Por la libertad de expresión y el derecho a la información
Francisco Vega de Lamadrid
Gobernador de Baja California
Perla Ibarra Leyva Bladimiro Hernández Díaz
Procuradora del Estado Contralor Estatal
25 diputados
Congreso del Estado de Baja California
Carlos Padilla Villavicencio
Auditor Superior en funciones
Órgano de Fiscalización Superior de Baja California
15 diputados federales por Baja California
Congreso de la Unión
A LA OPINIÓN PÚBLICA
En una inserción periodística, el Gobierno del Estado de Baja California se ha deslindado públicamente de los hechos que fueron ventilados en tres medios locales de comunicación, a saber, El Mexicano, Agencia Fronteriza de Noticias (AFN) y El Informador, respecto la intención de atacar la libre expresión en Baja California, a partir del acoso a la moral a dos periodistas.
En dos de esos medios hubo referencias específicas a funcionarios del Gobierno del Estado, entre ellos, el señor Jorge Alberto Cornejo Manzo, adscrito a la Dirección de Imagen y Publicidad.
En la inserción oficial, se indica que el Gobernador Francisco Vega de Lamadrid, “reprueba cualquier acción que atente contra la libertad de expresión y la integridad física o moral de los comunicadores…”, sin embargo, asume una actitud pasiva y complaciente en relación con las publicaciones que han sido replicadas en el ámbito local, nacional e internacional.
El Gobernador no ordena una investigación formal de los actos que se imputan a los funcionarios a su cargo, como sería lógico para deslindar administrativa y legalmente a su gobierno, y en su caso, identificar y sancionar a colaboradores que han pretendido, con recursos públicos, iniciar campañas de desprestigio.
Las conductas de funcionarios del Gobierno del Estado, que han actuado con indicaciones, complacencia o ignorancia del Gobernador del Estado, son inéditas en Baja California, y al ser contrarias a los principios del humanismo político que postula el Partido Acción Nacional, nunca se indujeron o permitieron, por los cinco mandatarios que previamente gobernaron el Estado desde 1989.
Por ello, solicitamos al Gobernador Francisco Vega de Lamadrid, ordene una investigación exhaustiva a la Contraloría del Estado, y una auditoría financiera, para observar y analizar el manejo de los recursos públicos asignados a la Dirección de Comunicación, y de manera particular en la Dirección de Imagen y Publicidad.
Las acciones de dicha investigación y auditoria deben ser acompañadas como testigo social por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, para asegurar sus conducción imparcial, la exhaustividad de sus pesquisas y la trasparencia de los resultados.
Solo así será respaldado en los hechos, el compromiso que públicamente ha planteado de forma reciente el Gobernador “a favor de la libertad de expresión”.
En 2015 el Gobierno encabezado por Francisco Vega de Lamadrid utilizó, para referirse a un medio y a una actitud, la siguiente frase: Por este medio, “hacemos Público nuestro rechazo a la política de chantaje ejercido...”.
Esa expresión, describe el actuar, actitud y comportamiento de uno de sus más cercanos colaboradores, Jorge Alberto Cornejo Manzo, quien ha sido señalado por directivos y periodistas de diversos medios de Baja California, por servirse del manejo discrecional de los recursos públicos y contratos de publicidad, para pretender neutralizar las revelaciones de la corrupción gubernamental, y pretender manipular la información que recibe la sociedad a través de las empresas de comunicación en el Estado.
Estos hechos, por su reiteración y notoriedad entre la comunidad periodística, ya son investigados por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos.
Los actos referidos constituyen un ultraje a la vida democrática de Baja California, a los derechos fundamentales de libertad, y en consecuencia, atentan -en palabras del Gobernador- “en contra del derecho de los bajacalifornianos para obtener de sus medios de comunicación información oportuna veraz y objetiva”.
Solicitamos que el Gobernador Francisco Vega de la Madrid, asuma su obligación de máximo garante de la seguridad y de los derechos humanos en el Estado, exija, vigile y sancione a cada uno de los miembros de su equipo de gobierno que hayan sido instigadores promotores o articuladores de los intentos de violar la libertad de expresión.
