LA BUFADORA
Por. – El Mosquito
CUCHILLITO DE PALO:
¿Por qué en Colima sí se puede que la Asipona aporte parte de sus millonarios ingresos a la entidad y aquí en Ensenada no ha sido posible?
ENSENADA BC 24 DE JULIO DE 2026.- Aunque era de esperarse, dada la relevancia que el gobierno federal le ha dado a este caso, la vinculación a proceso del ex gobernador panista de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, por presuntos delitos relacionados con delincuencia organizada, contrabando y huachicol fiscal, fomenta aún más la percepción de que en México la justicia es selectiva, porque actúa con todo el peso del Estado cuando los señalados pertenecen a la oposición, pero que se muestra pasiva cuando los hechos involucran a personajes cercanos al partido en el poder.
Ciertamente corresponde a los tribunales determinar si las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la República (FGR) contra Ruffo Appel son suficientes para acreditar su responsabilidad, pero su detención genera suspicacias debido a que otros asuntos de características similares no parecen despertar el mismo interés de las autoridades federales.
En Ensenada existe un ejemplo que permanece fresco en la memoria pública. Hace poco más de un año fueron asegurados millones de litros de combustible en instalaciones de El Sauzal de Rodríguez, en un operativo que por su magnitud generó una enorme expectativa sobre el desmantelamiento de posibles redes de contrabando y distribución ilegal de hidrocarburos.
Sin embargo, con el paso de los meses el asunto prácticamente desapareció del debate público y hasta ahora no se conocen procesos penales de la misma dimensión ni imputaciones contra personajes políticamente relevantes vinculados a ese caso. Por lo tanto, la comparación es inevitable.
Llama la atención que en las investigaciones contra Ruffo se despliega toda la capacidad institucional del Estado, con acusaciones de delincuencia organizada, prisión preventiva oficiosa y encarcelamiento en un penal de máxima seguridad, pero en otros expedientes igualmente delicados el silencio alimenta dudas sobre la imparcialidad en la procuración de justicia.
PIDE APOYO A EU
La decisión de Verónica Ruffo de acudir a la embajada de Estados Unidos en México para solicitar apoyo y protección tras la detención de su padre, Ernesto Ruffo Appel, adquiere una dimensión especial porque no se trata únicamente de la hija de un ex gobernador mexicano, sino de una ciudadana estadounidense que busca la intervención diplomática de su país ante lo que considera un acto de persecución política.
Y aunque dicha solicitud no implica que el gobierno estadounidense vaya a intervenir en el proceso penal, sí coloca el caso bajo un reflector internacional que no pasará inadvertido.
La petición de Verónica Ruffo ocurre cuando la relación entre México y Estados Unidos atraviesa momentos de tensión en temas de seguridad, Estado de derecho y combate a la corrupción; así que cualquier denuncia de persecución política realizada por un ciudadano norteamericano tiene el potencial de atraer atención diplomática y mediática.
DOBLE RASERO
Las declaraciones de Luisa María Alcalde, quien ahora es consejera jurídica de la Presidencia, evidencian una visión del Estado de derecho en la que las decisiones judiciales parecen ser aceptables sólo cuando favorecen los intereses del gobierno en turno, porque si un juez concede una suspensión que beneficia a un personaje de la oposición, entonces se plantea la necesidad de investigarlo y sancionarlo por el Tribunal de Disciplina Judicial.
Luis María Alcalde deja entrever con sus declaraciones que los juzgadores que emitan resoluciones contrarias a las expectativas del Poder Ejecutivo podrían quedar bajo sospecha.
El problema no radica en que exista un mecanismo para revisar posibles irregularidades de los jueces, sino que ese procedimiento se active de manera selectiva.
Alcalde tuvo el descaro de pedir al Tribunal de Disciplina Judicial actuar contra el juez que inicialmente impidió ejecutar una orden de aprehensión contra del ex gobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel.
“Los propios mexicanos nos enteramos hace más de un año, recordarán, que en junio del año pasado en Coahuila se habían abandonado ferrotanques con combustible”, expresó.
“Eso fue hace un año, pero después nos enteramos de que había habido una orden de aprehensión previa. ¿Pero qué sucedió? Un juez de amparo había otorgado una suspensión para que no pudiera avanzar la orden de aprehensión que se había establecido”.
Alcalde afirmó que el juez no debió suspender la captura porque los delitos imputados ameritan prisión preventiva oficiosa.
La consejera jurídica, quien se pronunció sobre el caso durante la conferencia “Derecho de Réplica”, realizada en Palacio Nacional, no identificó al juzgador que concedió la suspensión ni proporcionó el número del expediente.
Sin embargo, de ahora en adelante cualquier juez se la pensará antes de emitir un fallo que no vaya en el mismo sentido de los intereses de la clase política en el poder.
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