Palco de Prensa
Por : Gilberto LAVENANT
En el sistema político mexicano, cuando un asunto se pone difícil, o sea se “calienta”, por las controversias que genera, se aplica una técnica elemental : se somete a un procedimiento de “enfriamiento”, durante un largo tiempo, luego del cual, cuando las partes interesadas o en contra, se cansaron de protestar y patalear, súbitamente lo “sacan del enfriador” y le dan carpetazo. Ya entonces, nadie dice nada. El método es infalible.
Este método fue precisamente el que se aplicó o se puso en práctica, con el asunto del edificio de la Calle Ocho. Un día, algún funcionario del XX Ayuntamiento de Tijuana, que encabeza el priísta Carlos Bustamante Anchondo –hay quienes afirman que fue precisamente él- observó el inmueble y lo consideró ideal para establecer ahí algún fructífero negocio, en lugar de las dependencias municipales, que recordaban, supuestamente, al viejo Tijuana.
Aunque parezca absurdo, aún hay quienes piensan que las leyendas negras de la humanidad, se borran, destruyendo los vestigios de la misma. Lo mismo han de haber pensado, en la época colonial, cuando sepultaron o destruyeron muchas obras arquitectónicas indígenas, que representaban valiosas muestras de los orígenes de este país. Hoy las ruinas generan asombro a quienes las descubren.
Guardadas las proporciones, y sin caer en exageraciones, las instalaciones de la Calle Ocho, eran vestigios de la historia reciente de Tijuana. Ahí funcionaron la comandancia de la policía municipal, el servicio secreto, la agencia del ministerio público del fuero común, la cárcel preventiva que albergó a peligrosísimos delincuentes y el edificio central de bomberos. Pudieron más los criterios mercantilistas de los empresarios metidos a políticos, que la historia misma de esta ciudad.
Maquinado el proyecto y definida la estrategia para comercializar el inmueble, lo que se hizo en forma más o menos sigilosa, un día, previo “consenso” con los regidores del cabildo del XX Ayuntamiento, quienes en su mayoría tienen brazos ligeros, lo que les permite alzarlos fácilmente, para aprobar las propuestas que provienen del Alcalde, dieron su voto para que se desincorporara del dominio público y procedieran a su venta.
Esto fue el sábado 24 de diciembre del 2011, en sesión extraordinaria. El clásico sabadazo, como para evitar intromisiones. Las condiciones en que se tomó dicho acuerdo, generaron enormes sospechas, además de los reclamos de grupos diversos que le consideraban razgos históricos al inmueble e incluso de aquellos que estimaban sería ideal para conservarlo como atractivo turístico cultural. Se planteaba la posibilidad de establecer ahí un Museo de la Policía Municipal. Las pretensiones y criterios mercantilistas, prevalecieron.
Un mes antes de la toma de dicho acuerdo, el lunes 28 de noviembre, los periodistas cuestionaron al Alcalde Bustamante Anchondo respecto a los rumores en torno a la pretensión de vender dicho inmueble, pese a las solicitudes de grupos sociales para convertirlo en un Museo de la Policía Municipal o un sitio cultural y el funcionario de inmediato respondió que se vendería, porque era una parte negativa de la historia de Tijuana.
Las crónicas periodísticas consignan que manifestó : “…Yo no estoy de acuerdo en que haya un museo de lo peor de Tijuana, el lugar es espantoso, la historia allí no es nada agradable y creo que no tenemos que hacerle mención a ese tipo de lugares”.
Pero no crean que fué el único político que se expresó despectivamente respecto al inmueble en mención. En 2009, durante el segundo informe de gobierno del XIX Ayuntamiento de Tijuana, del panista Jorge Ramos Hernández, en el apartado relativo a la seguridad y justicia, el munícipe dijo que “…El edificio de la Calle Octava y Avenida Constitución, lejos de representar un ícono de la seguridad y protección ciudadana, representa la historia negra de la corporación”.
“Ligada –agregó- por décadas con actos de corrupción, violación de garantías y servicio deficiente, la misma situación que encontramos en el resto de las instalaciones, donde se continúan mezclando asuntos policiacos con trámites ciudadanos, en razón de que los espacios administrativos de la policía se concentran en reducidos espacios que se comparten con las otras actividades operativas y administrativas de las delegaciones”.
Según los criterios extrenados por el priísta Bustamante Anchondo y el panista Ramos Hernández, habría que borrar los textos de historia y deberían derrumbar todas las instalaciones públicas donde se han violado derechos humanos y garantías individuales en general y que constituyen una leyenda vergonzosa para los mexicanos. Nada más que habría que precisarles, que no dejarían edificio público alguno, porque la corrupción y vejaciones siguen siendo “pan de todos los días” en todo tipo de edificios públicos, no sólo en los policiacos, aunque sean de construcción reciente.
Pese a los reclamos, y sin facultad alguna, en tanto que el Cabildo simplemente aprobó la desincorporación y venta del inmueble, siete días, después, concretamente el 31 de diciembre del 2011, una empresa privada inició la demolición del viejo edificio. Dos semanas después, cuando ya todo eran ruinas, surgió un flamante Comité Para la Defensa del Patrimonio Público de la Ciudad, denominado “Todos Somos Tijuana”, exigiendo, entre otras cosas, se suspendiera de inmediato el procedimiento de venta del predio.
La supuesta defensa, no pasó de ser una simple acción mediática. Nunca más se supo de dicha organización. Total, esta semana, el gobierno municipal de Tijuana convocó a subasta pública para iniciar el procedimiento formal de venta del inmueble en mención.
Lo dicho, el método del “enfriamiento” surtió efectos. Los criterios mercantilistas fueron superiores que las propuestas culturales e históricas. Se recomienda a los estudiosos de la historia, que al menos tomen fotografías de edificios e instalaciones antiguas de la ciudad, porque evidentemente están en peligro de ser “borradas” para hacer fructíferos negocios. Por lo que respecta a asunto de “La ocho”, ya le dieron “carpetazo”.
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