TIJUANA BC 3 DE ABRIL DE 2026 (AFN).- La gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, presentó una iniciativa de ley con el objetivo de proteger, fomentar y fortalecer la industria vitivinícola en Baja California, considerada estratégica para el desarrollo económico de la entidad.
El proyecto, denominado Iniciativa de Ley para la Protección y Fomento de la Industria Vitivinícola de Baja California, y la reforma a la Ley de Fomento a la Competitividad y Desarrollo Económico, constituye un planteamiento integral para regular e impulsar la actividad vitivinícola.
A esta actividad anterior se le reconoce como un motor clave por su impacto en el desarrollo regional, la generación de empleo y la proyección internacional del estado.
Este planteamiento busca regular e impulsar la actividad vitivinícola, reconociéndola como un motor clave por su impacto en la generación de empleo, el desarrollo regional y la proyección internacional del estado.
De acuerdo con la mandataria estatal, la iniciativa será enviada al Congreso del Estado lo antes posible para que los vitivinicultores se veían beneficiados en toda la cadena comercial.
Por otra parte, se realizará la creación del Consejo Estatal Vitivinícola, un órgano de consulta, apoyo, y coordinación público-privada, con el fin de lograr una mayor competitividad en la comercialización del vino, impulsar el enoturismo y garantizar la calidad y trazabilidad de los productos, con el propósito de posicionarlo en mercados nacionales e internacionales.
Asimismo, el secretario de Hacienda, Andrés Pulido Saavedra, informó que se otorgará un estímulo fiscal del 100 respecto al pago del Impuesto Estatal a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico a las empresas que produzcan en produzcan en Baja California.
Con esto se favorecerá a productores locales brindándoles mayor certeza jurídica y estabilidad para fortalecer la identidad regional.
Además, informaron que la iniciativa es resultado de un trabajo interinstitucional en el que participaron las secretarías de Hacienda, Economía y Turismo, la Consejería Jurídica del Estado y representantes del sector vitivinícola.
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