Por Raúl Ramírez Baena

Difícilmente gobierno o persona alguna pudiera dudar de la calidad moral y profesional de Amnistía Internacional (AI), con sede en Londres; la Organización No Gubernamental más influyente del mundo con estatus consultivo en la ONU acaba de publicar su informe denominado “Culpables Conocidos, Víctimas Ignoradas. Tortura y Maltrato en México”.

El Informe denuncia también otras violaciones a los derechos humanos como las ocurridas a las mujeres, las detenciones arbitrarias, los abusos contra migrantes, la desaparición forzada de personas, el secuestro, el arraigo, las reformas judiciales y otros temas por demás importantes que desnudan de cuerpo entero las acciones y omisiones del Estado Mexicano que afectan a la dignidad humana.  

Por supuesto que el gobierno federal se apuró a manifestar que el presidente Calderón tiene un “pleno compromiso con la promoción y protección de los derechos humanos, en particular en el combate a la tortura y los maltratos”. Ajá.

A través de un comunicado emitido por la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaría de Gobernación y la Procuraduría General de la República, el gobierno federal dijo que “analizará” el Informe en cuestión y expuso que presentarán un informe sobre la aplicación de sus políticas en esta materia –entre el 31 de octubre y 1 de noviembre próximos– ante el Comité contra la Tortura de la ONU, que es el que supervisa la Convención contra la Tortura, a la que México se sumó en 1986.

En el Informe se publican tres casos de tortura cometida por el ejército en Baja California: 1) los 25 policías municipales de Tijuana torturados por su jefe el Tte. Cor. Julián Leyzaola y por militares adscritos al 28º Batallón de Infantería, caso documentado por la CCDH en 2009 que mereció la Recomendación 87/2011 de la CNDH, aceptada pero a la fecha no cumplida; 2) la de cuatro civiles de Playas de Rosarito torturados en el cuartel militar El Aguaje de la Tuna de Tijuana, caso que fue presentado este año por la CCDH y la CMDPDH al Comité contra la Tortura de la ONU, y 3) la violación sexual como método de tortura cometida en 2011 por militares en Tijuana en contra de una ciudadana, litigado por la CMDPDH, que ameritó la reciente Recomendación 52/2012 de la CNDH.

Estos son casos paradigmáticos que representan decenas de otros más documentados en la entidad por la CNDH, la PDH y las ONG en los últimos tres años.

Lo destacable del informe de AI es que visibiliza otra cara de la realidad en torno a los derechos humanos en Baja California, que no siempre se conoce a través de los medios de comunicación, que no sea la pérdida de vidas en crímenes de alto impacto o la nota roja; los medios en Baja California no disponen de la fuente de derechos humanos, prueba de ello es que no se destacó el mencionado Informe.

En la entidad se han incrementado progresivamente los crímenes y los robos en todas sus modalidades; crecen también el narcomenudeo, las adicciones y, de manera preocupante, las violaciones a los derechos humanos. Todos estos fenómenos están íntimamente relacionados entre sí, pero la manera de enfrentarlos por las autoridades es bien diferente. No hay una atención oficial a los abusos en la medida de su gravedad.

Con la inclusión de la cúpula empresarial pero la exclusión de las ONG dedicadas a la defensa y promoción de los derechos humanos en las políticas de Seguridad Pública, el Estado enfrenta la inseguridad y el crimen con una punitiva visión policíaco-militar que no combate a fondo la corrupción y la impunidad a pesar del Sistema de Control de Confianza y de la Plataforma México. No se ven los resultados de la coordinación y de los recursos federales asignados por el Subsidio para la Seguridad en los Municipios (Subsemun), que contempla también atender el tema de los derechos humanos, cosa que no se hace.

Las autoridades civiles y militares de Baja California deben ver con seriedad, atención y preocupación el Informe de AI, para actuar en consecuencia y prevenir y sancionar las violaciones a los derechos humanos cometidas por los agentes del Estado, no sólo acudir a fastuosos y autocomplacientes eventos como el TIJUANA INNOVADORA que presentan una cara bonita de la ciudad pero no la realidad social.

Un punto en extremo preocupante que puede incrementar las violaciones a los derechos humanos, es la facultad que otorga la Ley General de Salud al Fuero Común para perseguir al NARCOMENUDEO en todo el país.  

Mal hacen nuestras autoridades civiles y militares en criminalizar a los adictos, a los jóvenes y a los trabajadores empobrecidos, como hoy sucede. Las adicciones son un tema de Salud Pública, de Derecho a la Salud antes que de Seguridad Pública. La visión policíaca y criminal de estos fenómenos –que son consecuencia del modelo de desarrollo injusto y desigual- impide un tratamiento integral y humano del tema, para la rehabilitación y reinserción social de los adictos y los infractores de la ley.

Imagínese usted a la temible Policía Estatal Preventiva, a los soldados y a las policías municipales, todos ellos sin formación efectiva en materia de derechos humanos, discriminando, persiguiendo, deteniendo y torturando adictos, jóvenes y chivos expiatorios, y al Ministerio Público del Fuero Común consignando al por mayor. Todo ello para efectos ESTADÍSTICOS, para obtener más presupuesto y para tener contentos a los jefes militares y policíacos y a los funcionarios ante la opinión pública. Si no se corrige hoy, habrá entonces más material para los siguientes informes de Amnistía Internacional.

*Director de la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste, AC