Por: Marco Antonio Samaniego
TIJUANA BC 31 DE OCTUBRE DE 2025.- En varias ocasiones he dicho que parece que las medidas de Donald Trump y su secretario de Defensa, Pete Hegseth, evocan medidas arbitrarias en, por ejemplo Filipinas a finales del siglo XIX y principios del XX. En 1902, el general Jacob H. Smith, ordenó que se le diera muerte a todos los niños mayores de 10 años, como una medida de escarmiento a los habitantes de la isla de Samar. El capitán Littleton Waller, todo indica, dio la contraorden y se generó un problema que llegó a los tribunales militares. Smith quedaría, con varios sobre nombres por la orden que giró, “Jake el Rugiente”, “El Monstruo” y “Jake el Aullador”. Es difícil saber cuántos jovencitos fueron asesinados y cuántos se salvaron por la contraorden, pero el caso llegó a la prensa estadounidense, que fue implacable con el mencionado general.
El terror que se sembró generó una resistencia que duró varios años en las islas. Se estima que fueron asesinados entre 2, 000 y 2, 500 civiles. Smith había dado la orden de que la isla de Samar debería quedar convertida en un páramo desolado. El delito de los filipinos, era reclamar su independencia, la cual, en 1898, supuestamente se había logrado. Sin embargo, la salida de los españoles, marcó la llegada de los estadounidenses. Es la ocasión en la que el presidente McKinley (muchas veces citado por Trump desde su toma de protesta) no podía dormir en la Casa Blanca porque estaba preocupado por la suerte de los filipinos. Pero tuvo una visión que lo llevó a la conclusión de que la única opción era tomar las islas y educar a los filipinos, y elevarlos y civilizarlos y cristianizarlos. No le tocó conocer la orden de Jake el Rugiente, porque un mes antes, fue asesinado por Leon Czolgosz, el anarquista estadounidense que le disparó en dos ocasiones en la feria de Búfalo, en Nueva York, en septiembre de 1901.
Sin pruebas ni juzgados, Smith actuó en la isla Samar porque habían muerto 48 soldados estadounidenses, pero no hubo juicio, ni pruebas que se presentaran. La orden fue contundente y el resultado trágico. Así, el mátalos en caliente, de Porfirio Díaz, fue superado por Smith. Y hoy, Hegseth y Trump, presumen que se ha dado muerte a narcotraficantes y muestran al mundo que son capaces de matar desde las alturas sin verificar si las personas que mueren, se dedican efectivamente al trasiego de drogas. Debemos creer que es cierto porque si van en una lancha, seguramente son narcotraficantes. Las evidencias de que realizan tal actividad no se presentan y juzgan y actúan con la pena de muerte. ¿A quién le importa el proceso? ¿Dónde están las evidencias de que, en efecto, esa era su actividad? Y, sobre todo, ¿en qué parte del derecho internacional se permite la pena de muerte en altamar, porque se navega en una lancha?
La muestra de fuerza, hasta el momento, no ha generado protestas a nivel internacional. Expertos en derecho, poco, se han manifestado en contra de estas acciones. Hasta el momento, no existe una condena internacional. Incluso, el gobierno mexicano tiene el compromiso de buscar a un sobreviviente, pero poco se ha informado al respecto. ¿Es un asunto menor? ¿Puede un gobierno disparar sin haber presentado las evidencias correspondientes, en aguas internacionales, sólo porque se tiene información de que eran narcotraficantes?
Por lo pronto todo indica que sí. Primero se dispara y se mata y luego de informa que eran delincuentes, mismos que envenenan al pueblo estadounidense que, de no ser por esos narcotraficantes, vivirían libres de drogas.
¿Y los procesos legales? No pregunto por las evidencias porque algo es claro, fueron destruidas en el caso de que existieran, en el caso de que no, suena ridículo decirlo, pero no hay evidencias de que no existieran. El criterio, puede ser algunos informes, si es que existen. El caso es que, si alguien ha fracasado en la guerra contra las drogas, termino utilizado desde el gobierno de Harry Truman, han sido los Estados Unidos. La frase la uso Eisenhower, sobre todo por el problema de los soldados que regresaron de la Segunda Guerra Mundial. Y Richard Nixon, quien fue abogado de uno de los mayores traficantes de drogas, Meyer Lansky, la volvió política de Estado en 1972, cuando desapareció el Federal Bureau of Narcotics y creo la DEA.
Es decir, ha pasado, medio siglo en que se oficializó la guerra contra las drogas en Estados Unidos y la culpa es de unos lancheros que, sin ser conocida su versión, han muerto. Si eran culpables, ¿Merecían la pena de muerte? Y si no eran culpables, ¿Por qué las respuestas internacionales hasta el momento son tan débiles?
Comparar los datos de uso de drogas antes y después de estos asesinatos, puede responder preguntas que para otros mandatarios los pueden llevar a respuestas más sensatas. Para estos personajes, Trump y Hegseth, la sensatez no tiene espacio. La otra verdad es que poco se cuestiona lo que sucede en aguas internacionales y con el ataque a lanchas que, pueden ser, o no, parte de redes de trafico de drogas. El caso es que en poco tiempo y en este contexto internacional, las formas en que se toman las decisiones, se juzgan y se mata, son un retroceso, que he ubicado, cuando menos a finales del siglo XIX y principios del XX, pero que pueden ser, seguramente, aplicados a otros momentos. El siglo XXI, con todas las declaraciones de derechos humanos, no parece tener vigencia.
El mundo cambió demasiado. Puede no haber delito, pero hay culpables, en el caso de que lo sean. Es un nuevo imperialismo en el que todo depende de la información que existe en alguna parte, pero que no responde a los procesos legales. Si el imperialismo tiene evidencias no tiene que darlas a conocer. Si no las tiene, no parece ser hasta el momento motivo de cuestionamiento. Es el autoritarismo en toda su expresión. ¿Cómo se distingue que lancheros salen a pescar y cuáles se dedican al trasiego de drogas, que estadounidenses compran a los precios más altos del mundo? ¿Cómo se distingue al culpable sin las evidencias?
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