LA BUFADORA
El Mosquito
ENSENADA BC 15 DE DICIEMBRE DE 2025.-Debido a la millonada de la que disponen los coordinadores parlamentarios y la discrecionalidad sobre el destino del dinero, la Auditoría Superior de la Federación (ASF), por varios años, intentó sin éxito revisar las subvenciones a los grupos parlamentarios, tanto del Senado como de la Cámara de Diputados.
En un informe de 2019, la ASF alertó entonces que se debían transparentar los recursos a las bancadas, porque de ahí se registraban ingresos adicionales para los senadores, además de su dieta neta de 131 mil pesos al mes.
El órgano de control remarcó que era necesaria mayor transparencia y fiscalización de los recursos, porque entre 2012 y 2018, tiempo en que el PRI fue mayoría en el Senado, los grupos parlamentarios recibieron 6 mil 606 millones de pesos, sin que se acreditaran criterios para regular una eficiente y honesta administración de los recursos.
Tales recomendaciones no fueron asumidas por la mayoría de Morena desde que logró la mayoría en 2018 y, por el contrario, la opacidad se ha incrementado.
La actual Legislatura no sólo ha cancelado los reportes sobre las subvenciones a las bancadas, también sobre otros informes.
La Cámara de Diputados congeló en 2025 la información sobre la nueva distribución de dinero para los grupos parlamentarios y las decisiones del Comité de Administración, encabezado por Morena.
La Cámara baja tampoco ha cumplido con la publicación de los acuerdos del comité de administración, presidido por el ex priista y ahora morenista bajacaliforniano Fernando Castro Trenti.
Mientras la Cámara de Diputados va al corriente en la publicación de las minutas de la Junta de Coordinación Política y de la mesa directiva, los acuerdos del comité de administración se mantienen en la opacidad.
La última publicación de los acuerdos del comité de administración se refiere a la sesión del 24 de abril pasado, es decir, que no hay actas de sesiones realizadas en los últimos 8 meses.
Precisamente es en el comité de administración donde se decide cómo será la distribución del dinero a las bancadas, los fondos fijos para las comisiones de trabajo, áreas administrativas y órganos de Gobierno, así como los apoyos legislativos a los diputados para transporte aéreo, hospedaje y gasolina.
Por lo anterior, los diputados que forman parte de ese comité suelen ser de los más cercanos a los coordinadores o, incluso, los propios coordinadores parlamentarios forman parte del comité, como actualmente sucede con los grupos parlamentarios del PVEM, PT, PRI y MC.
Invita al Papa
Mientras la presidenta Claudia Sheinbaum conversó el pasado fin de semana con el Papa León XIV para conmemorar a la Virgen de Guadalupe y aprovechar para invitarlo a visitar México, el dirigente del consejo estatal de Morena en Zacatecas, Rubén Flores Márquez, interpuso una queja ante el Instituto Electoral de aquella entidad, para exigir que el obispo de la Diócesis de Zacatecas, Sigifredo Noriega Barceló, “se abstenga de realizar actos y pronunciamientos sobre política”.
Noriega Barceló fue el primer obispo de la Diócesis de Ensenada, y en este municipio se le recuerda con mucho afecto, cariño que también se ha ganado en Zacatecas, donde ha recibido infinidad de muestras de apoyo ante los señalamientos del líder morenista.
En las “benditas” redes sociales Flores Márquez ha sido severamente criticado por tratar de censurar al prelado, en lugar de cuestionar a los gobernantes locales de su partido, quienes han sido omisos e ineptos para combatir a la delincuencia.
Ya no hay pretexto
Luego de que el gobierno federal reconoció que la extorsión es el único delito de alto impacto que no ha logrado reducirse en los últimos años, la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum y los 32 gobernadores avalaron un acuerdo nacional contra ese delito.
Este acuerdo obliga a armonizar leyes estatales, crear o robustecer unidades especializadas en fiscalías y homologar procedimientos mediante un manual nacional de actuación, así que ya no hay pretextos para que en las entidades se laven las manos y en los casos más graves se deslinden con el clásico argumento de que se trata de un delito de competencia federal.
Aquí en Baja California, la fiscal María Elena Andrade Ramírez, tendrá que demostrar con hechos que en verdad existe coordinación con la federación y no sólo quede en papel o el discurso.
En Ensenada urge desmantelar a las bandas que se dedican al cobro de piso.
Esta columna no refleja la opinión de Agencia Fronteriza de Noticias, sino que corresponde al punto de vista y libre expresión del autor
