Palco de Prensa
Por : Gilberto LAVENANT

Comentaba ayer que la educación en México, desde hace muchos años, ha sido un verdadero negociazo para quienes se involucran en torno a esta.

Observaba que la referencia no era por cuanto al surgimiento de escuelas privadas, ante la incapacidad gubernamental de solucionar la falta de espacios educativos a todos los niveles,  que también se ha convertido en un lucrativo negocio, sino al que han desarrollado muchos “vivillos”, dentro de la educación pública.

Decía que lo irónico, lo absurdo, lo aberrante, es que sea la educación pública, en la que   han logrado establecer sus “minitas de oro”. Sin que nadie se atreva a frenarlos o fiscalizarlos. Y que entre más prestigiada sea la institución educativa, mayores ganancias les reditúan.

Observaba que el “negocio”, no es por las cuotas de inscripción en cada ciclo escolar, sino por todos los accesorios que se exige o establece como obligación, o condición, para que los niños o jóvenes estudiantes puedan ingresar y estudiar en determinado plantel educativo.

Apuntaba que esto es prácticamente general, en todos los niveles de la educación, desde jardín de niños, primaria, secundaria y preparatoria o nivel medio superior. Que tales negocios se manejan bajo diversas modalidades, como la instalación o concesión de cafeterías, papelerías, librerías, así como venta de uniformes escolares, la venta obligada de boletos de rifas o eventos sociales o artísticos.

Que todo negocio, de este tipo, generalmente es controlado por el director en turno y que la mayoría de las veces se maneja a través de supuestas sociedades de padres de familia.

Decía también que lo delicado es que esto ocurre no solamente en planteles educativos ubicados en la periferia de la ciudad, alejados de zonas urbanas o céntricas, donde todo se maneja con libertad, bajo el supuesto de que son poco conocidos y por lo tanto, nadie o muy pocos podrían percatarse de ello. Que, como dicen, esto pasa hasta en las mejores familias. Bueno, hasta en las mejores escuelas.

El tema central, ayer, era el negociazo existente en la prestigiada Preparatoria Federal Lázaro Cardenas, ubicada en el Centro Escolar Agua Caliente, en Tijuana, en la que una supuesta sociedad de padres de familia, según constancias proporcionadas al columnista, y cuya directiva se ha perpetuado durante más de 12 años, maneja ingresos por unos 5 millones de pesos, tan solo por concepto de cuotas de inscripción y reinscripción, y otros 3.3 millones de pesos por concepto de una rifa anual. Además de otros conceptos.

Personas conocedoras de estas cosas, de inmediato establecieron comunicación con el columnista, para ampliar y precisar la información, en base a lo cual, a simple vista, se puede presumir la comisión de posibles hechos delictivos, que implican o se derivan del hecho de que particulares manejen la institución educativa tan importante, como si fuese una empresa privada, que debe ser materia de investigación por parte de instituciones como la Secretaria de la Función Pública, la contraloría interna de la Secretaría de Educación Pública y la propia Procuraduría General de la República.

Por cierto, cuando se habla del manejo de recursos, materiales y humanos, en instituciones públicas, se dice que todo se debe manejar con transparencia, para evitar malos manejos, para que no haya actos de corrupción. En el caso de la Prepa Federal, todo es tan “transparente”, o sea lo manejan sin rubor alguno, a la vista de todo mundo, como si se tratase de una sociedad mercantil. En los próximos días el columnista abundará más al respecto.

A partir de esta publicación, varias personas se comunicaron con el columnista, para referir un “negocio” similar, aunque más modesto, que se maneja en la Escuela Secundaria Estatal No. 20 “Sindicato Alba Roja”, ubicada en la zona centro de Tijuana.

En dicho plantel, un grupo de profesores se “asociaron” para explotar u operar la cafetería escolar. Para disimular que se trata de un negocio de quienes ahí laboran, elaboraron un contrato concesión a favor de una persona de nombre Margarita Baez Osuna, aunque en realidad quien la maneja es Lorena Puga Arámburo, hermana de uno de los “socios”.

Desde hace aproximádamente 7 años manejan este “negocio” y anualmente los “socios” se reparten las “utilidades”. El caso es que en la última repartición, al parecer hubo manoteo, en base a aquello de que “quien parte y reparte, se queda con la mayor parte”, lo cual provocó el enojo de los “socios” que vieron disminuir sus ingresos anuales, por dicha “empresa”.

Los afectados, cual si fuese una empresa privada, pretendiendo reclamar sus supuestos derechos, denunciaron los hechos ante el Sistema Educativo Estatal, en base a lo cual se ordenó una auditoria. Ayer se esperaba que hiciera acto de presencia el auditor, pero no lo hizo. Se estima que lo hará este día, o en todo caso se teme que las reparticiones también alcanzaron para tapar ojos y oídos a las autoridades educativas estatales. Todo puede ser posible.

Según los informantes, salvo prueba en contrario, los “socios” de esta lucrativa “empresa”, responden a los nombres de Carlos Omar Gómez Magdaleno, Hafid Hernández Montañés, Alfredo Lugo González, Rosa María Lugo González, Rodolfo Sergio Puga Arámburo, Alma Lilia Real Ibarra, Verónica Real Ibarra, Jorge Antonio Rivas Pérez, Arturo Rodarte Córdova, Catalina Sigala Franco, Jesús Francisco Torres Martínez, Angélica Isabel Canett Brizuela, Rosa Aidé López Jacobi, Carolina Torres Rojo, Mario Briones Payán, Oscar Eduardo Magaña López, Carmen Yessel Rivas Pérez y Olga Leticia Valenzuela Olguín.

Los informantes aseguran que hay “mucha tela de donde cortar” en torno a este asunto. Los “negociazos” educativos han permitido que muchos se conviertan en “empresarios”. Mientras las “reparticiones” sean equitativas, todos felices. Qué cinismo.  

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