LA BUFADORA
El Mosquito
ENSENADA BC 10 DE NOVIEMBRE DE 2025.- A lo largo de todo su sexenio, el ahora ex presidente Andrés Manuel López Obrador se convirtió en un experto para fabricar cortinas de humo cuando un asunto de interés público se le revertía.
A esta estrategia se le denomina desde hace muchos años como “caja china”, que de acuerdo con la definición más precisa “(…) es una estrategia comunicacional para desviar la atención pública de un tema controversial mediante la difusión de otro de alto impacto. Se trata de una técnica narrativa que, a modo de distracción, introduce un nuevo tema a menudo emocional, para desplazar a un segundo plano un asunto que se busca ocultar”.
Y como en política no hay coincidencias, sino actos deliberados, ahora resulta que 31 años después detienen a Jorge Antonio Sánchez Ortega, ex agente del Cisen señalado por la Fiscalía General de la República (FGR) como el presunto autor del segundo disparo contra el ex candidato presidencial del PRI en 1994, Luis Donaldo Colosio Murrieta.
Sánchez Ortega fue detenido por primera vez en la colonia Lomas Taurinas de Tijuana la tarde del 23 de marzo de 1994. Su chamarra salpicada de sangre y el resultado positivo a la prueba de rodizonato lo convirtieron en un primer momento en el sospechoso del ataque al candidato presidencial.
Sin embargo, la entonces Procuraduría General de la República lo liberó al día siguiente, bajo reservas de ley, casi al mismo tiempo de recibir el resultado del primer dictamen de balística, que estableció que el arma que portaba Mario Aburto fue la que percutió la ojiva y los dos casquillos que se recuperaron en el lugar del ataque al ex candidato presidencial.
En enero de 2024, el entonces presidente López Obrador rechazó la petición de Luis Donaldo Colosio Riojas para indultar al asesino de su padre, Mario Aburto, e insistió en que se debía investigar el caso como un posible crimen de Estado.
En marzo de 2024, la ahora FGR reactivó la indagatoria, pero en agosto de ese mismo año un Tribunal federal sepultó el intento de la FGR para revivir la teoría del segundo tirador contra Colosio.
Sin embargo, pasado fin de semana se dio a conocer que Sánchez Ortega fue detenido, por segunda ocasión, en Tijuana, pero no se dieron detalles.
TRIBUNAL DEL MIEDO
La magistrada del grito fácil. En el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 45, con sede en Ensenada, la justicia perdió la compostura. Lo que debía ser un recinto de equilibrio, respeto y legalidad, se ha transformado en un escenario donde los gritos sustituyen a los argumentos, y el autoritarismo se confunde con autoridad.
La titular del tribunal, Reynalda Merchant Aguilar, parece haber llegado no a impartir justicia, sino a imponer su temperamento y “buen carácter”.
Quien debería garantizar el respeto a los derechos ejidales, se ha convertido en protagonista de escenas que rayan en lo grotesco: regaños públicos, juicios morales y sentencias improvisadas antes siquiera de revisar un expediente.
Desde su llegada, Merchant Aguilar ha hecho del tribunal una extensión de su carácter. Los días de audiencia se parecen más a una función de regaño colectivo que a un acto de justicia.
Ridiculiza a abogados, y sermonea a los campesinos con una suficiencia impropia de una funcionaria agraria. El ambiente se volvió irrespirable: el miedo reemplazó al respeto, y el silencio a la confianza.
En las audiencias que por ley deben ser públicas, respetuosas y sujetas a protocolo, la magistrada convierte el proceso en una lección de desprecio. Interrumpe a los litigantes, se burla de sus escritos, incluso aconseja a los ejidatarios cambiar de representante legal. “Sus abogados no sirven”, les dice.
Hace poco, un hecho terminó de exhibir su desdén institucional: expulsó a un estudiante de Derecho que realizaba su servicio profesional, gritándole frente a todo el tribunal y negándole la constancia de prácticas.
Un acto tan desproporcionado como humillante. Si el joven cometió un error, bastaba con reportarlo a su universidad. Pero no: en el tribunal de Merchant Aguilar, la pedagogía se ejerce a gritos.
Peor aún, en una reciente revocación de domicilio procesal, la magistrada cometió una arbitrariedad digna de registro: revocó a los abogados anteriores, pero se negó a reconocer a los nuevos, dejando a la parte en estado de indefensión.
¿Y qué hay de la transparencia? Otro principio olvidado. Las audiencias son públicas, pero la titular del Tribunal 45 suele cerrar la puerta a los acompañantes de los campesinos, violando el acceso legal a los procedimientos.
Tal vez teme testigos incómodos. O tal vez, simplemente, no soporta que alguien vea cómo se derrumba su propio discurso de legalidad.
La pregunta es inevitable: ¿quién vigila a los vigilantes? ¿Quién impide que el tribunal del pueblo se convierta en el tribunal del miedo? Mientras en todo el país el campo se levanta con bloqueos, manifestaciones y protestas por la muerte de líderes agrarios como Carlos Manzo, en Baja California la indignación crece.
Si las autoridades competentes no actúan, será cuestión de tiempo para que los campesinos de Ensenada, Playas de Rosarito y San Quintín decidan tomar las riendas… y las puertas del tribunal.
El campo no pide favores, pide respeto. Los tribunales agrarios fueron creados para proteger a quienes trabajan la tierra, no para someterlos a caprichos personales. Si la magistrada Merchant Aguilar no puede entenderlo, quizá deba recordar que el poder no se mide por el volumen de la voz, sino por la legitimidad de los actos.
En el Distrito 45, la justicia agraria está bajo amenaza, no por falta de leyes, sino por exceso de soberbia. Así se labra el surco de la impunidad.
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