LA BUFADORA
El Mosquito
CUCHILLITO DE PALO
¿El caso de Rubén Rocha Moya representa la ruptura entre la actual presidencia de la república y el grupo político que encabeza el ex presidente Andrés Manuel López Obrador?
ENSENADA BC 24 DE AGOSTO DE 2026.- La nueva solicitud de licencia de Rubén Rocha Moya para separarse de la gubernatura de Sinaloa puede resolver, por lo pronto, un problema político para Morena y el gobierno federal, pero está muy lejos de cerrar el caso, y menos cuando en torno del mandatario sinaloense prevalece un mar de dudas que no pueden ser despejadas sólo con su retiro y el nombramiento de un gobernador interino.
Apenas un día después de anunciar que regresaba a ejercer el cargo tras 112 días de licencia, el morenista dio marcha atrás y solicitó una licencia indefinida, pero esta decisión se produjo luego de que la Secretaría de Gobernación, la dirigencia nacional de Morena y la propia presidenta de la república, Claudia Sheinbaum, desaprobaran su retorno.
Pero la presidenta Sheinbaum fue todavía más directa al considerar que el nuevo alejamiento de Rocha Moya es “lo mejor para Sinaloa”.
“Como tomó la decisión personal de regresar, también tomó la decisión personal de retirarse, creo que es lo mejor para Sinaloa”, expresó la mandataria federal, quien además aseguró que “(…) no hablo con él desde la primera vez que pidió licencia”.
Pero precisamente ahí comienza la contradicción que obliga a exigir explicaciones más profundas, porque si Rubén Rocha Moya es, como sostiene el gobierno mexicano, una persona contra la cual Estados Unidos no ha presentado las pruebas necesarias para proceder legalmente o solicitar su extradición, ¿por qué entonces su regreso a la gubernatura provocó el inmediato deslinde del gobierno federal, el rechazo de la dirigencia de Morena y la condena política de gobernadores emanados de ese mismo partido?
No se puede sostener, por un lado, que no existen elementos probatorios suficientes para actuar contra él y, por otro, considerar que su presencia al frente del gobierno de Sinaloa resulta políticamente inconveniente o que su salida es “lo mejor para Sinaloa”, así que ambas posturas requieren una explicación.
Más aún porque el respaldo político hacia Rocha Moya no siempre fue tan distante, basta recordar que, en agosto de 2024, cuando comenzaron a arreciar los señalamientos en su contra, Morena, sus gobernadores y diversas figuras del partido cerraron filas en torno al mandatario sinaloense mediante un desplegado en el que le enviaron un mensaje contundente: “No estás solo”.
Y aquella solidaridad no quedó únicamente en el papel, puesto que legisladores federales y otros personajes políticos de Morena acudieron a manifestarle públicamente su respaldo, y entre ellos hubo incluso aspirantes a la gubernatura de Baja California que posaron junto a Rocha Moya en una fotografía que, vista desde la perspectiva actual, adquiere una dimensión política completamente distinta, por no decir contradictoria e incongruente.
Por eso no basta con que el gobernador solicite licencia una segunda vez y desaparezca temporalmente de la escena pública, como si con ello se extinguieran los cuestionamientos sobre sus presuntas ligas con la delincuencia organizada.
Si existen acusaciones tan graves como las que han sido formuladas desde Estados Unidos, corresponde a las autoridades mexicanas esclarecerlas, y si no existen pruebas, también debe explicarse con claridad por qué el poder político decidió primero defenderlo, después permitir su licencia, luego rechazar su regreso y finalmente considerar conveniente su retiro.
La Fiscalía General de la República (FGR), el Poder Judicial, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y las demás instituciones competentes tienen la obligación de investigar seriamente; y tampoco puede ignorarse que los titulares de varias de esas instancias forman parte de un aparato institucional construido bajo gobiernos del partido actualmente en el poder.
El caso de Rubén Rocha Moya no puede terminar con una licencia indefinida ni con un nuevo “autoexilio”.
Y LA GUERRA INTERNA
Entre los muchos frentes que tiene abiertos, Morena también llega a la definición de sus candidaturas para las 17 gubernaturas de 2027 con un problema que difícilmente podrá resolver sólo con supuestas encuestas, debido a la creciente disputa entre sus propios grupos.
La dirigente nacional, Ariadna Montiel, asegura que “el movimiento está más unido que nunca”, pero las acusaciones de favoritismo, uso de estructuras públicas, recursos para promover a determinados aspirantes y guerra sucia contradicen esa retórica de unidad.
Entre los estados considerados focos rojos aparecen Baja California y Sinaloa, donde los procesos sucesorios ya generan confrontaciones y acusaciones entre los propios morenistas.
El llamado a mantener el “piso parejo” es insuficiente porque no existe transparencia sobre la metodología, las empresas encuestadoras, las preguntas y los criterios que finalmente determinarán quiénes serán los candidatos.
Pero si la encuesta será apenas “un elemento” de la decisión final, como reconocen los propios morenistas, tendrían que informar qué otros factores pesarán y, sobre todo, quién tendrá la última palabra.
No obstante, para tratar de evitar conflictos, Morena exigió a sus aspirantes firmar una carta-compromiso para respetar los resultados, pero algunos ya advierten que, aun sancionados, denunciarán las irregularidades que observen.
GOL A LA UABC
El rector de la UABC, Luis Enrique Palafox Maestre, se puso en pie de guerra en “la defensa de la autonomía universitaria”, al señalar que los espacios de la institución no deben utilizarse con fines políticos o partidistas.
Bajo esa premisa, lo ocurrido este sábado en la Facultad de Deportes en Ensenada abre otra interrogante: ¿Alejandro Arregui aprovechó un evento autorizado con otro propósito para posicionar su imagen política y engañó a la UABC?, es pregunta.
Si la asociación civil “Ensenada Ayuda Sin Límites” pidió el espacio para entregar mochilas, el evento terminó convertido en una plataforma para que Arregui se promoviera con un discurso de contenido político.
Arregui no puede alegar ingenuidad, renunció al gabinete de Marina del Pilar en su intento por buscar la candidatura a la alcaldía de Ensenada y utilizó un espacio universitario para hablar de construir “el más grande equipo” para que a Ensenada “le vaya mejor”.
La reacción posterior de la UABC, con un firme posicionamiento en defensa de su autonomía, deja claro que lo ocurrido no pasó inadvertido, pero también es un llamado para que a ningún partido se le ocurra organizar evento en las instalaciones de la máxima casa de estudios en todo el Estado”.
Queda una duda ¿permitirá la UABC encuentros de candidatos de todos los colores con alumnos al interior de los recintos académicos?
Esta columna no refleja la opinión de Agencia Fronteriza de Noticias, sino que corresponde al punto de vista y libre expresión del autor
