Fernando Núñez de la Garza Evia
Plaza Cívica
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MONTERREY BC 7 DE ABRIL DE 2025.- Recientemente los bajacalifornianos tuvimos acceso –aunque superficial– a los manejos entre ciertos medios de comunicación y el gobierno del estado. Poco finalmente se comentó por parte de la gobernadora Marina del Pilar, aunque ciertamente hay mucho qué decir. Este lamentable episodio bien pudo haber tenido un desenlace afortunado, aunque parece que era mucho pedir.

Según el Diccionario del Español en México, se le conoce popularmente como chayote al “soborno que una oficina de gobierno da a un periodista o a un medio de comunicación para inducirlo a informar según su conveniencia”. Al chayote también se le conoce como “embute”, como bien lo escribió en su momento el periodista Julio Scherer García. El problema en el estado –y ciertamente en todo el país– no es que haya publicidad oficial en los medios de comunicación, ya que eso sucede en todo el mundo. El problema es que ese dinero público se utilice opacamente, precisamente como soborno, para comprar a medios de comunicación y, en el proceso, socavar la democracia.

La experiencia internacional en países democráticos es vasta. No tenemos por qué inventar el hilo negro en nuestro estado. En la Unión Europea (UE), por ejemplo, la Ley Europea de Libertad de Prensa regula temas en materia de comunicación social e independencia editorial. También tiene distintas iniciativas a través de las cuales destina fondos públicos para evitar las “áreas de desierto noticioso”, es decir, la falta de medios locales. Existen iniciativas parecidas en distintos estados de la Unión Americana, como California, Nueva York y Nueva Jersey. El fin último de este tipo de esfuerzos es incrementar el número y la independencia de los medios locales, fundamentales para promocionar las necesidades de la población, mantenerla informada e impulsar los laboratorios de la democracia (es decir, la democracia local).

Habiendo tanto que se puede hacer, la respuesta de la gobernadora en su “mañanera” fue en extremo lacónica. Solo mencionó respeto y admiración por los “compañeros” de los medios, e hizo énfasis en la libertad de expresión. ¿No hubiese sido mejor anunciar el envío de una iniciativa al Congreso del estado en materia de comunicación social, basándose en las mejores prácticas internacionales, en un formato de parlamento abierto, la cual hubiese sido aprobada sin problema alguno? ¿No hubiese eso convenido al estado, a los medios de comunicación locales, a la democracia bajacaliforniana misma e, inclusive, al gobierno de la gobernadora? Porque el congreso local es suyo, la oposición no se hubiese opuesto, y Marina del Pilar hubiera podido presumir su diferencia con el resto de los gobiernos y los partidos políticos. Sin embargo, todo indica, este gobierno no será ninguna excepción.

De acuerdo al “Índice de Estado de Derecho en México 2023-2024” del World Justice Project, Baja California es el tercer estado del país con el puntaje más bajo en materia de libertad de expresión. Por lo pronto, el diputado Jaime Cantón sopesa denunciar al periodista Rubén Gómez por extorsión, y la práctica de “no pago para que me peguen” seguirá con plena salud.

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