DESDE MI SOFÁ 
Por: Obed Silva

TIJUANA BC 6 DE JULIO DE 2025.- Un agravio que sigue indignando a la sociedad mexicana es el de la corrupción, sobre todo la que se practica en el ámbito de la administración pública.

De acuerdo con el INEGI, la corrupción representa para México una pérdida económica que podría equivaler al 5% del Producto Interno Bruto del país y se estima en unos 500 mil millones de pesos anuales.

Gran cantidad de la referida cifra de dinero, se presume que termina en los bolsillos de miles de funcionarios públicos.

Las inexplicables fortunas que surgen de la noche a la mañana, son el claro reflejo de que aún falta muchísimo en el combate a la cultura de la corrupción.

Inocultables mansiones, joyas, relojes de alta gama, ropa de las marcas más costosas, escoltas y vehículos de lujo, es la conducta que la cartilla moral de Morena rechaza para sus agremiados sin embargo, practicada por muchos servidores públicos “guindas”. 

Pero aún hay esperanza, y por esa razón, en el paquete de iniciativas enviadas al Congreso de la Unión por la Presidenta Claudia Sheinbaum, se propuso la reforma a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, conocida como Ley Antilavado. 

Las reformas propuestas por la Presidenta de México responden a las observaciones hechas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), alineando a nuestro país con las mejores prácticas internacionales.

Con las reformas aprobadas, la UIF (Unidad de Inteligencia Financiera) cuenta con más atribuciones y la Fiscalía General de la República como la Guardia Nacional, están obligadas a reportar de inmediato a la UIF casos sospechosos.

Las recientes reformas a la Ley Antilavado pegaron muy fuerte a la tradicional protección política, pues la Secretaría de Hacienda podrá solicitar informes a dos de las organizaciones favoritas para lavar dinero; los sindicatos y los partidos políticos.

Al mismo tiempo, ahora la Ley Antilavado exige a quienes ejecutan actividades vulnerables, que implementen sistemas automatizados para alertas en tiempo real, evaluaciones periódicas de riesgo así como auditorías internas.

Las reformas en mención, establecen nuevas actividades vulnerables como: el desarrollo inmobiliario, activos virtuales y criptomonedas, fideicomisos y precisa las obligaciones para notarios y corredores públicos en su colaboración en el combate al lavado de dinero.

Ahora, la Ley Antilavado incluyen definiciones para; asociaciones y sociedades sin fines de lucro, beneficiario controlador, cliente o usuario, desarrollo inmobiliario, financiamiento al terrorismo, persona políticamente expuesta, representante encargado de cumplimiento y riesgo.

Algo trascendental de la reforma a la Ley Antilavado es que la UIF podrá monitorear las cuentas bancarias de los servidores públicos y los representantes populares, las de sus familiares y allegados. 

Ocultar las fortunas mal habidas, será más difícil para los políticos corruptos y sus socios.

NOMAS POR JODER:

La Suprema Corte de Justicia de la Nación acaba de ordenar al Congreso de Puebla legislar “a la brevedad” sobre la revocación de mandato. 

Hasta hoy, el legislativo local ha omitido armonizar la Constitución Estatal con la Federal en materia de revocación de mandato. 

¿Estarán esperando a que se los exija la Corte?

Esta columna no refleja la opinión de Agencia Fronteriza de Noticias, sino que corresponde al punto de vista y libre expresión del autor.