DESDE MI SOFÁ 
Por: Obed Silva

TIJUANA BC 12 DE OCTUBRE DE 2025.-Hace muchos años, un director de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT) decretó que “el agua más cara es la que no hay”. 

Aplicando la ley capitalista de la oferta y la demanda, la carencia del vital líquido en la zona costa de Baja California se convirtió en un negocio del que se enriquece un pequeño grupo de personas.

Además, para justificar el alto precio del agua, quienes administran el suministro del fluido dicen que "Dios da el agua pero no la entuba". 

De esta forma, a cada metro cúbico de agua destinado para Tijuana se le agrega el valor del acueducto de Mexicali a Tijuana, el mantenimiento del tubo, el consumo de electricidad del bombeo más el pago del agua que se compra al distrito de riego 014 de Mexicali.

En México, el agua es un recurso natural propiedad de la Nación y por tanto no debe ser privatizado y es aprovechable sólo mediante una concesión para el usufructo que se autorice.

Para prever el futuro hídrico de México y erradicar el mercado negro del agua, la presidenta Claudia Sheimnbaum presentó el Plan Nacional Hídrico 2024-2030, así como el Acuerdo Nacional por el Derecho Humano al Agua y la Sustentabilidad

A través de dichas políticas públicas se busca recuperar para la Nación 2 mil 800 millones de metros cúbicos de agua que están hoy en manos privadas. 

Siguiendo la estrategia emprendida, el día 9 de octubre, la Presidenta de México presentó ante la Cámara de Diputados una iniciativa de nueva Ley General de Aguas y reformas a la actual Ley de Aguas Nacionales. 

Entre los objetivos de las iniciativas está el de evitar la venta ilegal del agua y de las concesiones.  

Para lograr el propósito, la iniciativa elimina la figura mercantilista de “Bancos de agua” y crea el Fondo de Reserva de Aguas Nacionales.

En Baja California, la reacción en contra de la iniciativa presidencial no tardó, y un grupo de ejidatarios asaltaron las oficinas de Conagua exigiendo la remoción del director de la Cuenca Peninsular, al tiempo que amenazaron con bloquear carreteras y canales de riego. 

De acuerdo con información oficial, el Distrito de Riego 014 S. de R.L., el Banco de Agua, la Comisión Estatal del Agua y  CONAGUA firmaron un acuerdo para vender al Gobierno del Estado a 13 pesos por metro cúbico, millones de litros de “agua remanente” (que no usan para la agricultura) cuyo destino es para el consumo en la zona costa de Baja California.

Servidores públicos del Gobierno de Baja California han reconocido que se pagan 86 millones de pesos al año por compra de agua al distrito de riego 014 de Mexicali.

Para justificar la irregularidad, los funcionarios del Estado dicen que el pago por la compra del agua es por “el costo de traslado del agua”, convirtiendo en un jugoso negocio el suministro de agua que fue concesionada para la agricultura y no para su venta.

Los inmensos intereses económicos por la venta del agua al gobierno del Estado auguran un gran conflicto político cuyo objetivo será que prevalezca el negocio del agua para unos cuantos, conflicto que la derecha local aprovechará en su beneficio para la elección del año 2027.

NOMAS POR JODER:

Concluido el primer año de gobierno siempre piensan que hicieron lo que nunca se había hecho antes. En el ámbito del gobierno lo primero que se pierde es la memoria histórica.

Esta columna no refleja la opinión de Agencia Fronteriza de Noticias, sino que corresponde al punto de vista y libre expresión del autor.