TIJUANA BC 21 DE DICIEMBRE DE 2021 (AFN).- Al final de cuentas, las cosas no cambian. Y es que cada gobernador trae su proyecto de lo que quiere en su administración y por esto realizan cambios en las leyes, aprovechando que cada Congreso se le "entrega" al gobernante en turno.

Lo malo del caso (para todos ellos) es que, cuando un partido está en la oposición (y en ocasiones hasta del mismo Instituto Político) se lanzan críticas y se "desgarran las vestiduras", pero luego, cuando les toca estar en el poder,  les cae aquello que "escupieron" al cielo.

A Jaime Bonilla Valdez lo criticaron cuando el todavía diputado panista, Miguel Ángel Bujanda presentó una iniciativa de Ley para eliminar el "tope" de edad, dentro de los requisitos para nombrar fiscal, con el propósito de que entrara el abogado Guillermo Ruiz Hernández, que por ser compadre del ahora exgobernador, no se quitó durante todo el bienio ese mote.

De igual forma, el Congreso estatal, que se encontraba vigente antes de que iniciara la administración de Bonilla, promovió una reforma constitucional para que su administración se ampliará a 5 años.

Antes, en 2014, también se reformó la Constitución política de la entidad para que el gobernador -en 2019- fuese tan sólo de 2 años, según se argumentó "para homologar las elecciones de esta entidad con las federales en México", aunque las malas lenguas señalaron, que se trataba de impedir que para entonces se presentara como candidato a la gubernatura, el también entonces priista Jorge Hank Rhon.

Pero no solamente lo hicieron la administración de Jaime Bonilla, ni las anteriores de panistas (combinados con priistas), ya que los blanquiazules hicieron lo propio, cuando  en la administración de Eugenio Elorduy Walter su Congreso promovió una reforma constitucional para que se bajara el requisito de la edad a 35 años, y que Bernardo Martínez pudiese ser secretario general de Gobierno en esa administración.

Ahora, en el Congreso de la entidad se está gestando otro cambio a la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Baja California, para ubicar a otro fiscal "a modo" porque no solamente lo hace -o lo hizo- Bonilla, como tanto le echaron en cara.

Lo que se pretende -explicó el reportero del barrio- se contrapone a lo que establece la Ley Federal al respecto, y esto generaría el inicio de otra controversia.

También, por lo que dijo el del barrio, hay alguna confrontación dentro del Congreso local, ya que el tema lo manejó la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, sin involucrar a la Comisión de Seguridad, a la que le correspondería, bajo el argumento de que se trata de una reforma constitucional.

Y por lo que comenta nuestro reportero, ya se aprobó en Comisión y sólo deberá presentarse ante el Pleno.
Pero ¿Por qué están haciendo todo esto? Al parecer, y a reserva de confirmar las versiones, de última hora estarían cambiando a Ricardo Iván Carpio Sánchez, quien desde un principio se dijo que sería el secretario de Seguridad del Estado, para que sea el fiscal.

Y es que, explica: el presidente quisiera como fiscal a un militar, ya que ha involucrado más en estos temas a los hombres de las fuerzas armadas, y se insiste en que para la secretaría de Seguridad (que aceptó apoyar a Marina) quiere -y siempre ha querido- que esté a cargo una mujer.

Recordarán que antes de entrar Marina del Pilar como gobernadora de Baja California les platicaba, que según nuestros "otros datos", en esa secretaría sería nombrada María Elena Andrade, quien al final fue colocada en la dirección de Penales, ya que postulábamos que el presidente prefería a féminas en esa posición, y por eso Rosa Isela Rodríguez en el máximo cargo nacional.

Esto, por alguna razón no se dio, y Andrade quedó como encargada de los reclusorios en la entidad, y mucho se publicitó que Carpio Sánchez sería el secretario de Seguridad.

Así es que si nuestras nuevas -y más recientes informaciones- son correctas, Ávila Olmeda tendría un problema qué resolver ya que advierten que para la secretaría tendría que poner a una mujer, y hay quienes vuelven a señalar a Andrade.

Carpio, quien supuestamente tendría que ser removido de ahí, y por eso, colocado en la fiscalía, cumpliría con el requisito de contar con formación militar, pero donde no le alcanza, es que pese a estar titulado como licenciado en derecho, no tiene los 10 años que la ley local -y la Federal- establecen, y por eso la modificación que se promueve.

Y aunque esto todavía está a nivel de rumor (que no, la modificación, porque esa sí está caminando), con esto se entendería el porqué la gobernadora ha dicho que "no corre prisa" el enviar la terna para fiscal, que pareciera querer hacer hasta después de dar a luz a su bebé.

Sobre Carpio, se reconoce su capacidad en materia de seguridad, además de que ya trabajó en la fiscalía, y se graduó como abogado.

Pero la Ley Orgánica (actual) del Estado de Baja California, en su artículo 13 señala que para ocupar dicho cargo, se requiere, entre otras cosas, tener "por lo menos" 10 años de ejercicio profesional "contados a partir de la expedición de la cédula profesional de licenciado en derecho".

El texto propuesto, en su fracción III establece a la letra:

"Haber realizado, por lo menos durante cinco años anteriores a su nombramiento, una actividad profesional relacionada con la investigación de los delitos y el esclarecimiento de los hechos, en la procuración de Justicia, combate de la delincuencia y prevención del delito, así como contar con título profesional, y cédula profesional en licenciatura de derecho.

Y como los diputados son muy obvios, sólo basta una lectura a ese texto propuesto, para darse cuenta que se trata de un retrato del propio Carpio.

ANA Y CONDA.- Su nueva terraza la tiene en Bucareli.

PD.- Artículo 13 fracción III Bis. Apellidarse Carpio y haber estado enfrentado con algunos de los elementos de la fiscalía anterior.

PD1.- Eso no quiere decir que sea un mal elemento, porque los que no están enfrentados con los unos, lo están con los otros.

PD2.- Un "resbalón" tuvo el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, cuando comentó que ayer no fue un día tan malo en México, ya que sólo mataron a 68.

PD3.- ¿Recuerdan aquella reunión de seguridad de la que les platicaba, en la que estuvieron presentes los alcaldes de los cinco municipios y el presidente del Consejo fundacional, con la gobernadora Marina del Pilar?

PD4.- Según el del Barrio, otro de los reclamos de los alcaldes de Ensenada y Rosarito, fue por el proceso de solicitud de juicio político con el que los están amenazando.

PD5.- Aunque la gobernadora dijo no tener conocimiento al respecto, esos procesos -según diputados- continúan "vivos", no obstante que el ayuntamiento de Rosarito (ya para esa fecha) tenía decidido votarle a favor el proyecto de seguridad pública a la mandataria estatal.

PD6.- Ya elaboraron el presupuesto de Ingresos 2022, del gobierno de Baja California, y parece que trae varias "sorpresas".

PD7.- Dicen, inclusive, que en esa reunión, la alcaldesa de Tijuana, Monserrat Caballero Ramírez, le dijo en su cara a Araceli Brown que "ya sabían" que le tenían votado dicho proyecto al gobierno estatal.

PD8.- Araceli, como Jesús con Pedro, lo negó tres veces.