AFN POLÍTICO 

Dora Elena Cortés
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TIJUANA BC 18 DE AGOSTO DE 2025 (AFN).- Aunque el secretario general de Gobierno, Alfredo Álvarez Cárdenas no reconoció el error cometido sino que lo justificó, y afirmó que la denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) para que verifique los dichos de Dianeth Pérez Arreola, corresponsal de Agencia Fronteriza de Noticias (AFN) en Mexicali "no es censura", hay quienes afirmaron al reportero del barrio que más bien se trató de una "operación" para deshacerse "de manera limpia" del director de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tecate (CESPTE), Manuel Alejandro Castro Luna: "sin ensuciarse las manos". 

Y es que, le afirmaron, que ya les ha generado muchos problemas y que inclusive, se ha hablado de que muy pronto dejará esa posición, por lo que aseguraron que se decidió aprovechar la pregunta de la periodista en la pasada "mañanera" de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda para tomarla de pretexto de una investigación que involucrara al todavía funcionario, en el ex "Pueblo Mágico" de Tecate. 

Quién quita y también, en una jugada "de tres bandas" le daban una lección a la comunicadora para que ya se dejara de interrogar (muy a su estilo) y que se le quitara lo "habladora", dicho con humor y todo respeto, para nuestra colega y corresponsal.

Los trabajos de rehabilitación de la planta potabilizadora La Nopalera, le aseguraron al del barrio, sí están revestidos de mucho "sospechosismo" que no se habían atrevido a investigar, pero ahora, justificándose con la también editora del portal La brújula News, estarían en posición de solicitar a la autoridad Federal que interviniese, para luego decir: "nos vimos orillados a hacerlo". 

Pero ¿Qué pasa si Dianeth no acepta ser coadyuvante de la autoridad Federal? Muy a su estilo e ineptitud, ambas autoridades (federal y estatal) dirán que no pudieron encontrar nada, ni llegar a una conclusión, porque la periodista no les dio su información.

Sea como fuere, y aunque el secretario general de Gobierno no lo acepte o vea así, esto no deja de ser un intento de presión e intimidación que, al final conduce a una censura o autocensura que afectará no solo a los periodistas, sino a la comunidad misma. 

Un ejemplo: si un ciudadano es despojado de propiedades por un funcionario -o político- envuelto en la impunidad, y que le amenaza ¿Qué podría hacer la víctima?

En primer lugar ir a instancias superiores para denunciar al abusivo y también ante policías y ministerios públicos, que daremos por asentado que, tampoco le atenderán, desestimando sus denuncias, tal y como frecuentemente sucede.

Lo único que le quedaría, como ha ocurrido hasta el momento, es ir ante un periodista para exponer su caso y así llegar los oídos de las máximas autoridades, solicitando proteger su identidad, por las acostumbradas represalias.

Pero ¿cómo quedaría ese ciudadano -y la sociedad misma- si el periodista es llamado ante los ministerios públicos y jueces para informar sobre la persona o personas que le hicieron la denuncia?

¿Y qué pasaría si este,  intimidado lo revelara, tras ser invitado a ser coadyuvante?

Que la autoridad, normalmente interesada en saber quién o quiénes son las fuentes de todos aquellos temas espinosos que involucran actos de corrupción, estarían llamándonos a declarar constantemente, bajo la amenaza de sanciones, como ya ha ocurrido en otras ocasiones.

El ciudadano no volvería a dar a conocer la información privilegiada de la que tuviera conocimiento; la sociedad no se enteraría de todo lo que ocurre dentro de los gobiernos y que normalmente es escondido o solapado por propios funcionarios, y el periodista dejaría de convertirse en una voz de aquellos que claman por justicia, ante el temor o el malestar de ser constantemente requerido para presentarse ante esas instancias, cuando las propias leyes mexicanas y los tratados internacionales, entendiendo todo lo anterior, protegen la labor periodística. 

Pero aún así, en este caso, llevaron el tema de una pregunta (formulada para conocer más, acerca de la licitación de obras en La Nopalera y confirmar o desechar lo que se dice al respecto) al campo legal, en un claro acto -insistimos- de intimidación e intento de censura. 

De hecho, en su propio comunicado el secretario general lo dice claramente:

"La solicitud realizada a la Fiscalía tuvo como único propósito que se esclareciera, por todas las vías institucionales, LA AFIRMACIÓN REALIZADA POR LA PERIODISTA, en lugar de anunciar que estaban abriendo una investigación y dando Vista a la FGR para que se esclareciera lo relativo al tema que fue expuesto por la comunicadora, sin ponerla al centro de todo este debate. 

Inclusive, con esa acción se está arriesgando su seguridad, ya que el mensaje que se da con esto es que ella tiene toda la información que vincula a la empresa favorecida con el crimen organizado, lo que de ser cierto, haría hasta peligrar su vida.

Y volviendo al caso de Castro Luna, hay quienes señalan que ya fue requerido por la misma FGR, lo cual no fue señalado en el comunicado emitido hoy por Álvarez Cárdenas, quien sí hace notar que esa autoridad Federal ya solicitó a la Secretaría para el Manejo y Protección del Agua (SEPROA) como a la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tecate (CESPTE) que proporcionen toda la información relacionada con el tema, lo cual ya se hizo, aunque convenientemente, se indica que la autoridad Federal solicitó "manejar con confidencialidad la información, para no comprometer la investigación". Y luego, sin mencionar directamente a periodistas agrega que:

"La gravedad del señalamiento nos obliga A TODOS a proporcionar los elementos para esclarecer los hechos" 

ANA Y CONDA.- "Por sus obras los conoceréis". Y hay que estar muy atentos por si quieren gobernar Baja California 

PD.- Como dicen por ahí: el diputado Danny Fidel Mogollón afirmó conocer narcotraficantes, y no se solicitó ni a la PGR ni al Congreso, abrir una investigación.

PD1.- Tampoco de los múltiples casos en los que se ha hablado sobre colusión de algunos policías y "mandos" con el narcotráfico.

PD2.- Al requerir la autoridad Federal a Dianeth como coadyuvante, la obliga a apoyarles en sus supuestas investigaciones y a guardar la confidencialidad, como "parte" en el tema.

PD3.- Esa es otra forma de callar a un periodista. Pero ella no solicitó ser coadyuvante, y al parecer, nada la obliga.

PD4.- Gran escándalo que provocó en redes y en grupos de chat, la presencia de Érick "El Terrible Morales" en un evento de box.

PD5.- Y eso trajo a colación las denuncias que existen en su contra, en las que por cierto, tampoco se ha solicitado de manera oficial por parte de la Secretaría de Gobierno a la fiscalía Estatal que, investigue a fondo y resuelva.