LA BUFADORA
Por. – El Mosquito
Cuchillito de palo
¿En verdad creen los “morenistas” fuera de la nómina gubernamental que el hecho de publicar en redes sociales fotografías de ellos con altos funcionarios públicos les servirá de algo?

ENSENADA BC 8 DE ABRIL DE 2026.- A diferencia del resto de “morenistas”, salvo Alejandro Ruiz Uribe, quien también se separó de su cargo federal el año pasado, ayer Alfredo Álvarez Cárdenas anunció su renuncia como titular de la Secretaría General de Gobierno del Estado, para concentrarse en los próximos 70 días en tratar de convertirse en el coordinador estatal de la cuarta transformación, que es la antesala a la postulación a la gubernatura en 2027.

Álvarez Cárdenas, un hombre con experiencia y capacidad, demuestra con esta decisión que es congruente con sus ideas, porque otros y otras aspirantes se mantienen en sus puestos en alcaldías y escaños legislativos, porque saben que fuera de esa posición y los recursos económicos que les genera no tendrían la presencia y cobertura mediática para figurar.

Así que don Alfredo ya les puso el ejemplo, pero dudamos que los demás lo imiten, porque fuera de la nómina y el curul no pintan.

Indefensión

El reciente criterio avalado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) marca un punto de inflexión en la relación entre el poder del Estado y los derechos de los ciudadanos, al permitir que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloquee cuentas bancarias sin necesidad de una solicitud previa de autoridades extranjeras, lo cual, si bien fortalece la capacidad del gobierno para combatir el lavado de dinero, también representa un peligro.

Al respecto, el fiscalista bajacaliforniano Adolfo Solís Farías, sostiene que esta ampliación de facultades podría traducirse en escenarios de indefensión para los ciudadanos, particularmente ante la falta de claridad en los procedimientos y las dificultades para acceder a mecanismos efectivos de defensa; su señalamiento pone sobre la mesa la necesidad de revisar el alcance de la medida y también sus contrapesos.

El temor es que en México las garantías procesales suelen enfrentarse a la lentitud burocrática y a márgenes de discrecionalidad, pero al otorgar mayores facultades a una autoridad administrativa exige elevar los estándares de transparencia y rendición de cuentas, porque de lo contrario se abre la puerta a escenarios de incertidumbre jurídica en los que cualquier ciudadano puede quedar, en los hechos, en estado de indefensión.

La medida, aunque justificada en términos de seguridad financiera, plantea interrogantes, tales como: ¿qué controles efectivos existen para evitar abusos?, ¿cómo se garantiza que los bloqueos estén plenamente fundados y motivados?, ¿qué tan accesibles y eficaces son los mecanismos de defensa para quienes resulten afectados?

Y como están las cosas en el país, la ampliación de estas facultades puede alimentar la percepción de que instrumentos diseñados para combatir delitos pueden derivar en herramientas de presión.

Avanza Plan B

Morena y sus aliados acordaron aprobar el llamado Plan B electoral. La reforma topa en 15 el número de regidurías en los ayuntamientos y plantea que los recursos anuales de los congresos locales no deberán exceder el 0.70 por ciento del presupuesto de egresos de la entidad federativa correspondiente.

Agrega que las remuneraciones de consejeros electorales, magistrados electorales, titulares de secretarías, órganos administrativos y áreas ejecutivas y técnicas del INE, organismos electorales y Tribunales Electorales locales no podrán ganar más que la presidenta de la república, ni podrán adquirir o contratar seguros, tener cajas de ahorro especiales o regímenes especiales de retiro que no estén previstas por la ley.

Señala que, a partir de 2027, el presupuesto del Senado deberá ajustarse durante los próximos cuatro años hasta alcanzar una reducción acumulada de 15 por ciento en términos reales, con respecto su presupuesto de 2026 y agrega que los ahorros derivados de las reformas en materia de Ayuntamientos y Congresos locales se quedarán en las haciendas de los municipios y de los estados y deberán ser destinados a obras de infraestructura pública.

El PT y el PVEM adelantaron que acompañarán la reforma, porque responde a una lógica de austeridad, mientras que la oposición lamentó que se perdiera la oportunidad de realizar una verdadera reforma electoral que sancionara la intervención del crimen organizado en los procesos electorales, la violencia política y la sobrerrepresentación.

La petista Lilia Aguilar otra vez puso de ejemplo que mientras el Congreso de Colima cuenta con un presupuesto de 128 millones de pesos, el de Baja California asciende a 800 millones, aun cuando ambos cuentan con 25 diputados.

Aguilar señaló que, si bien es legítima la preocupación de los trabajadores de los Congresos locales, los ajustes serán determinación de cada una de las legislaturas y estos deberán respetar de los derechos humanos.

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