LA BUFADORA
El Mosquito

Cuchillito de palo
¿Por qué Ensenada sigue siendo un cementerio de grandes proyectos de infraestructura?

ENSENADA BC 21 DE MARZO DE 2026.- En la carrera adelantada -porque en México ya nadie respeta los tiempos ni las formas- rumbo a 2027, los partidos políticos andan más desesperados e impacientes que los turistas que hacen fila en la caseta de peaje de San Miguel para ingresar a la ciudad en los fines de semana.

Ahora resulta que el PAN quiere abrirle la puerta a “cualquier ciudadano” que aspire a ser candidato. Así, sin más. Como si bastara con tener credencial de elector y ganas de salir en la foto. 

La intención suena muy democrática, de apertura, pero en la práctica, más de uno se pregunta si no será otra simulación con convocatoria abierta, pero con resultados ya planchados, como ha ocurrido en los procesos electorales anteriores.

Porque mientras los panistas hablan de abrirse a la sociedad, en otros frentes ya van más adelantados en eso de repartir candidaturas, unos con “coordinadores” (Morena), otros con “defensores” (PRI) y otros de plano destapando gallos como si fueran pases de cortesía para un concierto de Carnaval, como el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

¿En verdad la competencia será por quién representa mejor a la ciudadanía?

Y aunque el discurso del PAN apunta a postular a los “más competitivos”, habrá que esperar a que alguien levante la mano y acepte ser postulado, esté dispuesto a poner en riesgo su patrimonio y conformar una estructura que todavía no existe, y más si se carece de un padrino con poder económico y político.

¿El PAN está abriendo la puerta a los ciudadanos, o nomás está esperando un milagro?

En lo que corresponde al panismo de Baja California, el único que abiertamente busca ser candidato a la gubernatura es el ex alcalde de Tijuana, Héctor Osuna Jaime.

Mira quién habla

La propuesta de topar los salarios de las dirigencias partidistas, impulsada por la senadora morenista Andrea Chávez, pretende ir en paralelo con el discurso de austeridad que enarbola su partido, pero que en los hechos es difícil de comprobar por la opacidad con la que manejan los recursos públicos que reciben.

Y aunque resulta difícil oponerse a la idea de que ningún actor político financiado con recursos públicos gane más que la titular del Poder Ejecutivo, sin embargo, el fondo del planteamiento abre interrogantes sobre el equilibrio entre austeridad, autonomía partidista y concentración de poder.

Por un lado, es inocultable que los partidos políticos en México han sido históricamente criticados por sus estructuras burocráticas costosas y, en algunos casos, alejadas de la ciudadanía. 

En ese sentido, establecer límites salariales podría interpretarse como una medida de disciplina presupuestaria, pero también es pertinente cuestionar si el Estado debe intervenir directamente en la organización interna de los partidos, que en teoría son entidades de interés público, pero con vida interna propia. ¿No sería mejor entonces promover una nueva ley de partidos políticos?

Además, el hecho de que estas reformas con seguridad se aprobarán sin necesidad de consensos con la oposición, confirma que sólo se busca beneficiar a la mayoría legislativa sobre la construcción de acuerdos, y esto, lejos de fortalecer la democracia, podría debilitar todavía más los contrapesos políticos.

El debate no sólo debe centrarse en cuánto ganan las dirigencias partidistas, sino en cómo garantizar reglas equitativas y un sistema democrático que no dependa exclusivamente de la voluntad de las mayorías legislativas.

Convocatoria o dedazos

La convocatoria para renovar tres consejerías del Instituto Nacional Electoral (INE) es más importante de lo que parece, pues está en juego lo poco que le queda de autonomía a este organismo.

¿Blindarán la selección de aspirantes mediante criterios de mérito?; lo cierto es que la última palabra seguirá en manos de la Cámara de Diputados, donde predominan las negociaciones políticas e imposiciones.

Los requisitos establecidos -como la prohibición de vínculos partidistas recientes o antecedentes penales- responden a una demanda social, que es evitar la cooptación política del órgano electoral; sin embargo, en la práctica, la discusión no suele centrarse únicamente en perfiles técnicos, sino en afinidades, cercanías ideológicas y cuotas de poder.

Este proceso no sólo definirá tres nombres, sino que será una señal sobre el rumbo del INE y la transparencia de las elecciones.

Por cierto, en la historia del INE, sólo un bajacaliforniano ha sido integrante del consejo general, y fue Gastón Luken Garza.

Esta columna no refleja la opinión de Agencia Fronteriza de Noticias, sino que corresponde al punto de vista y libre expresión del autor.