URBANA – MENTE
Por: Alejandro Mungaray Moctezuma 

TIJUANA BC 10 DE ENERO DE 2026.-  A lo largo de las últimas décadas se han desarrollado múltiples estudios que evalúan el efecto que tiene la inversión en infraestructura pública sobre el crecimiento económico de los países, de sus regiones y ciudades. En términos generales, se ha demostrado con muchos modelos que efectivamente existe una relación a largo plazo entre ambos e incluso que al poder estimar el valor de sus efectos, también otra relevancia es que se pueden mejorar los procesos de planificación para maximizar su impacto.  

El punto de partida de este razonamiento es que si estas inversiones se definen y diseñan de forma adecuada y estratégica, tienen el potencial de ayudar a que los sistemas de actividades productivas de las personas y las empresas aumenten y a su vez sean más eficientes, reduciendo costos. 

Por ejemplo, si la infraestructura vial y su operación vehicular se consideran un insumo tecnológico que forma parte del modelo de productividad, entonces es posible definir estratégicamente su trazado, sus dimensiones y sus condiciones operativas óptimas para que dicha inversión contribuya de manera proactiva y planeada al crecimiento económico de esa ciudad o región.

Lo anterior nos lleva a entender, que por un lado es importante que se destine una cantidad de recursos suficientes al desarrollo de infraestructura pública que vaya orientada a atender las necesidades de los entornos urbanos y que propicie regiones más competitivas, y por el otro, que dichos recursos se asignen en proyectos que sean realmente necesarios, estratégicos, con la calidad, transparencia y eficacia requerida. Es decir, tan importante es que haya cantidad como calidad.      

El programa anual para obra pública 2026 en Baja California exhibe que serán destinados 2 mil 966.3 millones de pesos para este rubro, correspondiendo al 0.3% del valor del PIB del Estado. De esta cantidad, el 53.38 % se contempla para Mexicali, el 26.47% en Tijuana, el 7.54% en Ensenada, el 4.63% en San Quintín, el 1.56% en Tecate, el 1.33% en Rosarito y el 0.47% en San Felipe. 

En primera instancia, se percibe que esta cantidad destinada para obra pública por parte del Gobierno del Estado es muy poca en comparación con todas las necesidades que se percibe deben ser atendidas en la entidad. A su vez, que llama también la atención que municipios estratégicos para el crecimiento de metropolitano de Tijuana, como lo son Tecate y Rosarito, sean de los que reciben menos inversión.

En suma a lo anterior, esta asignación estatal resulta estar muy alejada de la política de distribución de recursos para obra pública que han sido destinados a nivel nacional e incluso de lo que establecen las recomendaciones internacionales. Pues en México, a pesar de los altibajos que se fueron presentando durante el 2025, se ha estimado que el porcentaje destinado a inversión pública ha circundado el 2.7% del PIB, con proyecciones previstas en el PEF 2026 que giran en torno al 3.2% del PIB.  

A nivel regional, entidades como Nuevo León y Jalisco han apostado fuertemente a la inversión en infraestructura pública como un componente estratégico para impulsar el motor de sus economías y esto les ha permitido tener tendencias de aumento en sus niveles de competitividad. 

A nivel internacional, organismos como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) señalan que en regiones en vías de desarrollo de América Latina y el Caribe se suelen invertir alrededor del 3.5% de su PIB en infraestructura, de los cuales un 2.5% corresponde al sector público. Mientras que la OCDE sugiere que los niveles necesarios estimados deberían oscilar entre el 6% y el 8% del PIB para sostener el crecimiento a largo plazo.

También es importante señalar, que cuando se tienen escenarios de crisis o contracción económica la inversión en infraestructura pública juega un papel fundamental como herramienta clave para la recuperación y el estimulo del crecimiento. Según el Fondo Monetario Internacional (FMI) aumentar el 1% del PIB en inversión en infraestructura pública puede reflejarse hasta en un 2.7% de aumento del PIB total por efecto de todos los impactos que genera al estimular la demanda, crear empleos, potenciar la productividad y atraer inversión privada. 

En este sentido, las proyecciones para este año en Baja California no parecen ser alentadoras desde el punto de vista de la cantidad de recurso que será destinado para  desarrollar infraestructura pública. Habrá que ver si al menos estos pocos recursos disponibles están previstos para detonar proyectos que sean de calidad, que tengan un sentido de impacto real en las condiciones de competitividad regional y en los sistemas de productividad de las personas y las empresas que residen en las ciudades de nuestra entidad.