LA BUFADORA
El Mosquito

La discusión de la reforma electoral impulsada por el Gobierno federal comienza a perfilar un escenario similar al del sexenio pasado que encabezó Andrés Manuel López Obrador, cuando tampoco le alcanzaron los votos para modificar la Constitución, y por tanto buscó rutas alternas en la llamada legislación secundaria.

Especialistas y ex consejeros electorales advierten que, si Morena no logra la mayoría calificada en la Cámara de Diputados, el siguiente movimiento podría ser un Plan B legislativo para ajustar procedimientos clave del sistema electoral sin tocar directamente el texto constitucional.

El antecedente inmediato se remonta a 2022, cuando López Obrador intentó modificar el modelo electoral; sin embargo, al fracasar la reforma constitucional, promovió cambios en leyes secundarias que terminaron siendo anulados por la Suprema Corte, la cual ahora es completamente nueva y controlada por el partido en el poder.

Así que ahora el escenario podría repetirse, aunque con variables distintas. Y en ese sentido el director de Laboratorio Electoral, Arturo Espinosa, considera que existe margen para que el gobierno explore ajustes legales en torno a la distribución de los diputados plurinominales. En particular, señaló que la propuesta de establecer dos listas para asignar estas curules podría regularse desde la legislación secundaria.

Y una lectura similar tiene el ex presidente del entonces Instituto Federal Electoral, Luis Carlos Ugalde, quien advierte que modificar los detalles de la distribución de los llamados “pluris” mediante reformas legales podría alterar, en los hechos, la lógica del sistema de representación.

Incluso dentro del propio árbitro electoral se reconoce ese margen. El consejero del Instituto Nacional Electoral, Jaime Rivera, recordó que aquello que no esté expresamente fijado en la Constitución puede ser objeto de cambios en la ley, como ya se intentó hace unos años.

Entre los aspectos susceptibles de modificación se mencionan la estructura operativa del INE, la permanencia de las juntas distritales, reglas de fiscalización, consultas populares, acciones afirmativas, cómputos distritales y el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP).

En contraste, hay temas que sí requieren necesariamente una reforma constitucional, como la eliminación de senadurías, cambios al financiamiento de partidos o la modificación de los tiempos de radio y televisión destinados a propaganda política.

Es decir, el margen legal existe, pero no es absoluto.

¿Misma fórmula?

La experiencia del llamado “Plan B” de 2022 dejó una lección política importante: intentar modificar por ley lo que en esencia implica cambios constitucionales siempre termina en los tribunales.

En aquel momento, la Suprema Corte invalidó buena parte de las reformas por vicios en el procedimiento legislativo.

Sin embargo, algunos analistas consideran que el gobierno actual podría intentar nuevamente esa ruta, apostando a un contexto institucional distinto o a una estrategia legislativa más cuidadosa.

La lógica sería simple, o sea, si no se puede transformar el sistema electoral de una sola vez, se pueden mover piezas gradualmente desde la legislación secundaria.

Confirma rechazo

Pero el escenario político se complicó incluso dentro del bloque que tradicionalmente ha acompañado a Morena.

El coordinador de los diputados del Partido del Trabajo, Reginaldo Sandoval, confirmó que su bancada votará en contra de la reforma electoral, al considerar que representa un retroceso democrático.

Según el legislador petista, el nuevo mecanismo para elegir a los 200 diputados plurinominales podría abrir la puerta a una excesiva influencia de los gobernadores en turno en la selección de candidaturas.

Sandoval también advirtió que el esquema propuesto distorsionaría la representación política al favorecer a los Estados con listas nominales más grandes, dejando en desventaja a entidades con menor población.

En su opinión, la iniciativa rompe el equilibrio del sistema de representación y debilita el papel de los partidos políticos, al convertir la competencia electoral en una carrera cada vez más individual.

Mientras tanto, la discusión apenas comienza y las posibilidades que los morenistas implemente su “Plan B” son cada vez más probables.

Bajar edad de votar

El partido Movimiento Ciudadano (MC) presentó en la Cámara de Diputados su propuesta de reforma constitucional en materia electoral en la que propone que el voto sea obligatorio y reducir la edad para votar, de 18 a 16 años.

La iniciativa naranja plantea que el voto sea obligatorio y considera una sanción para aquellos que no acudan a las urnas el día establecido.

Jorge Álvarez Máynez, dirigente del partido, pidió que haya apertura en la discusión del tema y que se discuta artículo por artículo la reforma electoral impulsada por el gobierno federal, para identificar dónde hay coincidencias, a fin de llegar a algún acuerdo.

Esta columna no refleja la opinión de Agencia Fronteriza de Noticias, sino que corresponde al punto de vista y libre expresión del autor.