LA BUFADORA
Por. – El Mosquito

ENSENADA BC 17 DE ABRIL DE 2025.- El anunció que el martes pasado por la tarde hizo la alcaldesa de Ensenada, Claudia Agatón Muñiz, sobre el despido de 177 empleados de contrato que heredó de la pasada administración municipal, que encabezó por cinco años el ahora senador Armando Ayala Robles, genera muchas lecturas políticas, pero la idea que prevalece en el imaginario colectivo es que se trata de aviadores, o sea, gente que cobraba puntualmente su catorcena pero que no se presentaban a trabajar, y que en conjunto representaron un gasto de nómina mensual de dos millones 400 pesos, y que al año suman casi 29 millones de pesos.

Otra percepción de los ciudadanos que no gozan del privilegio de vivir del erario sin realizar el menor esfuerzo, es que hay más personas en la nómina del Ayuntamiento que no hacen nada, y que su único mérito y talento es ser alguien cercano al gobernante en turno.

Tampoco es la primera ocasión que una autoridad municipal de forma estridente da a conocer recortes de personal, pues en 2001 el entonces alcalde panista Jorge Antonio Catalán Sosa (+), corrió a 200 trabajadores que habían sido basificados en los últimos días del gobierno saliente, pero tal medida no constituyó ningún ahorro, porque simplemente los sustituyó por personas afines a su partido; lo peor es que los despedidos recurrieron a los tribunales, ganaron los juicios y las siguientes administraciones los tuvieron que reinstalar y pagarles salarios caídos.

Así que esta nueva acción contra los “aviadores” debe ir más allá de enviar un mensaje mediático de que ya se dio un rompimiento político entre Agatón y Ayala, sino que debe ser un programa de gobierno permanente, porque en esta era digital no se entiende que cada tres años se incremente exponencialmente el número de empleados municipales.

Sólo es necesario transparencia y rendición de cuentas, no es tan complicado.

SECTOR EN RIESGO

La ausencia de Gustavo Rodríguez Cabrales en la pasada reunión para la reactivación del estatus exportador de ganado en pie desde San Quintín y San Felipe hacia Estados Unidos se interpretó como algo más que un desaire institucional, porque la consideran una señal de la falta de atención con la que ha manejado su encargo como presidente del Comité Estatal de Fomento y Protección Pecuaria de Baja California.

Su papel como operador de recursos estatales y federales para campañas zoosanitarias es insustituible, pero su omisión no sólo retrasa el proceso de certificación sanitaria, sino que pone en riesgo el futuro económico de cientos de ganaderos del sexto municipio.

Los señalamientos del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), sobre el atraso de un año en los barridos contra la tuberculosis bovina, la falta de personal acreditado, la dudosa confiabilidad del censo ganadero y el incumplimiento de entregas de auditorías, todo bajo la esfera de responsabilidad de Rodríguez Cabrales, no pueden seguir siendo justificados con argumentos políticos. 

Además, su negativa a rendir cuentas, incluso su amago de ampararse para evitar la fiscalización, compromete seriamente el cumplimiento de los requisitos que exige el USDA y frena la posibilidad de que Baja California recupere su lugar como zona exportadora.

La gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda ha reiterado este compromiso como prioritario, y la alcaldesa de San Quintín, Miriam Cano Núñez, también lo expresó con claridad, en el sentido de que no se puede perder esta oportunidad por omisiones personales.

Las instituciones ya cumplieron convocando, solicitando informes y haciendo exhortos. Lo que sigue es actuar con firmeza. 

Si Rodríguez Cabrales no puede o no quiere cumplir su encargo debe dejar paso a quien sí esté dispuesto a trabajar por el sector ganadero regional.

INCUMPLIÓ ACUERDOS

La suspensión de los derechos del presidente de la Concanaco, Octavio de la Torre, se debe a que incumplió acuerdos a los que ya se habían llegado en el seno del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), advirtió Guillermo Zamarripa, presidente de la Asociación Mexicana de Administradoras de Fondos para el Retiro (Amafore).

Aseguró que el organismo que preside es uno de los que votaron para que se le suspendieran los derechos a De la Torre, debido a que no se alineó a lo acordado en la reforma sobre el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit).

“Cuando hay un acuerdo, los acuerdos se respetan y había una postura que era la que se estaba presentando en ese tema en concreto (reforma a la Ley del Infonavit) e hicieron una manifestación pública en la cual se desviaban de esa postura”, comentó.

Añadió que había una mesa tripartita que estaba acudiendo a instancias de Gobierno a negociar, pero el presidente de Concanaco la desconoció e hizo pronunciamientos en lo personal.

Explicó que los organismos con derecho a voto se pronunciaron por suspender los derechos de De la Torra de forma unánime.

El pasado 10 de abril, el CEE afirmó que los agremiados a la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicio y Turismo (Concanaco) no fueron excluidos del organismo y el único que tiene suspendidos sus derechos es su presidente, Octavio de la Torre.

Es la primera vez que se suspende al presidente de un organismo con derecho a voto dentro de la cúpula empresarial.

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