TIJUANA BC 18 DE AGOSTO DE 2012.- En todo tipo de negociación, una parte reclama lo más que le sea posible, a sabiendas que en el regateo le darán menos, y el obligado a satisfacer el reclamo, ofrece lo menos, a sabiendas que tarde que temprano dará un poco más. Esto es una costumnbre y una tradición.

 

En el libre comercio, el regateo de precios es una habilidad. Hay compradores que salen a la calle, preparados para comprar lo más posible, a base de regatear precios con los vendedores. Estos a su vez, establecen los precios de sus productos, dejando un margen, para el caso de que algún comprador sea de los que regateen.

 

Hasta ahí, esto se entiende. Es parte de la ley de la oferta y la demanda. Total, si en el regateo, no se satisfacen las condiciones del vendedor, o del comprador, pues no hay operación y cada uno sigue por su parte intentando nuevas negociaciones.

 

Esto no debería ocurrir en otro tipo de negociaciones, como las salariales. Tanto en el sector público como en el privado, aunque es más preocupante en el público, porque al final de cuentas, los jaloneos se reflejan en la prestación de servicios o en el incremento en el costo de los mismos.

 

En las negociaciones salariales, relativas a empresas privadas, se corre el riesgo del cierre de las mismas, ya sea porque al romperse las pláticas se llegue a estallar la huelga, se reduzcan las plazas y por ende las utilidades de los empresarios.  

 

En el ánimo de conservar las fuentes de trabajo, se sacrifican exigencias de incrementos salariales. Aquellos trabajadores a quienes los incrementos salariales, no les parezcan remunerativos, pues optan por buscar empleo en otras empresas.

 

En donde se reducen las opciones, y se limita el alcance de las negociaciones, es en el sector público. Los trabajadores de gobierno, podría decirse que con todo el derecho para ello, reclaman el mayor porcentaje posible de incremento salarial. Los funcionarios encargados del área, ofrecen lo menos posible.

 

El problema es que en el sector público, no hay, como en el privado, reducción de utilidades. El limitante principal para negociar, es el presupuesto autorizado. Generalmente se prevee un porcentaje de incremento y a este se tiene que ajustar la mejoría salarial a sus trabajadores. No se trata de generosidad gubernamental, ni de cerrazón. 

 

En ese ámbito, las negociaciones salariales deben ser más frías o técnicas, en base a números y presupuestos. Los trabajadores pueden reclamar el incremento que sea, pero al final sólo se otorgará aquello que sea posible y que esté presupuestado.

No es necesario llegar a los gritos y sombrerazos, al chantaje o a la extorsión. Ni para qué llegar a la suspensión de labores, pues al final de cuentas más que afectar a los funcionarios públicos, se afecta a la ciudadanía en general.

 

Sin embargo, para no caer en ese tipo de negociaciones, también debe haber claridad en el sector público. Cuando el gobierno argumenta que carece de recursos para otorgar el incremento salarial reclamado, no hay quien crea que sea cierto.

 

Sin necesidad de entrar en profundidades, se intuye que los gobernantes son derrochadores en muchas áreas, como la de las asesorías, u obras de relumbrón, que son la causa principal de las crisis económicas que afrontan.

 

El caer en la tentación de hacer obras millonarias, mediante créditos onerosos, a pagar a plazos larguísimos, solamente para lucirse y abonar a las aspiraciones futuras del gobernante en turno.

 

En tales condiciones, se entienden y reconocen las penurias económicas que afrontan, pero no se justifican. Si a los políticos se les amarrasen las manos, no solamente para que no roben, sino incluso para que no hipotequen a los gobiernos a su cargo, contratando créditos millonarios, no tendrían necesidad de pagar fuertes cantidades en intereses y estarían en posibilidad de conceder mejoras salariales a sus trabajadores.

 

Que quede claro, los trabajadores de gobierno, no son la parte mala de esta película, sino los pésimos administradores públicos que de manera irresponsables hacen obra con dinero ajeno, en lugar de ajustarse a los recursos presupuestados.

 

Así es que, en lugar de descalificar a la parte laboral, por exigir mejores condiciones salariales, se debe legislar para impedir que los gobernantes acudan a créditos millonarios, que no podrán cubrir durante su gestión.

 

Ahí tienen el caso del Pire en Tijuana, que tiene al Ayuntamiento local metido en un atolladero crediticio, del que difícilmente podrá salir, pero que nadie hizo nada por impedirlo. Si los montos de dinero que se pagan por concepto de intereses, estuviesen disponibles, las autoridades locales accederían a los reclamos salariales de sus empleados, sin apuro alguno.

 

Pero suele ocurrir que la parte laboral sea la más castigada. A la que muchos fustigan y descalifican, cuando reclaman mejoría económica. De inmediato se les acusa de atentar contra la economía e integridad del gobierno, cuando los verdaderos responsables de tales agonías, son los políticos que generaron los adeudos que hoy se enfrentan.

 

Es importante observar esto, porque ayer el Gobernador José Guadalupe Osuna Millán, advirtió que no cederá a los reclamos de aumento salarial de los empleados de gobierno, lo que obviamente generará conflictos sumamente serios. Mientras que a los pésimos administradores públicos, nadie les llama a cuentas, ni les hacen reclamo alguno. Incluso, cínicamente, no ocultan sus intenciones de ocupar nuevos cargos públicos.

 

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