DESDE MI SOFÁ 
Por: Obed Silva

Puntualización: Este artículo fue escrito previo a que se anunciara que el Poder Judicial de Baja California eliminaría el requisito de especialización para los abogados en juicios de materia familiar. Por tal motivo, fue adecuado a la nueva circunstancia sin dejar de tocar el fondo. 

Conforme a la nota periodística de AFN, el Licenciado Emmanuel Hernández, presidente de la Confederación de Colegios y Asociaciones de Abogados de México informó de un acuerdo “para eliminar el requisito de maestría o doctorado para los abogados que atienden casos relacionados con menores de edad”.

El líder gremial también planteó la creación de una Escuela Judicial y el ofrecimiento de mecanismos de certificación, además de impartición de cursos, lo que hace suponer que el interés por establecer el requisito de la especialización continuará y el Presidente del Tribunal Superior de Justicia solo lo pospuso.

En este contexto, el Poder Judicial del Estado de Baja California, demostró que aplica las prácticas panistas al imponer a los abogados requisitos adicionales a los que la Dirección General de Profesiones de la SEP les requiere.

Con tal propósito y despreciando la opinión de colegios de abogados, académicos e instituciones del Derecho, el Poder Judicial emitió el acuerdo 07/2026 que fue rechazado por el foro de abogados.

El Acuerdo tiene contradicciones, graves insuficiencias, una sesgada interpretación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, además de otorgar facultades a los jueces de lo familiar que van más allá de lo que la Ley les atribuye.

Dicho Acuerdo se apoya en el artículo 138 del Código Nacional que prevé la especialización de los abogados, “cuando las actuaciones involucren derechos de niñas, niños, adolescentes, personas con discapacidad o personas de los pueblos y comunidades indígenas o afromexicanas..”

Resalta que el Código Nacional omite la exigencia de la especialización para Magistrados, Jueces, Ministerios Públicos y servidores del DIF que participan en los juicios de familia.

De igual manera, el ordenamiento federal exime a los defensores de oficio al establecer que “preferente” serán especialistas.

Lo anterior pone en una condición de desigualdad a los profesionales del Derecho frente a los ciudadanos encargados de impartir justicia y defensores públicos, lo que resulta contrario a la Carta Magna y a la intención legislativa que propone una asesoría “especializada” para la defensa de los derechos de “la infancia”. 

Llama la atención que el Poder Judicial del Estado en su Acuerdo haya inobservado que la asesoría especializada también lo sea “cuando las actuaciones involucren derechos de…personas con discapacidad o personas de los pueblos y comunidades indígenas o afromexicanas..”, tal y como lo ordena el citado artículo 138 del ordenamiento federal.

Lo anterior abre una gran incógnita sobre los verdaderos intereses que motivaron a la autoridad Judicial para la emisión del controversial Acuerdo.

También salta a la vista que el amañado Acuerdo señala en su Considerando Séptimo que “el Poder Judicial del Estado no asume facultades de evaluación, certificación, validación o supervisión académica”... pero se contradice, pues en su acuerdo Séptimo atribuye a los jueces de lo familiar la facultad para que “aún existiendo registro institucional” el juez, que no es especialista, pueda retirar de la defensa a un abogado que “a su juicio no satisface el estándar legal correspondiente”.

Según los registros públicos, es la primera vez que la exigencia del gremio de abogados logra que el Poder Judicial dé marcha atrás a una trascendental determinación.

Tal hecho resulta muy positivo ya que demuestra la madurez de una sociedad que está dispuesta a romper el marco de la democracia “formal” y exigir una democracia participativa para que los servidores públicos consulten a los ciudadanos y “gobiernen obedeciendo las decisiones del pueblo”. 

Esperemos que esta oportunidad sea aprovechada por los abogados de Baja California y abran el camino para que la consulta popular sea un requisito en la toma de decisiones del gobierno, respecto de los asuntos que atañen a los intereses de la población.

NOMAS POR JODER: 

Regalar a organismos privados predios, calles, bulevares, parques y áreas verdes fue una costumbre de los gobiernos panistas que los morenistas continúan fielmente.

Ahora le tocó al Parque Azteca de Playas de Tijuana, ojalá que los residentes del lugar lo impidan.

Esta columna no refleja la opinión de Agencia Fronteriza de Noticias, sino que corresponde al punto de vista y libre expresión del autor