Que los funcionarios a su cargo, sean congruentes en los hechos, y no solo en el discurso, con el compromiso que el Ejecutivo ha manifestado de ser “…respetuoso de la política editorial basada en ls ética y los principios de la actividad periodística”.
Gobernador, Usted no debe dejar lugar a dudas de la licitud de sus actos, su rectitud moral y su honorabilidad política: Instruya el inicio de las investigaciones respectivas y la realización de auditorías, por los delitos que resulten, abuso de autoridad, violencia y vejación a persona sin causa legitima; aplicación pública distinta a aquella a que estuvieren destinados los caudales de erario; uso de violencia moral y económica para inhibir o intimidar a cualquier persona que denuncie la presunta comisión de una conducta sancionada por las legislaciones
Asimismo pedimos acciones contundentes, ordenando investigar, y tomar medidas respecto al terrorismo digital presuntamente auspiciado por colaboradores de su gobierno, traducido en espionaje online, ataques de malware, ciberacoso y campañas de difamación online, todas consideradas “amenazas digitales” contra el periodismo por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), en el informe presentado en agosto de 2016 por la división de libertad de Expresión.
Más allá de una inserción, y ante la gravedad de las imputaciones que se hacen a su gobierno, que ya están haciendo eco en organismos nacionales e internacionales, es imperante su actuación: investigar y sancionar.
No hacerlo, implica complicidad política y una responsabilidad legal inexcusable.
* El entrecomillado se replicó intencionalmente del documento titulado “En Baja California a favor de la libertad de expresión no de la extorsión” publicado por el gobierno del estado el 13 de marzo del año 2015
FIRMAN
Dora Elena Cortés Juárez
Agencia Fronteriza de Noticias
Adela Navarro Bello
ZETA
César René Blanco Villalón
ZETA
Eligio Valencia Roque
El Mexicano
Mireya Cuéllar
La Jornada
Jaime Bonilla Valdez
PSN
Rosario Mosso Castro
ZETA
Isaí Lara Bermúdez
ZETA
Marco Tulio Castro
Newsweek Baja California
Martín Borchardt
Telemundo
Vicente Calderón
Tijuana Press
Roberto Valero
Monitor Económico
Fernando del Monte
Periodista y Conductor
Jaime Flores
Periodista radiofónico y columnista
Claudia Orozco Vega
Periodista y conductora
Bibiana Gutiérrez Olivar
Periodista y Presidente de la Asociación de Periodistas de Tijuana
Juan Ojeda Reyes
Periodista y Delegado de la Asociación Nacional de Periodistas
Jorge Armando Nieto Sánchez
Imagen TV y Estrella TV
Enrique Méndez Álvarez
Periódico Baja California y Radio Frontera
Ricardo Meza Godoy
Plex
José Enrique García Sánchez
AFN
Jaime Delgado
Periodismo Negro
Antonio Heras
Reportero de Lindero Norte
Mexicali
Jorge Heras
Director de Lindero Norte
Mexicali
Gerardo Fragoso
El Mexicano
Jorge Esparaza Carlo
PSN
Javier Malacara Sánchez
Rosarito Informa
Antonio Azuara Álvarez
Contexto
Alfredo Calva Sánchez
Tribuna Pública
Jaime Miranda y Soto
AFN
Jaime Cháidez
Periodista Cultural
Mariano Gallegos
Periodista
Ana Patricia Valay
Periodista Radiofónica
Enrique Tellaeche Ocaño
Monitor BC
Manuel Ocaño
Periodista Independiente
Pedro Castillo Chavolla
Séptimo Día
Pedro Damián Gómez
Panorama Político
Emilio Domínguez Lome
CincoM
Flor Castillo
Horizonte Informativo
José Ángel Insunza
Libertad
Feliciano Castro
Periodista
JULIETA MARTÍNEZ
LA Jornada
