Palco de Prensa
Por : Gilberto LAVENANT

Calmados los ánimos, luego del escándalo suscitado esta semana en la legislatura estatal, por el reclamo de dirigentes del sector empresarial, ante la intentona de aumentar el número de legisladores de 25 a 29, redimensionando el asunto, se advierte que fue algo así como el aborto de un proyecto político hacia las elecciones locales del 2013.

Dicho en palabras más o menos sencillas, los actores políticos involucrados en este asunto, los que lograron sacar el acuerdo aprobatorio, que provocó el enojo y reclamo empresarial, estaban “cargando los dados” para en los próximos comicios, ganar, ganar.

En principio, el malestar generado fue porque la tendencia y reclamo nacional es en el sentido de disminuir el número de legisladores  -500 diputados federales y 128 senadores, son demasiados e implican un altísimo costo, con mínimo resultado- por lo que resulta absurdo que en Baja California se esté planeando aumentar el número de distritos electorales y por lo tanto el de legisladores locales.

Abortado el proyecto, aunque se haya aprobado el dictamen de comisiones, el dirigente estatal del PRI, René Mendívil, dió la cara, para tratar de recomponer las cosas y pretendiendo diluir responsabilidades sobre la autoría de ésto.

Para empezar, dijo que la iniciativa de crear más distritos electorales, de 17 a 20, fue propuesta por el Partido Nueva Alianza, por conducto de la diputada Arcelia Galarza y que la bancada priísta simplemente la apoyó. Como quien dice, “se lavó las manos”, al menos en lo que respecta a la autoría intelectual.

Y toda vez que aparentemente el enojo y reclamo empresarial, fue por el hecho de haberse aprobado incrementar de 25 a 29 diputados, manifestó estar de acuerdo en rectificar y reducir a 23 el número de legisladores, pero eliminando a los de lista, a fin de que hubiera 20 de mayoría y 3 plurinominales. Esto, en respuesta a la protesta por el incremento en el costo, al elevarse el número de integrantes de la legislatura.

Vayamos por partes. Esta propuesta, que se formalizaría en el pleno del próximo martes, garantizaría la mayoría legislativa a alguno de los partidos contendientes en los comicios del 2013 y obviamente la representación de los partidos minoritarios. Toda vez que los panistas van en declive en cuanto a preferencias electorales, y el PRI parece retornar a su antiguo papel de “aplanadora”, sería el ganón y las minorías quedarían como simples espectadoras del trabajo legislativo.

De paso, si el futuro gobernador fuese de extracción priísta, tendría el camino libre para hacer y deshacer, sin bloqueos e incómodos cuestionamientos o reclamos.  

También dijo que otra parte de la propuesta, la que en principio parece atractiva y favorable, pretende se cancelen las prerrogativas de los partidos políticos, o sea que ya no se les proporcionen recursos públicos para existir y operar. Que cada quien se rasque con sus propias uñas.

Esto, que los bajacalifornianos aprobarían gustosos –incluso hasta con los ojos cerrados- podría sacar del juego político a todos los partidos o políticos pobres, que no tuviesen recursos para financiar sus respectivas campañas. Una fórmula o método sencillo y directo para eliminar rivales. Incluso a los candidatos ciudadanos.

Hasta ahí, obviamente resulta extraño que los partidos pequeños como el Partido del Trabajo, apoyen ésta propuesta que les afectaría. Seguramente ya establecieron compromisos, alianzas o pactos para amortiguar los daños e incluso salir beneficiados.

En la confusión, o aprovechando la viada, como dicen en el pueblo, plantean el mecanismo para empatar las elecciones locales con las federales, ahora sí, lo que implicaría que se reduzca un año el período de gestión del gobernador, legisladores y alcaldes que sean electos en el 2013, con lo que se lograría un ahorro enorme. Aparentemente.

La intención es lograr el empate en el 2018, en las próximas elecciones presidenciales, que sería la meta del proyecto político que contempla todo esto.

Se le agregarían algunas cosas más, como crear una fiscalía especial en delitos electorales, que al final de cuentas no sirven para nada, salvo atajar reclamos, y el fijar topes a los presupuestos de los poderes legislativo y judicial.

El dirigente priísta, jura que todas estas acciones y propuestas llevan el propósito de responder con claridad a las exigencias de la sociedad bajacaliforniana “que es la de mayor ahorro y transparencia”.

Concluye sus aseveraciones, con un mensaje retador y –aparentemente- seductor : “Si las fuerzas políticas opositoras están de acuerdo, les propongo que vayamos privilegiando el contar con un Congreso conformado en su totalidad por diputados electos por los bajacalifornianos y eliminemos aquéllos designados por los partidos”.

El problema es que los políticos planean, proyectan, sin tomar en cuenta la opinión de los diversos sectores sociales, como en el caso del reclamo, la opinión de los empresarios.

El otro problema es que los ciudadanos, o sea los electores, no confían en los políticos. Por muy democráticas que parezcan sus propuestas, nadie, salvo ellos mismos, conocen sus verdaderas intenciones.

En principio, se dá casi como un hecho que el proyecto político abortó. Falta ver qué pasará en el pleno del próximo martes, cuando la legislatura tenga que someter a votación la propuesta, con las correcciones o ajustes que se le hagan de última hora.

Este asunto ha generado tal revuelo, que seguramente muchos tratarán de estar presentes en dicho evento. Aunque cobrasen la entrada, sin duda la pagarían.

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