DESDE MI SOFÁ
Por: Obed Silva
TIJUANA BC 1 DE MARZO DE 2026.- Ante el creciente cúmulo de hechos cada día más violentos ejecutados por el crimen organizado, la Fiscalía General del Estado echo mano de una figura delictiva denominada “terrorismo” para sancionar y tratar de inhibir las atrocidades de las que a diario la sociedad es testigo.
El término terrorismo tuvo su origen en la Revolución Francesa de 1793 para dar sustento a la política de terror en contra de los “enemigos de la República” mediante la violencia sistemática, las ejecuciones y la represión.
En México, el tipo penal “terrorismo” se ha utilizado cómo la forma de responder a los grupos políticos armados (guerrilla), las rebeliones sociales, a opositores al régimen y por los gobiernos panistas en contra del crimen organizado mediante la represión militar bautizada como “guerra contra el narco”.
Para quienes impulsan la estrategia autoritaria como una forma de resolver los conflictos sociales, el terror a cargo de las instituciones públicas propicia una cultura de miedo donde el temor es la manera de mantener la obediencia a la ley.
De acuerdo al código penal federal, comete el delito de terrorismo quien “intencionalmente realice actos en contra de bienes o servicios, ya sea públicos o privados, o bien, en contra de la integridad física, emocional, o la vida de personas, que produzcan alarma, temor o terror en la población o en un grupo o sector de ella, para atentar contra la seguridad nacional o presionar a la autoridad o a un particular, u obligar a éste para que tome una determinación.”
Es importante resalta que no cualquier acción que produzca “alarma, temor o terror” pude ser tipificada como terrorismo, sino únicamente los que tengan como propósito “atentar contra la seguridad nacional o presionar a una autoridad o a un particular u obligar a esté para que tome una determinación”.
En el contexto expuesto y conforme a con una revisión hemerográfica, desde enero del año 2021 la Fiscalía General del Estado a utilizado la figura de terrorismo para imputar personas y a la fecha se calcula que han sido aprehendidos 65 acusados de cometer actos que presuntamente podrían encuadrar en el referido tipo penal.
La medida draconiana responde a la exigencia social de que haya eficacia en la persecución e inhibición de los terroríficos actos delictivos. El “quid de la cuestión” es saber si la línea de acción que desarrolla la Fiscalía Estatal efectivamente logrará el objetivo que se busca.
En Tijuana, desde el año 2022 inició una intensa actividad para provocar incendios así como la colocación de mensajes en lugares públicos con amenazas entre grupos rivales y a diversas autoridades por supuestos incumplimientos de “compromisos”.
Muchos de esos actos han sido reivindicados por personajes que presuntamente son miembros del crimen organizado pero un gran número han quedado como hechos violentos sin que hubiera exigencia o presión sobre alguien.
En este escenario, llama la atención el caso de dos jóvenes que fueron detenidos como responsables de provocar un incendio dentro de un supermercado cercano al crucero 5 y 10.
Según trascendió, los jóvenes manifestaron ante las autoridades ser menores de edad y sin que hayan reconocido que su actuar era para “presionar a una autoridad o a un particular u obligar a esté para que tome una determinación”, fueron consignados ante un juez quien determino que atentaron contra la seguridad nacional y por tanto los sometio a juicio privados de su libertad bajo la imputacion de “terrorismo”.
Otro caso relevante es la actuación llevada a cabo presuntamente por menores de 13 y 14 años que colocaron “mantas” en escuelas con mensajes de reivindicación para un líder criminal.
En este último, contrasta la actuación de la autoridad pues según declaró Irma Martinez Manriquez, Secretaria de Educación del Estado, la policía municipal no arrestó a los pubertos por considerar que había sido “una travesura”.
De acuerdo con la información publicada, en muchos casos de incendios y colocación de mensajes intimidatorios, los autores no reclamaron exigencia o presión sobre autoridad o sobre particulares para que hicieran algo, tampoco se ha informado la forma en que los actores de los hechos atentaron contra la seguridad nacional.
Por último, en varias conferencias de prensa matutinas, la Presidenta de México ha insistido en que el delito de terrorismo es un tipo penal que castiga actos violentos cuyo origen tienen una reivindicación social o política. Opinión contraria a lo que se hace en Baja California.
NOMAS POR JODER:
La presidenta nacional de Morena denunció que cada miembro del Congreso de Baja California cuesta por año, 35 millones de pesos. Eliminar estos obscenos privilegios es el objetivo de la reforma electoral de la Presidenta Sheinbaum.
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