TIJUANA BC 4 DE ENERO DE 2026 (AFN).- La reciente discusión en torno a la Ley Federal de Telecomunicaciones ha reavivado la preocupación de muchos ciudadanos, respecto al registro obligatorio de datos biométricos como requisito para conservar una línea telefónica. 

Más allá de los recursos legales interpuestos, el debate central gira en torno a la privacidad y los límites del control estatal sobre la información personal, sumándose además señalamientos sobre prácticas de algunas compañías que presuntamente han llegado a vender información de usuarios o a duplicar números telefónicos. 

Esteban Capella Ibarra, integrante y coordinador del grupo ciudadano "Ruta Independiente Baja California", señaló que esta medida representa una exigencia excesiva hacia los usuarios, al obligarlos a entregar información altamente sensible para acceder a un servicio básico.  

Señaló que los datos biométricos son de carácter privado y confidencial, y su entrega obligatoria implica riesgos importantes para la seguridad y la privacidad de los ciudadanos.

Capella Ibarra, recordó que una disposición similar ya había sido intentada en años anteriores y que, en 2022, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional dicha medida, al considerar que vulneraba derechos fundamentales. A pesar de ello se presentó nuevamente la propuesta de reforma, generando inquietud entre sectores ciudadanos que consideran que se insiste en un modelo previamente rechazado por el máximo tribunal.

Desde esta perspectiva, el fondo del debate no se limita a un trámite administrativo o tecnológico, sino al equilibrio entre seguridad, modernización y libertades individuales. Para Capella Ibarra, la obligación de entregar datos biométricos constituye un avance desmedido en el control sobre la vida privada y un ataque directo a la libertad de las personas.

En este contexto, subrayó la importancia de que la ciudadanía se mantenga informada y consciente de las implicaciones de este tipo de reformas. La discusión pública, dijo, es fundamental para defender derechos como la privacidad y evitar que medidas de alto impacto se normalicen sin un análisis profundo.

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