LA BUFADORA
Por. – El Mosquito

ENSENADA BC 17 DE MAYO DE 2025.- En los cuatro años que Donald Trump ocupe el poder en Estados Unidos, nuestro país, y especialmente las entidades de la franja fronteriza norte, tendrán que soportar y enfrentar todas las acciones que emprenda contra México, porque todavía no cumple ni seis meses como mandatario y el político republicano ya nos impuso aranceles, militarizó la frontera, exige que cumplamos con las cuotas de agua establecidas en los tratados entre ambas naciones, nos culpa por la plaga del gusano barrenador, pretende gravar el envío de remesas y acusa a las autoridades mexicanas de estar coludidas con la delincuencia organizada.

Así que Trump nunca estará satisfecho con lo que haga el gobierno mexicano, y sus constantes amenazas son su principal arma de negociación y sometimiento.

¿LISTA NEGRA?

Y, por si fuera poco, desde el vecino país filtran a los medios que un equipo del presidente Trump recopiló una supuesta lista con docenas de nombres de figuras públicas en México con presuntos vínculos con el narcotráfico a las que podrían imponérseles sanciones de viaje y financieras.

Según la publicación Pro Publica -una agencia de noticias independiente con sede en Nueva York- la supuesta revisión de la corrupción relacionada con el narcotráfico en México fue iniciada por un pequeño equipo de la Casa Blanca que solicitó información a las agencias policiales y a la comunidad de inteligencia de Estados Unidos sobre figuras políticas, gubernamentales y militares mexicanas con vínculos criminales, señala el reporte firmado por el periodista Tim Golden, citando a funcionarios anónimos.

La investigación asegura que la lista fue solicitada por un equipo bajo el mando de Stephen Miller, asesor en seguridad nacional del presidente Trump.

La lista incluye a líderes del partido gobernante en México, varios gobernadores y figuras políticas cercanas al ex presidente Andrés Manuel López Obrador, según informaron los funcionarios estadounidenses que insistieron en mantener el anonimato para poder hablar sobre planes políticos delicados, añade Pro Publica.

CACERÍA

Se entiende que, como toda dependencia, la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Ensenada tenga que cumplir con metas de recaudación, las cuales toman como referencia los ingresos reportados el año anterior, pero cuando el principio de “proteger y servir” pasa a segundo plano y se privilegia la estrategia de infraccionar por la mínima falta a los automovilistas, entonces se convierte en una política pública, por más que en el discurso las autoridades municipales nos digan otra cosa.

Bien haría entonces el director de la Policía, Alejandro Monreal Noriega, en instruir a sus subordinados que no se ensañen con los conductores, sobre todo mujeres, jóvenes y personas de la tercera edad, porque desde temprana hora y hasta la noche sólo se dedican a imponer multas, en lugar de cuidar la ciudad.

Si el Ayuntamiento que encabeza la alcaldesa Claudia Agatón Muñiz va a instaurar la estrategia de cero tolerancia, entonces que también garanticen por completo la seguridad pública, porque la verdad da miedo salir a las calles, pues cada vez que se observa una patrulla provoca miedo.

¿Para eso querían patrullas nuevas?

NO DAN DINERO

Consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) reclamaron a los congresos y gobiernos locales aprobar la elección del Poder Judicial en sus entidades sin entregar recursos a los institutos electorales.

De los 19 estados que tendrán elección del Poder Judicial estatal, únicamente a cuatro institutos electorales les aprobaron el dinero solicitado, al resto les aplicaron recortes a su presupuesto del 2 al 69 por ciento.

Los institutos que pagaron parte de su deuda son: Tamaulipas, Quintana Roo, Ciudad de México, Baja California, Aguascalientes, Yucatán, San Luis Potosí y Veracruz.

Mientras que Zacatecas debe 54.6 millones y Nayarit 18.3 millones, pues no han entregado un peso al INE.

Con dificultades, los organismos están haciendo frente a la organización del proceso electoral, pero están en riesgo alto Zacatecas, San Luis Potosí y Nayarit.

Entonces para qué aprobaron la reforma si no van a dar los recursos, o sea, nadie les obligó a cambiar la ley, la pudieron haberla llevado al 2027 si no tenían el dinero para cubrirlo en este momento.

Esta columna no refleja la opinión de Agencia Fronteriza de Noticias, sino que corresponde al punto de vista y libre expresión del autor