TIJUANA BC 15 DE ENERO DE 2026 (AFN).- La Fiscalía General del Estado de Baja California informó que no contemplará una partida presupuestal para el pago de indemnizaciones a víctimas durante el ejercicio fiscal 2026, pese a un exhorto emitido el año pasado por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), dio a conocer su presidente, Jorge Álvaro Ochoa Orduño.

El titular de la CEDH explicó que el exhorto fue dirigido a los ayuntamientos, a la FGE y al Poder Ejecutivo, con el objetivo de que incluyeran en sus proyectos de presupuesto una partida específica para la reparación económica de las víctimas acreditadas dentro de las recomendaciones del organismo.

Precisó que, al realizar el corte de respuestas, la Fiscalía fue la única autoridad que notificó formalmente que no asignará recursos para ese fin en 2026. En contraste, el Ayuntamiento de Tijuana manifestó disposición para solicitar una ampliación presupuestal durante el ejercicio fiscal y propuso establecer una mesa de trabajo para definir el procedimiento correspondiente.

Ochoa Orduño indicó que el gobierno estatal respondió que ya cuenta con recursos para la atención de víctimas y que ha otorgado apoyos como becas a víctimas indirectas, reiterando su compromiso.

En el mismo sentido se pronunciaron los ayuntamientos de Tecate y Mexicali, este último señalando que ya tiene prevista una partida para 2026, mientras que Ensenada informó que trabajará en una posible ampliación presupuestal; aunque los ayuntamientos de San Quintín y San Felipe no emitieron respuesta al exhorto, expuso el titular de la CEDH.

Advirtió que la falta de una partida específica afecta el cumplimiento de las recomendaciones, ya que la ley faculta a la CEDH de Baja California para acreditar a las víctimas y establecer, como punto resolutivo, la reparación integral del daño, la cual incluye una indemnización económica.

Finalmente, informó que se dio vista al Congreso del Estado sobre esta situación, y que la presidenta de la mesa directiva, diputada Michelle Tejeda, respondió que dará seguimiento al tema con la FGE, respetando la autonomía de los ayuntamientos.

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