Dr. José Alejandro García Galván
Introducción:
Estados Unidos está estirando la cuerda del orden internacional hasta el límite de romperla, combinando sanciones económicas y poder militar para imponer sus intereses sobre amplias regiones del mundo. El gobierno de Donald Trump ha acentuado esta lógica, tensando las relaciones con países de Medio Oriente, África, América Latina y Asia, y erosionando los márgenes de soberanía y democracia que sustentan la estabilidad global.
La cuerda del orden internacional
La metáfora de “estirar la cuerda al límite de romperla” describe bien el momento geopolítico actual: una cuerda hecha de normas, acuerdos y equilibrios que sostienen la convivencia entre Estados. Cada sanción extraterritorial, cada acción militar unilateral y cada desprecio abierto por el derecho internacional añade tensión a esa cuerda, que empieza a crujir en muchos puntos. Instituciones como la ONU, los sistemas regionales de derechos humanos y las normas de la guerra fueron creadas para absorber conflictos y evitar rupturas abruptas, pero su capacidad de amortiguación se ve hoy al borde del colapso. El resultado es un mundo donde la fuerza y la coerción parecen pesar más que la diplomacia y el consenso, incrementando la percepción de una crisis de inestabilidad global.
Un informe reciente de la Academia de Ginebra advierte que los conflictos contemporáneos están llevando al derecho internacional humanitario “al punto de quiebre”, y menciona explícitamente el papel de Estados Unidos, bajo el segundo mandato de Trump, en la erosión de estos marcos. La captura extraterritorial del entonces presidente venezolano Nicolás Maduro y el mensaje de que la única limitación del mandatario es su “propia moralidad, no el derecho internacional”, son ejemplos simbólicos de esa tensión añadida a la cuerda. Cuando la principal potencia militar declara que su límite ya no es la ley sino una moral auto definida, el mensaje hacia otros actores es que el sistema de reglas es negociable o prescindible. En ese contexto, grupos armados y otros Estados concluyen que también pueden ignorar las normas, reforzando un círculo vicioso de violencias sin consecuencias claras.
El brazo económico: sanciones como guerra silenciosa
En el terreno económico, Estados Unidos utiliza el sistema financiero global como un campo de batalla silencioso, donde las sanciones funcionan como instrumentos de presión casi bélica. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) administra programas de sanciones que van desde prohibiciones financieras selectivas hasta bloqueos casi totales, afectando bancos, empresas estatales y sectores completos de la economía. Bajo el gobierno de Trump, esta herramienta se ha intensificado contra países como Irán, Venezuela y Cuba, vinculando seguridad nacional, lucha contra el terrorismo y cambios de régimen.
El caso de Irán y Venezuela muestra una combinación de sanciones financieras, restricciones tecnológicas y persecución de redes de comercio de armas y petróleo. Estados Unidos ha sancionado a entidades iraníes y venezolanas involucradas en el comercio de armas y energía, ha confiscado buques petroleros sancionados y ha perseguido la denominada “flota en la sombra” que lleva crudo iraní a clientes globales. Estas acciones están diseñadas para estrangular ingresos y debilitar gobiernos percibidos como hostiles, pero también castigan a poblaciones enteras al afectar alimentos, combustibles y medicinas. La cuerda, en este caso, es la interdependencia económica mundial; estirarla a través de sanciones masivas puede terminar fragmentando cadenas de suministro y empujando a los sancionados a crear sistemas paralelos, desde nuevas monedas de reserva hasta redes financieras alternativas.
Cuba es un ejemplo reciente de cómo se estira esa cuerda con medidas extraterritoriales. En enero de 2026, Trump firmó una orden ejecutiva que declara emergencia nacional respecto al gobierno cubano, alegando vínculos con organizaciones consideradas terroristas y amenazas a la seguridad estadounidense. Esta orden abre la puerta a imponer aranceles adicionales a bienes provenientes de terceros países que suministren petróleo a la isla, como México, Rusia, Venezuela y Argelia, extendiendo el alcance punitivo de Washington más allá de la relación bilateral. Se trata de estirar la cuerda de la soberanía energética y comercial de otros países, presionándolos para alinearse con la política estadounidense hacia La Habana bajo amenaza de costos económicos.
