DESDE MI SOFÁ
Por: Obed Silva
TIJUANA BC 21 DE SEPTIEMBRE DE 2025.- Del catálogo de líneas discursivas de la propaganda política de la derecha en México destaca la idea de que la 4T ha impuesto un narcogobierno en nuestro país.
A pesar de que la acusación no tuvo éxito en la reciente elección presidencial, la fuerte campaña mediática sobre tal imputación, aunada a hechos que admiten poca discusión, la pueden convertir en una mentira verdadera.
El concepto de narcoestado es un término político y económico aplicado a países en donde las instituciones legítimas son tomadas por la riqueza del tráfico ilegal de drogas y el crimen organizado.
Para el Dr. Paul Rexton Kan, Profesor de Estudios Militares en la Escuela de Guerra del Ejército de Estados Unidos, los narcoestados se catalogan en cinco niveles dependiendo del tamaño de su comercio de narcóticos y la amenaza que representa para la estabilidad nacional e internacional.
En cambio, el Dr. Pierre-Arnaud Chouvy del Centro Nacional para la Investigación Científica de Francia, dice que el concepto narcoestado resulta cuestionable pues se aplica de manera amplia y sin un criterio claro, en particular, luego de la abundante atención mediática sobre Guinea-Bisáu, calificado por la ONU como "el primer narcoestado de África" en 2008.
El francés afirma que el término debería referirse sólo a aquellos países en los que el comercio de narcóticos está patrocinado por el estado y constituye la mayoría del PIB de un país. Dos circunstancias que no suceden en México.
Ante el gravísimo problema mundial del comercio ilegal de drogas, el 19 de diciembre de 2011 la Asamblea General de la ONU emitió una resolución en la que recomendó:
“Promover entre los Estados asociados el intercambio de información de inteligencia y la cooperación transfronteriza, a fin de combatir con eficacia el problema mundial de las drogas,...”
En ese contexto, el pasado 3 de septiembre la Presidenta de México firmó con el Secretario de Estado de EUA un programa de seguridad transfronteriza, que incluye el tráfico de drogas, armas y combustible así como la creación de un “grupo de implementación de alto nivel” para la colaboración.
El primer resultado del programa binacional fue la aprehensión de servidores públicos y empresarios responsables del contrabando de hidrocarburos de EE.UU. a México.
En la semana que concluye, la Presidenta Claudia Sheinmbaum reconoció tener conocimiento previo de la denuncia que el Departamento del Tesoro de EUA hizo sobre 15 empresas y siete personas de Playas de Rosarito presuntamente vinculadas al crimen organizado.
La Mandataria afirmó que se había acordado con el Departamento del Tesoro dar a conocer de manera conjunta tal hecho, pero no obstante eso, "en principio" no hubo pruebas suficientes para que la Fiscalía Federal actuará y el organismo estadounidense decidió dar el anunció de manera unilateral.
Después del comunicado del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, la Unidad de Inteligencia Financiera informó el bloqueo de cuentas bancarias de 7 personas y 15 empresas en el país.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público explico que la medida fué preventiva y que no constituye una resolución judicial ni implica de forma automática la existencia de responsabilidad penal pero se enmarca en la cooperación internacional contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.
De manera oficial se informó que en caso de detectarse posibles delitos durante el análisis financiero, la UIF informará de inmediato a la Fiscalía General de la República para que se inicien las carpetas correspondientes.
El episodio debe poner en estado de alerta a los gobiernos emanados de Morena, pues aún sin pruebas irrefutables para demostrar la existencia de un narcogobierno, hay indicios de que durante más de treinta años, el crimen organizado ha logrado permear las instituciones públicas locales utilizando personas específicas.
NOMAS POR JODER:
El relato popular dice que lo revelado por el Departamento del Tesoro sobre Playas de Rosarito inició hace 20 años, al arribo de los gobiernos azules.
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