LA BUFADORA
El Mosquito
Cuchillito de palo
¿Por qué no renuncian o solicitan licencia los actuales funcionarios públicos electos o de designación que pretenden ser candidatos en 2027?
ENSENADA BC 10 DE ABRIL DE 2026.-Resulta que el supuesto y festinado “rescate” del Poder Judicial, que prometió una cirugía mayor para erradicar la corrupción, impunidad y privilegios, en realidad sólo fue una limpieza cosmética, porque los integrantes de la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la misma que llegó con la bandera de desterrar las viejas prácticas, determinó el miércoles pasado que la apropiación o el desvío indebido de recursos públicos no es tan grave, por lo que puede prescribir.
Y entonces viene la pregunta incómoda: ¿no que el problema era que el dinero público se lo llevaban sin castigo?
Durante los últimos siete años el discurso oficial ha repetido hasta el cansancio que la corrupción estaba desbordada y que el sistema judicial la protegía, razón por la cual había que cambiarlo todo desde la raíz; incluso a finales de 2018, el entonces presidente de la república entrante, Andrés Manuel López Obrador, aseveró que “(…) no tiene remedio el Poder Judicial, está podrido”.
Pero ahora los ministros de la Corte argumentan que la imprescriptibilidad sólo debe reservarse para crímenes de lesa humanidad, sin embargo, en un país donde los desvíos de recursos suelen descubrirse años después, cuando ya cambió el gobierno, ya no hay documentos y casi nadie se acuerda, ponerle fecha de caducidad al peculado no es precisamente una medida anticorrupción.
¿Tiene sentido entonces que la clase política en el poder se la pase diciendo que la corrupción “nos está carcomiendo” y al mismo tiempo acote las herramientas para castigarla?
La verdadera razón es el miedo a que las acusaciones por peculado se usen como armas políticas, porque en México la justicia es selectiva, y es por ello por lo que hoy aprueban evitar la persecución, aunque eso implique facilitar la impunidad para quienes manejan el presupuesto en su propio beneficio.
Decisiones como esta dejan la sensación de que el fondo sigue intacto, y que no siempre hace falta comprobar que un funcionario sea corrupto o inepto, basta con que dejen correr el calendario.
Luz verde a Morena
Por mayoría de votos, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó que el proceso de Morena para definir a sus “coordinadores de comités de defensa de la transformación” no representa actos anticipados de campaña rumbo al 2027.
El pasado 7 de marzo, Morena anunció que el 22 de junio elegirá, a través de encuestas y bajo el nombre de coordinadores, a sus 17 candidatos a gobernadores; el 3 de agosto a quienes van a la Cámara de Diputados; el 21 de septiembre a los que aspiran a una alcaldía; y el 8 de noviembre a legisladores locales.
Movimiento Ciudadano (MC) presentó ante el Instituto Nacional Electoral (INE) una denuncia por actos anticipados de campaña de Morena, al considerar que dicho proceso es un fraude a la ley, porque en realidad se trata de adelantar, casi un año, la definición de candidaturas.
MC demandó impedir que suceda lo mismo que en 2023, cuando los candidatos presidenciales se definieron meses antes de la fecha legal.
El Instituto rechazó la queja, por lo que el partido naranja recurrió al TEPJF para que se pronunciara, sin embargo, por mayoría, los magistrados determinaron desechar el recurso, por lo que deja intocado el proceso morenista.
Uno de los que votó a favor de la solicitud de MC fue el magistrado Reyes Rodríguez, quien señaló que “(…) el proceso instrumentado por Morena debe atenderse de manera exhaustiva, contextual, a fin de decidir si implica o no, en sí mismo, una transgresión al principio de equidad, lo cual corresponde a un estudio de fondo a partir de las investigaciones que realiza el Instituto Nacional Electoral”.
Rodríguez enumeró frases que, consideró, aunque no se mencione candidatos, evidentemente se refiere a ellos, pues se habla del 2027. Además de que en las reglas se habla de temas electorales, como prohibir el uso de espectaculares, actos anticipados o entrega de dádivas.
Por ello, el magistrado proponía revocar la decisión del INE, y obligarlo a investigar de fondo si había actos anticipados.
Pero su compañero Felipe Fuentes replicó que “(…) la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral no encontró indicios ni de los hechos que fueron motivos de denuncia, ni de actos anticipados de campaña, ni elementos que acreditaran que las coordinaciones serían futuras candidaturas”.
Asimismo, la magistrada electoral oriunda de Mexicali, Claudia Valle Aguilasocho, argumentó que se trataba de un acto intrapartidista, no abierto a otras personas.
“En esta reunión se hacen algunas designaciones o se empieza a hablar de algunas designaciones. ¿De candidaturas? No, de candidaturas nunca se habla.
“Se citan precedentes de esta Sala Superior en una manera contextual respecto de otros asuntos similares, pero las razones torales son que las pruebas aludidas, las pruebas aportadas, los hechos aludidos no son indicativos de la infracción",apuntó.
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