El brazo militar: drones, bases y “zonas de excepción”
En lo militar, la estrategia de Estados Unidos combina presencia masiva con tecnologías de precisión, particularmente en Medio Oriente y, en menor medida, en África y Asia. En los últimos meses se han desplegado nuevos sistemas de defensa aérea y unidades de combate en la región del Golfo, incluidos cazas F?15 Strike Eagle y sistemas de defensa de alta altitud, en respuesta a la tensión con Irán y otros actores regionales. Paralelamente, el Comando Central (CENTCOM) creó en 2025 una fuerza específica de drones de ataque de un solo uso, la Task Force Scorpion Strike, con capacidad de operar enjambres de drones de bajo costo desde bases en el Medio Oriente.
Esta expansión del uso de drones y otros sistemas automatizados promete, en el discurso oficial, “disuasión” e innovación, pero en la práctica se traduce en un umbral bajísimo para el uso de la fuerza. Es más fácil estirar la cuerda de la intervención cuando el costo en vidas propias se reduce, y cuando la operación militar se percibe como quirúrgica y distante. El problema, como advierten análisis humanitarios, es que la proliferación de estas armas y su uso frecuente en zonas densamente pobladas están erosionando aún más la protección de civiles y la vigencia de las normas bélicas. En África y Asia, las operaciones de drones y fuerzas especiales se realizan a menudo en un gris legal, con poca transparencia y responsabilidades difusas, lo que debilita la legitimidad de las instituciones internacionales encargadas de supervisar la violencia armada.
El apoyo militar y político de Washington a aliados clave, como Israel en la guerra de Gaza, refuerza esta lógica. Organizaciones humanitarias señalan que Estados Unidos no solo recorta drásticamente fondos de ayuda, sino que respalda operaciones que han sido calificadas por algunos actores como genocidas, contribuyendo a agravar crisis humanitarias y deslegitimar los marcos multilaterales. Así, la cuerda se tensa a la vez en múltiples frentes: por un lado, se reclama autoridad moral y liderazgo global; por otro, se apoya o ejecuta acciones que minan las propias reglas que ese liderazgo decía defender.
América Latina: laboratorio de presión y ejemplaridad punitiva
En América Latina, la política estadounidense bajo Trump combina elementos de intervención directa, sanciones económicas y presión diplomática intensa. La captura de Maduro, la profundización de sanciones a redes de armas y petróleo, y la amenaza de aranceles a países que comercian con Cuba son ejemplos de un enfoque que busca disciplinar al continente mediante castigos ejemplares. Venezuela ha visto bloqueos de buques petroleros, sanciones a empresas energéticas y acciones encubiertas reportadas contra instalaciones consideradas vinculadas al narcotráfico o al terrorismo, con severos efectos sobre su economía y población civil.
La región, además, enfrenta una violencia criminal persistente, como lo muestra el dato de más de 1,500 asesinatos vinculados al crimen organizado solo en México en enero de 2026. En este contexto, la presión estadounidense para que México actúe como muralla de contención migratoria y de combate a “narcoterroristas” agrega otra capa de tensión a la cuerda bilateral. Las exigencias de reforzar operativos, aceptar nuevas condiciones comerciales y soportar medidas extraterritoriales —como las relacionadas con Cuba— dejan a los gobiernos latinoamericanos atrapados entre su propia crisis de seguridad y la agenda estadounidense.
La pregunta de fondo es cuánto más puede estirarse la cuerda sin romperse en forma de realineamientos geopolíticos, surgimiento de nuevos bloques y rechazo social masivo. Ya se observan acercamientos de países latinoamericanos hacia China, Rusia y otros actores, así como discusiones sobre monedas alternativas y mecanismos regionales que reduzcan la dependencia de Washington. Si la percepción de arbitrariedad y arrogancia se consolida, la región podría acelerar la búsqueda de “salidas de emergencia” al orden dominado por Estados Unidos.
