* No hay evidencia de que pueda compartir información estratégica al FBI, aseguró.
* "Es diferente" el caso de BC al de Chihuahua, dice la presidenta.
CIUDAD DE MÉXICO CDMX 14 DE JULIO DE 2026 (AFN).- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, lo mismo que el secretario de seguridad federal, Omar García Harfuch, descartaron que haya riesgo para la seguridad nacional ante un supuesto acuerdo entre la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, y la agencia FBI de Estados Unidos; tras la filtración de audios donde esta última ofrece colaborar y compartir información.
"Ella me dijo que había hecho gestiones sobre el tema de su visa", refirió la presidenta -el gobierno estadounidense se la retiró en mayo de 2025-, "pero como se oye, no se escucha nada que comprometa la seguridad nacional ni la seguridad del Estado de Baja California (..); no pensamos que haya un delito que perseguir", aseguró Sheinbaum Pardo, al ser cuestionada sobre la grabación revelada por el columnista Héctor de Mauleón.
Reiteró que en su reciente gira de trabajo por la entidad fronteriza hablaron del tema, y que Ávila Olmeda le expuso tanto su situación personal como a los audios que han sido revelados sobre supuestos contactos del Buró Federal de Investigaciones (FBI), donde trascendió que la gobernadora contrató al abogado Michael Nadler para representarla.
De inicio, García Harfuch aseguró que en los audios "no se infiere que se vaya a dar información confidencial" de las mesas de seguridad de Baja California, ya que en esas reuniones estatales donde participan mandos policiacos y militares no se comparten datos sensibles; además de que al momento "no se sabe qué autoridad era con la persona que estaba hablando".
Sobre el tema, la presidenta reiteró que en la explicación pública que ofreció la gobernadora del caso, "no se sabe realmente ni siquiera con quién está hablando (..); no sabemos ni siquiera si es de autoridades estadounidenses o no", y que no existe ningún riesgo para la seguridad estatal.
A pregunta expresa, Sheinbaum Pardo dijo que el caso de Baja California "es diferente" a las acciones que ocurrieron en Chihuahua, donde se demostró que hubo agentes de la agencia DEA, estadounidense, que participaron en un operativo de seguridad, lo que es contrario a las leyes mexicanas.
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