LA BUFADORA
El Mosquito
Cuchillito de palo
¿Y dónde están los ciudadanos que desean contender por los partidos de oposición en el 2027?
ENSENADA BC 22 DE ABRIL DE 2026.- La tenencia de la tierra en el municipio de San Quintín es un tema que ya no admite más improvisaciones, especialmente en el ámbito jurídico, porque la regularización sigue siendo el gran pendiente que condiciona todo lo demás, desde los servicios básicos hasta la inversión, la planeación urbana y la certeza patrimonial de las familias.
Resulta preocupante que, en decisiones recientes, algunos regidores de esa nueva demarcación municipal evidencien un grave desconocimiento sobre los procesos legales necesarios para destrabar estos asuntos.
Este no es un tema político, es un tema legal, pues cuando se vota en contra de avanzar en una resolución urgente -aunque sea para turnarla a comisiones y darle el debido cauce- lo que realmente se frena no es a la administración en turno, sino a todo un municipio que continúa operando con limitaciones históricas.
Recientemente, la propia presidenta del país, Claudia Sheinbaum, reconoció en su más reciente visita al sur de Baja California, que es necesario una reasignación presupuestal que no implicaba solicitar recursos adicionales, sino simplemente ajustar los existentes para atender prioridades inmediatas.
Aun así, la propuesta quedó atrapada en la dinámica de siempre, que es la grilla por encima del fondo.
Es momento de que el Cabildo de San Quintín entienda que no todo puede reducirse al cálculo político.
Hay decisiones que exigen conocimiento, responsabilidad y, sobre todo, sentido de urgencia.
Mientras tanto, San Quintín sigue esperando lo más básico porque los integrantes de su Cabildo se ahogan en grillas bastante domésticas.
Quieren más
Tal y como lo informamos ayer en este espacio, se confirmó que el senador Manuel Velasco, jefe de la bancada del Verde Ecologista, solicitó a Citlalli Hernández, recién designada responsable de la comisión nacional de elecciones de Morena, acepte a los cuadros del tucán para participar en las encuestas que definirán a los candidatos.
En 2024 el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), supuestamente llevaba mano para la alcaldía de Tijuana en la figura del ex boxeador Erick “El Terrible” Morales, pero habrá que esperar si se repite la historia de pintar de verde a uno que otro guinda.
“Lo que nosotros queremos es que se les permita a los compañeros (del Verde) participar en la encuesta y, si ganan la encuesta, que puedan encabezar la candidatura de la coalición; y si no, pues evidentemente que la encabece quien gane la encuesta.
Entonces, ese es el método que se ha establecido, el de las encuestas, y nosotros estamos dispuestos a sujetarnos a las encuestas”, aclaró.
Optimista, Velasco aseguró que los tres partidos irán juntos “en el proceso federal del año del 2027”, inclusive en la elección de gobernador de San Luis Potosí, donde el partido del tucán tiene amplias posibilidades de retener el poder en la persona de la senadora Ruth González, esposa del gobernador Ricardo Gallardo.
“Y que quede claro, nosotros no estamos pidiendo una posición en específico. Lo que queremos es que se les permita a los compañeros participar en la encuesta y, si ganan la encuesta, que puedan encabezar la candidatura de la coalición. Yo creo que la llegada de Citlalli es garantía de que la alianza va a continuar”, indicó.
¡Apenas se dieron cuenta!
Diputados de Morena presentaron una iniciativa para recorrer la próxima elección judicial a junio de 2028, tras reconocer que la concurrencia de este proceso con los procesos electorales de naturaleza política genera riesgos institucionales.
La propuesta suscrita por el vicecoordinador de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar y sus compañeros de bancada Olga Sánchez Cordero, Mariana Benítez y Alfredo Vázquez, modifica los artículos 74, 94, 95, 97, 97, 98, 99, 100, 116 y 122 de la Constitución.
Lo anterior con el objetivo de evitar la concurrencia de las elecciones judiciales con los procesos electorales políticos a fin de garantizar mayor deliberación pública, proteger la independencia judicial y permitir una organización electoral más ordenada y robusta.
“Un segundo elemento es que la eventual concurrencia de elecciones judiciales con procesos electorales de naturaleza política genera riesgos institucionales. Entre los que se destacan, una menor deliberación pública sobre perfiles técnicos; saturación informativa para el electorado; incremento del voto desinformado; politización de candidaturas judiciales; y presión operativa y financiera sobre la autoridad electoral”, se indica en el texto.
La iniciativa propone recorrer la próxima elección judicial a junio de 2028, ya que la simultaneidad con contiendas partidistas puede afectar la legitimidad del modelo.
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