Nuevos bloques económicos y margen de tolerancia
Frente a este escenario, potencias como China, Rusia, India y coaliciones del Sur Global han comenzado a articular respuestas que van desde lo simbólico —declaraciones en foros multilaterales— hasta lo estructural, con la construcción de alternativas financieras, energéticas y de defensa. Las sanciones contra Rusia y la presión sobre Irán y Venezuela han acelerado la búsqueda de corredores energéticos y comerciales que eviten la exposición a la jurisdicción estadounidense, desde acuerdos de pago en monedas locales hasta plataformas de compensación fuera del dólar. Estos nuevos bloques económicos funcionan como manos adicionales que sostienen la cuerda desde el otro extremo, tratando de evitar que se rompa, pero, a la vez, tirando en dirección opuesta.
Sin embargo, la convergencia de intereses entre estos actores no es automática ni exenta de tensiones, y su capacidad real para contrapesar el poder estadounidense sigue siendo desigual. Lo que sí parece claro es que el margen de tolerancia frente a la arrogancia percibida de Washington disminuye a medida que los costos de alinearse con su agenda aumentan, ya sea por sanciones cruzadas, pérdida de autonomía o rechazo social interno. Cada vez que Estados Unidos impone tarifas extraterritoriales, bloquea el acceso a sistemas de pago o respalda operaciones militares controvertidas, empuja a más países a preguntarse si conviene seguir atados a una cuerda que se tensa siempre del mismo lado.
Conclusión: ¿Hasta dónde puede estirarse la cuerda?
Pensar la prospectiva de este límite implica imaginar dos escenarios: uno en el que la cuerda se rompe y otro en el que, paradójicamente, se refuerza. En el primer escenario, la continuidad de sanciones masivas, intervenciones militares y desprecio por el derecho internacional puede desembocar en una fragmentación del sistema global: bloques que dejan de colaborar, organismos multilaterales irrelevantes y conflictos regionales que escalan sin frenos efectivos. Sería un mundo de “islas de poder” con normas divergentes, en el que la seguridad y la prosperidad se vuelven aún más desiguales y la violencia se normaliza como herramienta legítima de política exterior.
En el segundo escenario, el riesgo de ruptura genera un reflejo de supervivencia colectiva. La evidencia de que la cuerda está a punto de romperse podría llevar a reformas profundas de las instituciones, a límites más estrictos al uso de sanciones extraterritoriales y a mecanismos efectivos para responsabilizar a las grandes potencias por violaciones del derecho internacional. Este escenario exigiría que otros actores —nuevos bloques económicos, sociedad civil global, tribunales internacionales— se coordinen para reequilibrar las tensiones, moderar las acciones estadounidenses y, al mismo tiempo, contener voluntades autoritarias en otras regiones.
El límite, en última instancia, no es solo geopolítico sino moral y social. La cuerda se romperá cuando las sociedades —en Estados Unidos y en el resto del mundo— dejen de aceptar como inevitable que intereses nacionales se impongan mediante castigos colectivos, guerras preventivas o sanciones que condenan a poblaciones enteras. Ese punto de inflexión puede llegar con una crisis mayor —una gran guerra regional, un colapso humanitario insostenible, una ola de protestas globales— o con una acumulación de pequeñas resistencias que reconfiguren gradualmente el orden. Lo que sí parece claro es que seguir estirando la cuerda sin reconocer la necesidad de compartir poder y respetar soberanías llevará tarde o temprano a un reacomodo, cuyo costo dependerá de si el cambio se elige o se padece.
Preguntas de Reflexión para el Lector
¿En qué momento las sanciones económicas dejan de ser una herramienta legítima de política exterior y se convierten en una forma de castigo colectivo incompatible con la democracia y los derechos humanos?
¿Qué papel deberían jugar los nuevos bloques económicos y las sociedades civiles para impedir que la “cuerda” del orden internacional se rompa por la arrogancia de unas pocas potencias?
¿Están las instituciones internacionales preparadas para exigir responsabilidades reales a Estados Unidos —y a cualquier otra potencia— cuando sus acciones pongan en riesgo la estabilidad global y la vida de millones de personas?
¿Y usted, qué piensa?
Referencias Bibliográficas
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