LA BUFADORA
El Mosquito
Cuchillito de palo
¿Por qué sólo en los casos de mayor repercusión mediática las autoridades de seguridad ofrecen resultados inmediatos?
ENSENADA BC 13 DE JUNIO DE 2026.- En las últimas semanas, la alcaldesa Claudia Agatón Muñiz ha aprovechado su agenda pública para fortalecer su posicionamiento político, mientras que al interior de su Gobierno los mensajes parecen encaminados a preparar una eventual separación temporal del cargo.
No es un secreto que la primera edil de Ensenada figura entre las mujeres con posibilidades de competir por la candidatura… perdón, la coordinación territorial de Baja California por Morena rumbo a 2027.
Es una posibilidad que ella misma no ha autopromovido.
Se sabe que buena parte de su equipo cercano permanecería operando en el Ayuntamiento para garantizar continuidad y estabilidad administrativa.
Agatón hace política basada en la construcción de acuerdos y en la operación práctica, algo que difícilmente pueden cuestionarle, por ello, todo indica que buscará que alguien supla su posición sin mayores complicaciones y que, por lo pronto, su plataforma política externa de alcance estatal no descuide la marcha cotidiana del Gobierno Municipal.
La hacen cansada
Como si en realidad tuvieron mucho trabajo, por cuarta ocasión el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf), que preside Gilberto de Guzmán Bátiz García, pospuso su resolución sobre 112 mil militantes duplicados entre Morena y las organizaciones que buscan ser partido.
La batalla que actualmente se libra en el Tepjf en realidad obedece a una lucha por el control del escenario político futuro.
Llama la atención que la Sala Superior del Tribunal Electoral haya pospuesto varias ocasiones una resolución que debería ser eminentemente jurídica, pero este deliberado retraso se debe a los cálculos políticos que rodean los expediente.
Así que el fondo del problema es sencillo, porque el Instituto Nacional Electoral (INE) determinó que miles de ciudadanos que aparecían simultáneamente afiliados a Morena y a organizaciones en proceso de constitución partidista debían ser considerados válidamente registrados en estas últimas, debido a que el partido oficial no pudo acreditar documentalmente la voluntad de esos militantes mediante los requisitos exigidos por la autoridad electoral.
Sin embargo, durante los últimos años el partido gobernante construyó una hegemonía electoral basada en la fragmentación y el desgaste de sus adversarios, pero ahora enfrenta el surgimiento de nuevas organizaciones que podrían disputar espacios de representación y captar sectores de ciudadanos inconformes con el rumbo del movimiento gobernante.
No es casualidad que dos de las agrupaciones más afectadas por una eventual devolución de afiliaciones a Morena sean precisamente aquellas que apenas alcanzaron el número mínimo de asambleas requeridas para obtener su registro, y una eventual resolución favorable al partido oficial podría dejarlas fuera de la competencia antes incluso de nacer formalmente.
Este caso también pone bajo la lupa la actuación del Tribunal Electoral, porque en los últimos años este organismo ha sido objeto de constantes cuestionamientos por decisiones percibidas como políticamente convenientes, y cada aplazamiento sin justificación alimenta la sospecha de que algunos magistrados buscan construir una salida que minimice los costos políticos para todos los involucrados.
Se supone que las instituciones electorales existen precisamente para resolver controversias conforme a la ley, y si Morena incumplió con los requisitos para acreditar las afiliaciones, debe asumir las consecuencias; pero si el INE actuó incorrectamente, entonces corresponde corregir el procedimiento.
Lo que no resulta aceptable es prolongar indefinidamente una definición que impacta directamente la conformación del sistema de partidos.
Se trata entonces de una prueba de fuego para la credibilidad de las autoridades electorales, dado que su resolución revelará si en México siguen prevaleciendo las reglas o si los intereses políticos siguen influyendo en decisiones que deberían estar guiadas exclusivamente por criterios jurídicos.
Luz y sombra
La localización con vida de los dos inspectores del Instituto de Movilidad Sustentable (IMOS), quienes fueron privados de su libertad en la zona sur del municipio de Ensenada, se trata de una buena noticia, porque esta historia pudo terminar en tragedia.
Ciertamente el desenlace merece reconocerse y celebrarse, especialmente para las familias de las víctimas, que durante más de 24 horas vivieron momentos de incertidumbre y angustia.
Sin embargo, junto a esa luz permanece una sombra que no debe ignorarse. El hecho de que un comando integrado por al menos quince hombres armados, movilizados en varias camionetas y presuntamente utilizando luces similares a las de corporaciones policiales, haya podido interceptar a servidores públicos en plena carretera Transpeninsular, donde realizaron disparos y privaron de la libertad a dos personas, confirma que los grupos criminales operan a placer en la región.
Este hecho también resalta el contraste entre la rápida movilización de las corporaciones de seguridad que generó el parentesco de una de las víctimas con una figura política de relevancia estatal y la realidad que enfrentan cientos de familias bajacalifornianas, cuyos casos de desaparición rara vez reciben la misma atención mediática o capacidad de respuesta gubernamental.
La vida de todas las víctimas vale exactamente lo mismo y el mismo despliegue debería aplicarse sin distingos.
Las autoridades han destacado la coordinación entre fuerzas federales, estatales y de procuración de justicia, pero si esa coordinación fue capaz de lograr resultados en este caso, la sociedad tiene derecho a exigir que se convierta en una práctica permanente y no en una reacción excepcional derivada de circunstancias particulares.
Reiteramos que la liberación de los trabajadores del IMOS es una noticia alentadora, pero el éxito de un operativo policiaco no elimina la gravedad del problema que lo hizo necesario.
Esta columna no refleja la opinión de Agencia Fronteriza de Noticias, sino que corresponde al punto de vista y libre expresión del autor.
