LA BUFADORA
Por. – El Mosquito

ENSENADA BC 18 DE ABRIL DE 2025.- Con Donald Trump en la presidencia de Estados Unidos y su agresiva política arancelaria, los estados del norte de México son los primeros en sufrir las consecuencias, porque aunado a los aranceles y la deportación de indocumentados, su reclamo de que se le entreguen y repongan los volúmenes de agua establecidos en los tratados entre ambas naciones, y el amago de imponer un impuesto a las exportaciones de tomate, colocan a Baja California en una situación de vulnerabilidad.

Y aquí es justificado preguntar si en realidad los tres órdenes de gobierno tienen un plan A, B o C para enfrentar un escenario como el que se puede registrar en el municipio de San Quintín, donde el 90 por ciento de su producción agrícola se destina a la exportación,

y de concretarse la cuota al tomate se reduciría bastante la superficie de siembra y se perderían muchas fuentes de empleo, lo que ocasionaría un grave problema social en la región, con base a las advertencias emitidas por Walberto Solorio Meza, presidente del Consejo Agrícola de Baja California.

Por tanto, aunque la imposición de aranceles al tomate rojo o jitomate mexicano a partir del 14 de julio puede considerarse una amenaza más del presidente Trump, tampoco se debe minimizarse por sus negativas repercusiones en la entidad.

Pero según Rubisel Velázquez, ex negociador del Tratado ente México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), el impuesto al tomate no prosperará.

“Yo lo veo como una de las tantas amenazas que se han hecho este año, por lo que hay que tomarlo como una intención, porque no hay una orden ni instrucción del Departamento de Comercio”, asegura el especialista.

Añadió que la amenaza se da en un escenario de mucha incertidumbre y ruido arancelario por parte de Estados Unidos, y los productores de Florida tomaron nota de esta oportunidad.

Desde 1996, luego de la firma del Tratado de Libre Comercio (TLCAN), productores de jitomate de Florida presionaron para gravar las importaciones mexicanas por presunto dumping, pero en cinco ocasiones se ha suspendido la investigación y alcanzado un acuerdo con el Departamento de Comercio.

México debe tomar con cautela las posibles medidas ante esta amenaza, abundó, para no afectar a los exportadores ni a los consumidores.

“Afectar al sector agrícola no deja ningún ganador y eso Estados Unidos lo tiene claro”, explicó Velázquez.

ANIVERSARIO EN PUERTA

En menos de un mes, Ensenada estará celebrando el 143 aniversario de su fundación como asentamiento urbano, y por lo poco que se sabe el gobierno de Claudia Agatón Muñiz prepara un gran festejo que, si bien no tendrá los alcances del pasado carnaval, hay muy buenas expectativas. 

Por cierto, en este tema de las celebraciones y todo lo que implica, incluyendo el gasto público, partidas, contrataciones y amarres, se dice que más de un funcionario está cruzando los dedos para que no se involucre en el tema a un ex regidor que, aseguran, se siente vicealcalde, secretario del ayuntamiento, tesorero, oficial mayor, pues entra a cuanta oficina se le antoja a ordenar y descalificar el trabajo de otros, pero además, es a quien le atribuyen todo el desgarriate financiero que otros saldrán a aclarar, como ya lo adelantó la misma presidenta municipal.

Y más allá de que aparezca o no en la nómina, o de que siga usurpando funciones, lo reprobable es que las ínfulas con las que se mueve, afecten el buen trabajo que hacen otros funcionarios o áreas, como la Dirección de Comunicación Social. 

Esperemos que la alcaldesa aplique el criterio, que lo tiene, y le evite dolores de cabeza a su equipo cercano y que el aniversario sea un éxito.

TRANSPARENCIA EN VEREMOS

La mesa directiva del Senado acordó extender por 60 días el plazo para emitir los lineamientos de transparencia y protección de datos personales con los cuales operará la Contraloría Interna en sustitución del INAI.

Conforme a la publicación en el Diario Oficial de la Federación, la Cámara alta alargó la emisión de la reglamentación, que debía estar lista el próximo 20 de abril.

“El Manual de Organización de la Contraloría Interna deberá actualizarse y aprobarse a los 60 días de la entrada en vigor de la presente reforma al estatuto”, establece el segundo artículo transitorio del acuerdo que modifica el estatuto de los Servicios Parlamentarios, Administrativos y Técnicos del Senado de la República.

El pasado 20 de marzo se publicó en el DOF la nueva Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en la que se estableció un plazo de 30 días naturales para que las nuevas autoridades garantes -en este caso, la Contraloría del Senado- emitan sus lineamientos de operación.

El plazo establecido por la mesa directiva comenzará a contabilizarse una vez que el acuerdo sea publicado en la Gaceta del Senado, circunstancia que hasta el momento no ha sucedido.

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