruyó a la comisión nacional de honestidad y justicia a “ser más proactivos” y mantenerse vigilantes del comportamiento de los llamados coordinadores y de todos aquellos representantes populares o funcionarios vinculados con Morena.
“Les he pedido que estén muy cerca del proceso de los coordinadores para que tengamos buenos resultados y lleguemos a buen puerto”, afirmó.
Esta declaración alude a los morenistas que desde hace meses comenzaron a posicionarse mediante bardas, promoción territorial y actos públicos que, aunque no son reconocidos oficialmente como campaña, sí evidencian una competencia adelantada por las gubernaturas y alcaldías.
Además, la dirigencia guinda también busca contener los costos políticos derivados de conductas consideradas ostentosas o alejadas de la narrativa de austeridad republicana.
Al respecto, Montiel confirmó que la comisión abrió un procedimiento de oficio contra el alcalde de Chignahuapan, Puebla, Juan Rivera, tras la polémica por la fiesta de 15 años de su hija celebrada en una hacienda de lujo.
“Vamos a ser muy claros con nuestros compañeros que no es esa la ruta y debemos mantenernos en la austeridad, en la honestidad, y a lo nuestro, con la gente”, advirtió la líder morenista.
Y aunque afirmó que los aspirantes “no tienen espectaculares”, la realidad muestra una creciente presencia de propaganda personalizada en bardas y espacios públicos, fenómeno que refleja la intensidad de la disputa interna de Morena rumbo a 2027.
Es evidente que el principal reto de Morena no parece ser la oposición, sino el efecto Trump y contener las pugnas, ambiciones y excesos de sus propios militantes.
INE limitado
Aunque las dirigencias de los partidos políticos se niegan a reconocerlo, cada vez es más grande la brecha entre la fiscalización electoral y la capacidad real del Estado y el INE para rastrear el dinero ilícito en las campañas.
El consejero del Instituto Nacional Electoral, Arturo Castillo, aceptó sin rodeos las limitaciones del modelo actual, porque la autoridad electoral podrá revisar reportes de ingresos y gastos, pero no tiene las herramientas para ir más allá del papel.
“No podemos saber si esa persona está aportando dinero del crimen organizado o de lavado de dinero”, sostuvo.
El INE puede verificar consistencia contable, pero no tiene facultades de investigación criminal ni acceso directo a redes financieras ilícitas, y cuando aparecen señales de alerta el procedimiento se agota en dar “vista” a otras autoridades.
En ese punto entra la responsabilidad de instituciones como la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, la Unidad de Inteligencia Financiera y el Servicio de Administración Tributaria, sin embargo, el propio consejero admite que el seguimiento posterior es una zona gris, dado que el INE envía alertas, pero no siempre recibe respuesta ni resultados de investigación.
Así que la falta de cambios para fortalecer la detección del financiamiento ilegal deja al árbitro electoral con una función principalmente preventiva y administrativa, mientras el origen real de los recursos queda fuera de su alcance.
Esta columna no refleja la opinión de Agencia Fronteriza de Noticias, sino que corresponde al punto de vista y libre expresión del autor.
