MEXICALI BC 7 DE AGOSTO DE 2025 (AFN).- Más de 25 organizaciones de la sociedad civil en Baja California, presentarán amparos en tribunales de Mexicali, Tijuana y Ensenada contra la denominada "Ley Mordaza", informó el abogado Carlos Atilano Peña.
El litigante se refirió así, al Protocolo Estatal de Actuación para Prevención y Atención de Manifestaciones, que fue publicado el pasado 25 de julio de 2025 en el Periódico Oficial del Estado, la cual califican como "inconstitucional y antidemocrática", por atentar contra la libertad de expresión y el derecho de libre manifestación.
Atilano Peña expresó que el documento no tiene justificación y que "obedece a una actitud temeraria" de parte de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, ya que con esto está pretendiendo evitar las marchas, siendo lo anterior el camino hacia una dictadura; ya que “no cumple con los parámetros constitucionales, ni Derechos Humanos ni tampoco amnistía internacional”.
Por su parte, el litigante Guillermo Rivera, de la agrupación Justicia que Transforma México, explicó que el protocolo referido no clarifica el uso de la fuerza pública ni tampoco establece el tipo de delitos que se estarían penalizando.
"Está mocho, hace una narrativa en derechos humanos, el secretario de gobierno no tiene facultad ni tampoco es vocero de las policías, se adelantaron en la creación del protocolo, faltó mayor socialización, se viola la autonomía municipal, la libertad de expresión”, señaló Rivera.
Francisco Gómez, vicepresidente del Colegio de Abogados en Tijuana, manifestó que el protocolo es un acto de molestia anticipado, ya que el gobierno va a conocer quién o quiénes convocan a alguna marcha, y se iniciarán actos de investigación cuando se de conocer alguna convocatoria en redes sociales.
"Es un instrumento disfrazado con otros objetivos, quieren tomar el control de lo que hacemos”, refirió.
Por último, Victoria Bentley Duarte, ex dirigente sindical y ex diputada estatal, comentó que el documento de gobierno criticó que los trabajadores que laboran en el servicio público y pretendan participar en las manifestaciones, no podrán informar ni opinar acerca de ello, lo que a su juicio "es una Ley Mordaza".
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