Procesos Políticos
Por: Abel Muñoz Pedraza

Antes de iniciar esta columna les quiero comentar a los lectores que me han seguido durante este tiempo que después de una corta ausencia por motivos académicos estaremos de vuelta todos los viernes, como de costumbre. Con esto espero que nos volvamos a rencontrar en el diálogo que hemos venido estableciendo cada semana gracias a sus comentarios.

En 2006 Felipe Calderón arribó a la presidencia de la República con un déficit de legitimidad tras una elección angustiosamente cerrada, la cual despertó la duda de millones de mexicanos acerca de su limpieza. En aquella ocasión la diferencia entre el primer y segundo lugar fue de 0.56 por ciento, es decir, 233,831 votos. El periodo de campaña estuvo marcado por la amplia ventaja que las encuestas le daban a Andrés Manuel López Obrador y por la dramática disminución de ésta tras el inicio de la propaganda negativa en su contra, aunado a la lenta respuesta de su equipo de campaña para contrarrestar el efecto.
 
En aquel entonces Calderón mencionaba que de llegar a la presidencia sería “el presidente del empleo”, sin embargo, ese eslogan se fue desvaneciendo poco a poco en la medida en que se acercaba la calificación de la elección del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), validando así el triunfo del PAN. El conflicto postelectoral que se suscitó terminó por minar la legitimidad del presidente recién electo y a los diez días de haber tomado posesión en un escenario difícil, Calderón le declaró la guerra al narcotráfico al movilizar a 6,500 soldados a su natal Michoacán, buscando así obtener la legitimidad que no le fue otorgada tras la elección.

La conclusión del proceso electoral federal 2011-2012 avecina una falta de legitimidad al virtual ganador de la elección presidencial a pesar del gran margen de diferencia que se dio entre los dos principales candidatos. A continuación explico.
 
Sin querer adelantarme a la calificación que el TEPJF hará de la elección que acabamos de vivir, todo parece indicar que el triunfo que Enrique Peña Nieto obtuvo en las urnas no será invalidado, sobre todo por las declaraciones que los miembros de este órgano han hecho al respecto y porque las irregularidades que demandan las izquierdas no son causales de nulidad o invalidez.

Sin embargo, es indispensable señalar que los contextos vividos en 2006 y 2012 son completamente distintos. La diferencia entre el primer lugar y el segundo fue de 6.62 puntos porcentuales (3,329,785 votos), cuestión que en teoría contribuye a que el ganador – al haber obtenido una ventaja holgada– no tenga problemas para legitimarse a través de una elección democrática, no obstante, conforme pasan los días se hace más evidente la utilización de recursos ilícitos en la campaña de Enrique Peña Nieto para la compra del voto a través de Monex y Soriana, hechos que han venido documentando varios medios de comunicación y cuestiones que vienen desgastando la imagen del priista, sumado a que un gran sector de la sociedad se ha manifestado en las calles y en las redes sociales en contra de él después de la elección.

Por otra parte, Peña Nieto siempre se mantuvo adelante de sus competidores en las preferencias electorales. Una vez transcurrida la jornada electoral –y al ser arrojados los primeros resultados de la elección– pudimos confirmar las sospechas que a menudo se manejaban durante la campaña: las encuestas estaban infladas y favorecían al candidato del PRI. Sin embargo, ni siquiera las pocas encuestas que se apegaron a metodologías más rigurosas, que trabajaron con mayor responsabilidad y ética profesional, y que estuvieron más cerca de predecir correctamente el resultado final pusieron en ventaja a AMLO durante la campaña. Es decir, a diferencia de 2006 en donde la contienda electoral se fue cerrando conforme las campañas transcurrían, en 2012 siempre existió un puntero y nunca fue desplazado.

Ahora bien, como comentamos anteriormente, la declaración de guerra que Calderón le hizo a los grupos del crimen organizado casi inmediatamente después de asumir la presidencia fue leída por muchos analistas como una maniobra política para legitimarse ante la ciudadanía. Una vez más esto contrasta con lo vivido durante 2012, específicamente con la candidatura de Enrique Peña Nieto y sus intentos por legitimarse frente a la sociedad, sobre todo por los tiempos y las circunstancias en las que lo llevó a cabo.

El primer intento de legitimación de Enrique Peña Nieto sin estar en el poder se dio antes de la jornada electoral y poco después de su visita a la Ibero, evento en el que por primera vez se le cuestionó abiertamente sobre su gestión como gobernador en el Estado de México y acerca de la posibilidad de que el PRI regresara al poder, saliendo mal librado del encuentro con los estudiantes. A los pocos días y cuando la noticia del rechazo estudiantil a Peña en la Ibero ya había calado hondo en las altas esferas del partido, apareció en la prensa escrita un decálogo firmado por él en el que ratificaba su compromiso con principios políticos a los que se apegaría su gestión presidencial de ser elegido por la mayoría. Entre ellos se destacan una serie de temas a los que fue sujeto de cuestionamiento por los estudiantes de la Ibero, de los cuales se destacan la libertad de manifestación, de expresión, el respeto a los derechos humanos y la transparencia y rendición de cuentas.

El segundo intento de legitimación sin estar en el poder se dio durante la coyuntura del destape de los casos Soriana y Monex como respuesta a las acusaciones de las izquierdas y de la información revelada por los medios. Ante esto, Peña Nieto destapó a Luis Videgaray como su coordinador de políticas públicas, a Miguel Ángel Osorio Chong como coordinador de diálogo y acuerdo político y a Jesús Murillo Karam como coordinador de asuntos jurídicos, todos estos personajes muy cercanos al candidato e integrantes del equipo de campaña. Estos nombramientos estuvieron acompañados de tres propuestas de reforma política en las que piensa trabajar: 1) la creación de una comisión anticorrupción, 2) dar competencia al IFAI para actuar en todos los niveles de gobierno y 3) la creación de una estancia reguladora de contratación de publicidad por parte del gobierno.   

Es evidente que las propuestas de Peña en los dos momentos que acabamos de mencionar responden a sucesos en donde la opinión pública lo ha cuestionado e incomodado, más que a una genuina vocación democrática y transparente. Difícilmente los intentos de legitimación por parte del priista contribuirán a que –en el supuesto de que el TEPJF valide la elección y éste asuma la presidencia el primero de diciembre– las fuerzas políticas de oposición, principalmente las izquierdas partidistas, la sociedad civil organizada y un amplio grupo de personas que votó por Andrés Manuel López Obrador lo reconozcan como una mandatario surgido de un proceso electoral transparente.

En este sentido, Enrique Peña Nieto tendrá que iniciar su gobierno frente a un alto porcentaje de la población que lo viene rechazando sin ni siquiera haber asumido el cargo político más importante del país. Por tal motivo nos preguntamos, una vez que encabece la presidencia de la República ¿buscará sorprendernos con una estrategia sacada de la manga como lo hizo Calderón en su momento? Y, ¿cuáles serían los riesgos de implementar políticas públicas sin un previo diagnóstico del problema?

Abel Muñoz Pedraza es maestro en Estudios Sociales con línea en Procesos Políticos por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM). Es egresado de la licenciatura en Relaciones Internacionales por la Facultad de Economía y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), campus Tijuana. Correo electrónico: [email protected] Twitter: @abelmunozpedraz