ENSENADA BC 4 DE FEBRERO DE 2026 (AFN).- Las empresas agrícolas y concesionarias de agua podrán enfrentar el 2026, mediante orden documental y control administrativo a través del cumplimiento de sus áreas internas que la firma BHR México impulsa, aseguró Jaime Buerciaga Miker.

Anticipándose con asesoría de cumplimiento y estrategias preventivas, la firma de contadores capacitará a las empresas que se encuentran ante un escenario de revisión integral, en cuanto a concesiones vencidas, ajustes fiscales y mayor supervisión federal.

Miles de concesiones presentan rezagos administrativos y diferencias entre volumen autorizado y uso real, refirió el contador, lo que abre la puerta a observaciones fiscales y operativas que pudieran representar un riesgo para las empresas, particularmente las agrícolas y concesionarias de agua.

Explicó que este 2026 se perfila como uno de los entornos regulatorios más exigentes de los últimos años para el sector productivo, marcado por la reforma a la Ley de Aguas Nacionales, nuevas estrategias de fiscalización y un modelo de supervisión que cruza información en tiempo real entre dependencias federales, advirtió.

Durante la conferencia “Riesgos de la Reforma a la Ley de Aguas y Certidumbre Fiscal”, coorganizada con el Consejo Agrícola de Baja California, los capacitadores de Los Mochis y Guadalajara German Gómez Carothers, José de Jesús Ramos Ortiz yMarco Antonio Hermosillo López, enfatizaron que el país entra en una etapa de hiperregulación, en la que el cumplimiento documental, fiscal y operativo se convierte en un factor determinante para la continuidad de los negocios. 

La reforma publicada en diciembre de 2025, aseguraron, transforma la operación de las concesiones de agua al introducir restricciones a la transmisión entre particulares, cambios en los criterios de prórroga, mayores facultades de inspección para la autoridad e incremento relevante en sanciones que pueden derivar en clausuras, incluso pérdida de concesiones.

Aunado a esto se suma la creación del Registro Público Nacional del Agua, en sustitución del REPDA, así como la posibilidad de reducción o cancelación de volúmenes concesionados bajo el argumento de seguridad hídrica, elementos que reducen la certidumbre jurídica para usuarios del recurso. 

Precisaron los especialistas que las concesiones dejaron de ser únicamente permisos administrativos, hoy representan activos intangibles que influyen directamente en el valor financiero de las empresas, al formar parte de su viabilidad operativa, su capacidad productiva y su posición frente a créditos, inversiones o procesos de compraventa.

En este contexto, se expuso que muchas organizaciones continúan operando sin una revisión integral de sus títulos, volúmenes, usos autorizados y registros contables, lo que incrementa el riesgo ante un esquema de fiscalización que ya no depende exclusivamente de auditorías presenciales.

Actualmente, el SAT, dijeron, cruza información de CFDI, cuentas bancarias, declaraciones, IMSS e Infonavit para detectar inconsistencias de manera automática, activando exhortos, vigilancias profundas y revisiones electrónicas con plazos cortos y consecuencias económicas inmediatas.

Advirtieron también sobre las “auditorías express”, procedimientos que pueden suspender la emisión de facturas y concluir en menos de un mes hábil, obligando a las empresas a demostrar la materialidad de sus operaciones en cuestión de días.

A la par, el combate al lavado de dinero, la reforma al amparo y el fortalecimiento de figuras como el beneficiario controlador reducen los márgenes de defensa reactiva y obligan a las compañías a reforzar sus controles internos.

El despacho propone la creación de un Departamento de Cumplimiento, encargado de centralizar concesiones, contratos, mediciones, pagos, estructura corporativa y políticas fiscales, con el objetivo de prevenir contingencias antes de que se conviertan en procedimientos formales.

Dicho enfoque incluye diagnósticos técnicos personalizados, programas de regularización, revisión contractual, auditorías internas, valuación especializada de concesiones como intangibles y alineación contable bajo Normas de Información Financiera, permitiendo a las empresas conocer su situación real desde la óptica de las autoridades.

Entre otros temas, se advirtió que el decreto federal otorga facilidades administrativas para regularizar concesiones vencidas entre octubre de 2017 y marzo de 2025, con una ventana de seis meses, para presentar solicitudes ante Conagua, plazo que concluye en abril de 2026, lo que abre una oportunidad limitada para quienes mantienen rezagos administrativos.

Burciaga Miker, representante del despacho en Ensenada, explicó que el agua ya forma parte directa de la responsabilidad fiscal de las empresas y que operar sin expedientes completos representa un riesgo creciente.

Indicó que el acompañamiento de BHR México brinda certidumbre mediante la identificación temprana de inconsistencias, integración de documentación soporte e implementación de procesos permanentes que permitan enfrentar cualquier revisión con información ordenada.

El objetivo es que los empresarios se concentren en su operación y crecimiento, mientras cuentan con una estructura interna que atienda cumplimiento, trazabilidad y prevención de riesgos, dijo.

Se alertó sobre otras regulaciones que impactarán en 2026, como revisiones por subcontratación indebida, inspecciones laborales, exigencias de materialidad, manifestación de valor en importaciones, ajustes al decreto TEC y el incremento al salario mínimo, factores que elevan los costos operativos y la presión administrativa.

En ese contexto se hizo referencia en los cambios en el manejo de los trabajadores del campo para darlos de alta ante el IMSS eliminando las listas electrónicas complicando más la operación.

Presentaron un listado inmediato para las empresas: auditoría interna, revisión contractual, actualización de políticas, ajuste de esquemas laborales y fortalecimiento de controles contables, con el fin de evitar esquemas agresivos, operaciones sin trazabilidad o uso de terceros sin debida diligencia.

El balance expuesto fue claro: Este año estará marcado por fiscalización intensiva, menor protección jurídica y mayor responsabilidad corporativa, pero también abre oportunidades para reorganización empresarial, automatización y profesionalización del cumplimiento.

Se propuso para lograr el cometido, el uso del software: “certidumbre fiscal” que permite a los contribuyentes auto diagnosticarse en todos los CFDI haciendo los cruces necesarios para evitar riesgos y complicaciones fiscales.

Para concluir, el mensaje final fue directo; en 2026 el costo del cumplimiento será menor que el costo del litigio, la diferencia entre crisis y control está en anticiparse, precisaron los integrantes de BHR México.

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