LA BUFADORA
Por. – El Mosquito
ENSENADA BC 9 DICIEMBRE 2024.- Durante 2023, siete entidades federativas, entre ellas Baja California, contribuyeron con más de la mitad de los 31.9 billones de pesos corrientes que sumó el Producto Interno Bruto (PIB) del País en 2023, de acuerdo con el informe publicado por el Inegi este fin de semana.
De igual forma, el reporte deja ver que el PIB de 13 estados superó el crecimiento de 3.3 por ciento alcanzado por el PIB nacional.
Las siete entidades que más aportaron al PIB fueron: la Ciudad de México, Estado de México, Nuevo León, Jalisco, Guanajuato, Veracruz y Baja California.
Esperemos que durante la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo nuestra entidad se mantenga en el radar de la federación a la hora de asignar recursos para obras de infraestructura, como las anunciadas hace unos días por la mandataria federal para la modernización de los puertos de Ensenada y El Sauzal.
IGUALDAD ANTE LA LEY
En el Congreso del Estado, los diputados locales de extracción morenista, Jaime Eduardo Cantón Rocha y Liliana Michel Sánchez Allende, presentaron una iniciativa para derogar el artículo 160 del Código Civil de Baja California -así lo indica el propio portal del Congreso-, que establece la obligatoriedad de presentar certificado médico para contraer matrimonio.
Sin embargo, el artículo 160 del Código Penal, relativo al “peligro de contagio de salud” señala lo siguiente: “El que ha sabiendas de que está enfermo de un mal venéreo u otra enfermedad grave en periodo infectante, ponga en peligro de contagio la salud de otro, por relaciones sexuales u otro medio transmisible, o violando un deber de cuidado, será sancionado de uno a cuatro años de prisión y de diez a cincuenta días multa. Si la enfermedad padecida fuera incurable se impondrá la pena de cinco a nueve años de prisión.
En ambos casos se impondrá tratamiento curativo obligatorio en institución adecuada. Cuando se trate de cónyuges, concubina o concubinario sólo podrá procederse por querella del sujeto pasivo”.
De entrada, los dos legisladores deben aclarar de cual artículo 160 estamos hablando, porque el comunicado de prensa que emitieron no lo precisa, pero sí lo refiere la página digital del Congreso local en la que se informa el registro de iniciativas, donde claramente dice “artículo 160 del Código Civil”.
La propuesta de Cantón y Sánchez es “(…) modificar el requisito de examen médico del contrato de matrimonio para no transgredir los derechos humanos de las personas contrayentes”.
En la exposición de motivos, según apuntan en su boletín, aluden a la recomendación 19/2018 (CEDHBC, 2018), en la que “se da constancia de que cuando las personas buscan contraer matrimonio, uno de los requisitos que solicita el Registro Civil, es el certificado médico, lo cual lesiona la dignidad humana de quien es portadora de alguna enfermedad de trasmisión sexual, en especial de las personas que padecen VIH, esto constituye una violación a los derechos humanos”.
Así que para evitar confusiones y que los y las diputadas de Baja California aprueben sin leer ni analizar reformas a las leyes, como viene siendo su costumbre con las reformas constitucionales, tienen que especificar si se trata del código penal o civil, y si tal iniciativa no representa una contradicción entre ambos ordenamientos.
El riesgo es que, con un argumento falaz también se pretenda derogar ese artículo del Código Penal, porque presumen que victimiza a la comunidad LGTB, cuando no son los integrantes de esa comunidad los únicos que pueden caer en la presunción de cometer el delito que se sanciona, pero como ahora nuestros representantes populares están inmersos en la Agenda Woke a la mexicana, quieran desvirtuar el sentido amplio del delito de “Peligro de contagio de salud”, para quedar bien con una minoría.
Si quieren buscar mecanismos para proteger a ciertas minorías, los legisladores deben entender que no por ello, a ninguna minoría se le deben otorgar derechos, beneficios o privilegios superiores a los de cualquier ciudadano, porque ante la ley todos somos iguales.
TAMBIÉN AQUÍ HACE FALTA
Aunque las autoridades federales han dado varios golpes a grupos criminales en Sinaloa y el Estado de México, los ciudadanos y empresarios de otras entidades viven el día a día con zozobra, como es el caso de los residentes de Ensenada que se dedican a importantes actividades productivas, como la pesca.
Ojalá que Omar García Harfuch, quien temporalmente se estableció en Sinaloa para pacificar ese estado, también implemente operativos similares en Baja California, donde los últimos seis años la federación estuvo ausente en materia de seguridad, debido a la ineptitud del todavía fiscal general de la república, Alejandro Gertz Manero.
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